El Pleno del Consejo General del Poder Judicial analizará el próximo miércoles día 20 un informe referente al anteproyecto de la conocida como Ley Trans impulsado por el Ministerio de Igualdad.

El texto preparado por tres vocales considera "loable la intención" del anteproyecto -denominado "Anteproyecto de Ley para la igualdad real y efectiva de las personas trans y para la garantía de los derechos de las personas LGTBI"- pero detecta numerosos problemas. El de mayor relevancia, que podría desembocar en una situación de discriminación de las mujeres no transexuales.

Considera que contiene disposiciones "que contradicen el derecho fundamental a la igualdad que recoge la Constitución, porque propician el "indeseado efecto de generar situaciones de discriminación positiva y, por tanto, de discriminación por lo general indirecta de aquellas personas no contempladas en su ámbito subjetivo de aplicación, especialmente significativa respecto de las mujeres no transexuales". 

Eso conduce a una "excesiva atomización del ordenamiento jurídico" al dotar a determinados colectivos de un régimen privilegiado de protección, al margen del régimen aplicable al resto de ciudadanos, "con notable detrimento del derecho a la igualdad y del principio de seguridad jurídica".

Según El Mundo, pone como ejemplo de ello las medidas referidas al deporte. Considera "indispensable" que a el anteproyecto se le añadan "las cautelas necesarias a fin de evitar que la práctica de actividades deportivas pueda suponer la discriminación de mujeres deportistas no transexuales, atendida la realidad de la diferencia de las condiciones físicas existentes y de la superioridad física de la mujer transexual frente a la que no lo es". Recordemos los casos de Lia Thomas o Laurel Hubbard, por citar dos ejemplos. 

La crítica coincide con la expuesta desde asociaciones feministas y desde una parte del PSOE, a la que dio voz la ex vicepresidenta del Gobierno Carmen Calvo.

Por otra parte, los vocales detectan inseguridad jurídica en el texto y reclaman una mayor concreción en aspectos "esenciales" como los referidos a las consecuencias en el matrimonio derivadas de la transexualidad, la fijeza del estado civil o la clarificación de derechos tras la reversión del sexo en el Registro Civil tras una modificación anterior.

El informe considera que cuando el anteproyecto legitima a los menores de entre 14 y 16 años a solicitar la rectificación registral del sexo sin más condiciones que la asistencia de sus representantes legales "no cumple con el principio de especial protección de los menores de edad" ni con la primacía del interés superior del menor.

Más objeciones. La forma en la que se regulan los efectos del cambio de sexo en el registro presenta "aspectos oscuros y ciertas disfunciones". Los vocales recomiendan una redacción "más clara y precisa" sobre aspectos como la violencia de género o las mencionadas competiciones deportivas.