La falta crónica de mano de obra en España en un buen número de segmentos económicos debería hacernos preguntar si los españoles tenemos el modelo económico ideal. Tras haber superado hace 50 años una dictadura, hay que preguntarse si la gente está capacitada hoy laboralmente (a pesar de tanta “titulitis”), gana lo que se merece acorde a su especialización y, si somos capaces de reclutar talento, retener y hacer que funcione el país sin grandes distopías. 

La desconexión entre la oferta y la demanda laboral en España y el desajuste salarial son evidencias que no terminan de corregirse desde hace tiempo, pese al récord pixelado de 22 millones de empleos (con 1,5 millones de becarios sin cobrar pero quee cotizan a la Seguridad Social -SS-). Por si fuera poco, perdura el edadismo permitiendo al país el lujo de vilipendiar el conocimiento por razones de edad cuando tanto nos ha costado generarlo.

Tanto en la construcción, como en la hostelería, el turismo, pero también en la industria, el campo, en los servicios y hasta en los oficios más tradicionales, por no hablar de los pocos tecnológicos, España no encuentra mano de obra cualificada, ni recambio generacional y cuando lo hace, muchos capacitados optan por migrar al extranjero donde pagan mejores salarios y disfrutan de un horario conciliador. En otros la llegada masiva de extranjeros de escasísima preparación profesional pretende rellenar los huecos del mercado y las pensiones aunque sabemos que no siempre es así.

Si la dictadura de Franco dejó como legado una producción de bajo valor añadido, la explotación de recursos naturales y una fuerte dependencia del turismo y la construcción, 50 años después parece agravado el panorama por empeñarnos en mantener el mismo modelo productivo pero con mucha menos industria, a pesar del adelanto tecnológico y la digitalización de la economía sin apreciarse la suficiente recompensa económica al talento en todos los sectores.

Aquí en España seguimos creyendo que calentar la silla como rumiantes y hacer jornadas interminables con horarios ajenos a la conciliación familiar, mientras se disparan las horas extraordinarias en muchos casos sin compensación económica y/o días de libranza, es la manera de ser competitivos. Si bien en tiempos de crisis puede que transitoriamente lo sea, pero nunca puede ser el estado permanente como marche el país. Cuántos años llevamos discutiendo sobre la racionalización de los horarios sin arreglar de fondo los problemas de conciliación ni de potenciar la productividad. 

España es además el país de la UE con la mayor tasa de sobrecualificación laboral entre sus graduados universitarios, alcanzando una tasa del 36%

Si el SMI puede que haya dignificado los salarios más bajos, no que la mano de obra estratégica como maestros, sanitarios, jueces, ingenieros, Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado, hasta bomberos y otros muchos oficios clásicos por poner unos cuantos ejemplos sean víctimas de salarios penosos, escaseen los reemplazos y repercuta en la baja competitividad. 

Que un politicucho de tres al cuarto gane mucho más que uno de los profesionales anteriores denota la espiral denigradora salarial. Según datos de la OCDE, entre 1994 y 2024 el salario medio real en España solo ha aumentado un 2,76%, lo que evidencia la pérdida de poder adquisitivo. Según Funcas la renta neta real de los hogares está por debajo de niveles pre-crisis de 2008, mientras que la carga fiscal, medida por el índice impositivo, ha aumentado del 100 en 2008 a 114,4 en 2024.

España es además el país de la UE con la mayor tasa de sobrecualificación laboral entre sus graduados universitarios, alcanzando una tasa del 36%. Resta decir, que el empleo creado no se corresponde siempre con la cualificación adquirida. También que la meritocracia haya dejado de existir como ascensor social en favor de la vitamina E (enchufismo). 

Donde aparentemente se produce una revaluación del trabajo remunerado es en el sector público (en especial los 3 millones de funcionarios de la cita previa), en la clase política y cargos de las administraciones del Estado, que incluso con un CV falsificado, un buen enchufe asegura el sueldo a fin de mes sea cual sea su rendimiento, la jubilación o hasta compensaciones por dejar de ser un servidor público a costa del Estado. 

Que cada año emigren más de 200.000 jóvenes recién graduados por falta de perspectivas laborales a puestos y condiciones mejor remunerados en el exterior, mientras pretendemos regularizar y hacer de mentores a unos 500.000 inmigrantes sin cualificación profesional, tendría que hacernos pensar si el modelo productivo español (y de paso el político) puede aguantar mucho más esta descompensación. 

Como en las antiguas economías comunistas, el Estado español que hace honor al único gobierno social-comunista de Europa, se ha vuelto extremadamente intervencionista acaparando ya más del 50% del PIB porque denota que la iniciativa privada y la creación de empleo en la economía real no sale a cuenta cuando Hacienda se encarga de crujir confiscatoriamente a impuestos a los mortales. El Gobierno actúa como principal “enemigo del comercio” como reza la obra de Antonio Escohotado. 

España no mima como otros países al eje motor de la economía como son los autónomos, emprendedores y microempresas (unos 2,9 millones), sino que al contrario los desanima, desincentiva y desespera con tantas contribuciones fiscales al erario y papeleo incluso aún sin haber ganado el primer euro.

Meter en el saco a los grandes del IBEX con las pymes que temen por echar el cerrojo por tanta normativa, burocracia y presión fiscal, no anima a contratar mano de obra y sobre todo a remunerar con un salario mínimamente atractivo para el nivel de carga fiscal y el coste de la cesta de la compra, cuando además pagamos impuestos de ricos para obtener servicios de pobres.

Antes de la llegada del Euro, España disponía de autonomía monetaria pudiendo devaluar la peseta para -dicen- ganar competitividad. Pero desde que esa competencia corresponde al BCE parece que solo nos queda la opción de devaluar los salarios como un supositorio con las consiguientes consecuencias a largo plazo para la clase trabajadora, el talento y puestos especializados disconformes con sueldos raquíticos y jornadas extenuantes.

La baja productividad española en comparación internacional (España ha perdido casi un 18% de productividad respecto a la media de los países desarrollados de la OCDE desde 1995), incide en un mayor devaluación salarial e impide mejores sueldos, a menudo ligado a la escasa inversión en I+D+i y el predominio de pymes con menor capacidad de innovación o servicios de alto valor añadido. A esto se le añade  el  desfase educativo alejado de las demandas del mercado laboral, agravando los desajustes, las desigualdades y la precariedad que ponen en serio riesgo la justicia social y la sostenibilidad del modelo de bienestar español.

Poco se insiste pero a baja productividad es impensable mejorar los salarios. Véase el ejemplo de Irlanda que ha pasado de exportar mano de obra como hace hoy  España a acaparar empleos tecnológicos muy cualificados con una elevada productividad y sueldos que ya quisiéramos en nuestro país.

Valga como válido la simple apreciación personal de que España ha dejado de ser en los últimos años una plaza atractiva para vivir y trabajar, sin suficientes servicios públicos de calidad, infraestructuras modernas y un entorno social favorable. Y esto afecta tanto a los gobiernos socialistas como peperos. 

Por mucho que lo haga Sánchez, España no puede presumir de sufragar 2,2 millones de perceptores del IMV (ingreso mínimo vital)

Las alarmas en países vecinos como Francia que se plantean ahora reducir días festivos, congelar pensiones y recortar prestaciones por valor de 40.000 millones, la reducción de parlamentarios en Italia y en Dinamarca retirar las pensiones vitalicias de los políticos, nos debería llevar a la reflexión, cuando aquí justamente caminamos al despilfarro improductivo. Entre 150.000 y 200.000 millones de euros ascienden los dineros que España malgasta en corruptelas y chiringuitos públicos que bien podrían aprovecharse para todo lo que realmente importa: servicios públicos de calidad, vivienda, salud, educación e infraestructuras.  

La inestabilidad emocional de miles y millones de familias no remonta ni con el gobierno más feminista, solidario e inclusivo de la historia. Al contrario, parece haber empeorado hasta cotas nunca antes vistas tras Franco. Por mucho que lo haga Sánchez, España no puede presumir de sufragar 2,2 millones de perceptores del IMV (ingreso mínimo vital)

Anunciar medidas marginales sin Presupuestos Genreales del Estado (PGE) desde hace años y sin afrontar los ajustes necesarios, profundizar los cambios de paradigmas y ejecutar las reformas estructurales pendientes desde hace décadas, da cuenta de la pérdida de la realidad de la clase gobernante. 

Con razón hay quien opina que nos iría mejor con más fábricas y con muchos menos políticos. El hartazgo de pixelar España no tiene parangón en democracia. ¿Y si nuestros predicadores probaran de subir el sueldo bajando drásticamente los impuestos -como hacen con los top mantas- para recaudar más desde los ríos hasta los mares? Ah, amigo: ¡es la ideología, estúpido!