Las relaciones entre España y Marruecos nunca fueron sencillas. La cercanía geográfica obliga al entendimiento, pues el Sáhara Occidental, la inmigración, las aguas territoriales y las reivindicaciones sobre Ceuta y Melilla imponen vigilancia. Durante décadas, parte de la dirigencia socialista mantiene con el reino alauí una proximidad que rebasa los contactos oficiales. Expresidentes, exministros y antiguos altos cargos aparecen ligados a Marruecos mediante amistades, propiedades, estancias, condecoraciones, encuentros, lobbies y una defensa reiterada de las posiciones de Rabat. Por separado, cada episodio puede tener una explicación. Reunidos, componen otro paisaje. ¿Ha contribuido esa cercanía personal a la laxitud del PSOE ante el reino alauí? No existe una respuesta demostrable, pero sí demasiadas coincidencias que reclaman investigación.

En mayo de 2021, alrededor de 9.000 personas, entre ellas al menos 1.200 menores, atravesaron la frontera de Ceuta mientras las autoridades marroquíes relajaban los controles. Una ciudad española quedó sometida a una situación límite y miles de seres humanos fueron utilizados como instrumentos de presión. El Parlamento Europeo rechazó expresamente que Marruecos empleara el control fronterizo, la migración y los menores no acompañados para presionar a un Estado miembro.

España comprobó entonces que Rabat utilizaría nuestras vulnerabilidades para forzar decisiones. La respuesta lógica habría sido reforzar la autonomía estratégica española y construir una política estable, respaldada por las Cortes y coordinada con la Unión Europea. Sin embargo, menos de un año después, Pedro Sánchez asumió la propuesta marroquí de autonomía para el Sáhara Occidental, integrado en Marruecos y bajo su soberanía, como «la base más seria, realista y creíble» para resolver el conflicto. Los españoles no conocieron la noticia por su Gobierno, sino por el Palacio Real marroquí que difundió una carta del presidente español a Mohamed VI.

Desde entonces persiste una pregunta: ¿qué recibió España a cambio? La secuencia es conocida: acogida reservada de Brahim Ghali, secretario general del Frente Polisario; represalia fronteriza de mayo de 2021; espionaje con Pegasus a Sánchez y varios ministros y finalmente, giro sobre el Sáhara. El Gobierno reconoció dos intrusiones en el teléfono del presidente, con extracción de numerosos datos. También fueron atacados los dispositivos de Margarita Robles, Fernando Grande-Marlaska y Luis Planas.

La Audiencia Nacional archivó provisionalmente la investigación en enero de 2026 sin determinar la autoría, ante la falta de cooperación de Israel. No existe una resolución judicial que atribuya el ataque a Rabat, pero tampoco puede excluirse su intervención. Sánchez fue espiado durante la crisis con Marruecos y meses después adoptó una decisión favorable a su principal interés estratégico. ¿Una coincidencia? No puede descartarse alguna presión relacionada con la información sustraída. Mientras el Gobierno no explique lo ocurrido, subsistirá una sospecha política legítima.

El acercamiento socialista no comenzó con Sánchez. En 1976, Felipe González prometió en Tinduf acompañar al pueblo saharaui «hasta la victoria final». Ya en el poder, la autodeterminación cedió ante las exigencias de la relación con Hassan II. Gobernar obliga a ponderar la seguridad, la pesca, la inmigración y la cooperación antiterrorista; no a convertir el pragmatismo en una inclinación sistemática hacia un vecino que reivindica Ceuta y Melilla y abre o cierra la frontera según la temperatura política. Felipe González cultivó una estrecha relación con Hassan II y posteriormente con Mohamed VI. La prensa informó de su proyecto residencial en un terreno de unos 5.000 metros cuadrados en Jbila, zona privilegiada de Tánger próxima a propiedades reales. El proyecto no culminó y, según informaciones de 2014, vendió el terreno a la familia real saudí. No conserva la finca, pero el dato mantiene su interés: quien fijó durante catorce años la política española hacia Marruecos eligió aquel país y disfrutó de una relación privilegiada con su monarquía.

Con José Luis Rodríguez Zapatero esa proximidad adquirió un perfil ideológico más visible. Bajo la dirección de Miguel Ángel Moratinos, España comenzó a contemplar favorablemente fórmulas de autonomía para el Sáhara. Tras abandonar la Moncloa, Zapatero ha intervenido en actos favorables al plan marroquí, algunos celebrados en el propio territorio saharaui. No se ha acreditado que posea negocios en Marruecos ni que reciba pagos de Rabat, pero cabe preguntar si habla únicamente en nombre propio o ejerce una diplomacia paralela útil para Marruecos.

Moratinos representa otro eslabón. Su cercanía con las autoridades marroquíes y la condecoración recibida de la monarquía alauí muestran hasta qué punto parte de la élite socialista ha hecho de la comprensión hacia Marruecos una doctrina. En junio de 2022, cuando Argelia acababa de suspender su Tratado de Amistad con España por el giro sobre el Sáhara, Zapatero y Moratinos se reunieron en Tánger con el ministro marroquí de Exteriores, Nasser Burita. El encuentro era legal y público, pero significativo. El caso de José Bono añade una dimensión patrimonial. Informaciones publicadas en 2026 atribuyen a Joasa 2012, sociedad de la que es administrador único, la adquisición de cinco inmuebles urbanos en Tánger por un importe declarado cercano a 260.000 euros. Según fuentes diplomáticas y policiales citadas por The Objective, Bono permaneció aproximadamente un mes, entre mayo y junio de 2026, alojado en la residencia oficial de la cónsul española mientras realizaba gestiones relacionadas con sus asuntos en la ciudad.

Que un antiguo ministro de Defensa concentre inversiones en un país con reivindicaciones territoriales sobre España tiene interés político. Que además se alojara durante semanas en una residencia consular obliga a preguntar quién autorizó la estancia, qué gastos ocasionó y si se pusieron medios públicos al servicio de intereses particulares.

María Antonia Trujillo mostró hasta dónde puede llegar esa aproximación. La exministra sostuvo en Tetuán que Ceuta, Melilla y otros territorios españoles del norte de África constituían vestigios del pasado y una afrenta a la integridad territorial marroquí. Sus palabras no representan oficialmente al PSOE, pero tampoco pueden despacharse como una extravagancia: una antigua integrante del Consejo de Ministros reprodujo la reivindicación territorial de Rabat.

La defensa habitual sostiene que Marruecos es imprescindible. Es cierto. Su cooperación resulta decisiva para contener la inmigración irregular, combatir las redes yihadistas y preservar la estabilidad del Estrecho. Precisamente ahí reside el problema: una cooperación basada en la amenaza de retirarla no es una alianza equilibrada, sino una dependencia. Si España necesita que Rabat vigile diariamente la frontera para evitar una crisis, Marruecos dispone de una palanca permanente sobre el Gobierno.

Después del giro de 2022 se restablecieron las cumbres bilaterales y la cooperación migratoria. El Ejecutivo presentó esa normalización como prueba de éxito. Sin embargo, la calma fronteriza no desmiente la presión; puede confirmar su eficacia. Rabat tensó la relación cuando España acogió a Brahim Ghali y la distendió cuando Madrid modificó su política sobre el Sáhara. No hace falta hablar de conspiración. Basta observar el resultado.

El coste para España fue elevado. El cambio, adoptado sin consenso nacional, deterioró la relación con Argelia, debilitó la posición española ante una descolonización pendiente en Naciones Unidas e instaló un precedente peligroso: recompensar la presión fronteriza con una concesión diplomática. El Gobierno nunca ha explicado ante el Parlamento el proceso que condujo a la carta de Sánchez. No sabemos quién propuso la fórmula, qué informes la avalaron ni qué garantías obtuvo España respecto de Ceuta, Melilla, las aguas territoriales o la inmigración.

España necesita una relación estable con Marruecos, pero no puede pagarla con silencio, dependencia o renuncia a decidir. La buena vecindad exige reciprocidad: que Marruecos coopere en las fronteras por sus compromisos internacionales, no porque Madrid satisfaga sus pretensiones; que Ceuta y Melilla no sean rehenes de la relación bilateral; y que la política sobre el Sáhara responda al interés general y al derecho internacional, no a una carta cuyo itinerario continúa envuelto en sombras.

Lo inquietante no es que un dirigente socialista tenga amigos en Marruecos, compre una propiedad o participe en una conferencia. Lo inquietante es la convergencia: el proyecto residencial de Felipe González; las inversiones y la estancia consular de Bono; la actividad de Zapatero y Moratinos en favor del plan de autonomía; las declaraciones de Trujillo sobre Ceuta y Melilla; una crisis fronteriza utilizada como presión; teléfonos gubernamentales espiados y un giro histórico decidido sin consenso y presentado como un éxito sin explicar su precio.

Eso no es una política pragmática destinada a proteger los intereses españoles, como afirma el Ejecutivo. El pragmatismo no consiste en que el vecino plantee las condiciones y España las acepte para recuperar la tranquilidad. Eso tiene otro nombre: vulnerabilidad. Mientras crece la afinidad personal y patrimonial de destacados socialistas con Marruecos, disminuye la capacidad española para contrariar a Rabat. Una coincidencia aislada carece de valor. Su sucesión durante décadas configura un patrón digno de investigación.

La última entrada masiva en Ceuta, prevista por Marruecos y consentida por España, como acreditan los documentos policiales, tampoco es un episodio de autoría indeterminada. Decenas de miles de personas alcanzaron una frontera bajo control marroquí ante la vergonzante pasividad del Gobierno español. Los hechos avanzan en la misma dirección y el silencio oficial no los separa: los une. A ello se añaden las continuas mentiras del Gobierno socialista, que alimentan la siniestra sospecha de una connivencia contraria a los intereses nacionales. Sin transparencia, firmeza y una política de Estado respaldada por las Cortes, esa inquietante afinidad seguirá siendo algo más que una mera curiosidad política.