Hispanidad ha venido informando sobre las irregularidades cometidas en los centros de menores gestionados por la Administración pública de Baleares, comunidad autónoma gobernada por el PSOE hace ahora dos años y cuya presidencia ostenta la socialista Francina Armengol, en coalición con los muy comunistas de Podemos.

Irregularidades que han destapado una red que utilizaba a esos menores para prostitución, explotación sexual, etc.

Este martes, El Mundo informa de que, en un dictamen, el Parlamento Europeo denuncia fallos sistémicos en la protección de menores tuteladas en Baleares y reclama que «se replanteen» todos los protocolos de actuación. Además, indica que se han producido incumplimientos en la legislación aprobada hace más de 15 años a la hora de tutelar a niños en situación de vulnerabilidad, detecta deficiencias en la seguridad de los reformatorios y señala que no ha habido «transparencia» ni «coordinación» suficiente entre las instituciones y las autoridades policiales.

El dictamen, que actualmente se halla en fase de alegaciones, ha sido redactado por el grupo de europarlamentarios que el pasado mes de abril se desplazó a Mallorca para investigar in situ el asunto. Entrevistaron a policías, integrantes del gobierno autonómico y del gobierno insular, miembros de la Fiscalía y madres de menores que, tras perder la custodia de sus hijas, denuncian que éstas acabaron siendo explotadas sexualmente a cambio de dinero y drogas por adultos y proxenetas, recuerda El Mundo.

El informe refleja que los menores se fugaban «hasta tres veces al día» y que algunos acababan en casas okupa de Palma donde eran prostituidas. Además, detecta fallos básicos en los métodos de investigación tras las fugas, ya que en ocasiones ni siquiera se compartía la foto de los menores con las autoridades policiales. Uno de los elementos que reclama la Comisión europea es que se creen en Baleares centros de protección para menores con problemas de conducta. Algo que, remarca, está previsto en la Ley Orgánica de Protección Jurídica del Menor, una norma que fue aprobada en 1996, y que sin embargo «no ha sido aún desarrollada en Baleares». Entre otras cosas, por la falta de personal técnico cualificado y la inestabilidad en las plantillas, explica El Mundo.

Es la primera vez que un organismo europeo se pronuncia en un informe sobre un fenómeno que ha sido detectado en otras comunidades autónomas españolas y que, según denuncia ahora, ha cobrado ya «dimensión europea», explica el mismo medio.