Siguen las acusaciones de fraude electoral en EEUU. Esta semana la atención se centra en Arizona. En este Estado, el magistrado de la Corte Superior del Condado de Maricopa, Randall Warner, ha aceptado la reclamación del Partido Republicano de Arizona y ha autorizado al mismo a acceder a muestras de votos para poder detectar la existencia de sufragios fraudulentos. Mientras tanto, la Cámara de Representantes de Arizona está celebrando audiencias en relación con el fraude electoral. En las mismas, destacó la intervención del analista Bobby Piton, quien afirmó que se emitieron entre 100.000 y 300.000 votos falsos solo en este Estado. Por este motivo, la decisión del magistrado de permitir el análisis de muestras de dichos votos resulta tan relevante.

Por su parte, en Georgia, el juez federal Timothy Batten ha dictado una orden por la que se impide modificar o reiniciar las máquinas de recuento de voto de la controvertida empresa Dominion, sobre la que recaen las sospechas de fraude en el software electoral, como ya denunciamos. 

Esta decisión judicial resulta imprescindible para evitar la destrucción de los medios de prueba que permitan acreditar el fraude. En esta zona, las sombras del fraude se centran en el Condado de Fulton, que incluye la ciudad de Atlanta, el principal feudo demócrata del Estado. En relación con ello, el secretario de Estado de Georgia, Brad Raffensperger, ha denunciado las disfunciones ocurridas en el condado en conflicto y ha afirmado que está harto de tener que esperar siempre en todos los procesos electorales a este condado. ¿Quizás no sea el primer fraude ocurrido en el mismo?

Sin embargo, el gran avance se ha producido en Pensilvania donde, tras rechazar la Corte de Apelaciones la demanda del equipo jurídico del presidente Trump, queda expedito el camino para que el Tribunal Supremo de EEUU conozca de los casos de fraude electoral. Así lo ha apuntado el senador por Texas, Ted Cruz, quien ha afirmado que “El Tribunal Supremo debe analizar este caso y de manera urgente, ya que ello sería un paso importante para ayudar a reconstruir la confianza en la integridad de nuestro sistema democrático”. El legislador texano, que es además uno de los senadores con mayor bagaje jurídico, dado que con anterioridad fue Abogado General de Texas y profesor de la Facultad de Derecho de la Universidad de Texas, ha sido uno de los políticos más activos a la hora de reclamar que se investiguen las acusaciones de fraude electoral. Todo apunta a que será la más alta instancia judicial del país la que decidirá el destino de la presidencia de EEUU.

La congresista musulmana Ilhan Omar propone una reducción de ocho millones de dólares en el presupuesto de la policía del municipio

Mientras tanto, los demócratas siguen exhibiendo su vena radical y antisistema, sin tapujos. Si la semana pasada denunciábamos el agresivo antimilitarismo de las nuevas estrellas emergentes del partido, el reverendo Raphael Warnock y la congresista musulmana Ilhan Omar. Esta última se ha marcado un nuevo tanto en su contador de majaderías. Resulta que a la joven congresista no solo no le gustan los militares, sino que tampoco tiene buena opinión de la policía. Si bien ya se había distinguido por ser la principal impulsora del movimiento “defund the police”, que persigue eliminar la financiación de las fuerzas de seguridad, la legisladora ha dado un paso más en su estrategia radical. Dado que su distrito electoral abarca la ciudad de Minneapolis, ha patrocinado una iniciativa de concejales del Partido Demócrata del Ayuntamiento, que propone una reducción de ocho millones de dólares en el presupuesto de la policía del municipio. La propuesta es tan radical que incluso el propio alcalde de la ciudad, Jacob Frey, compañero suyo de partido y marcadamente progresista, ha afirmado que la propuesta es “irresponsable e insostenible” y ha alertado del peligro de reducir tan drásticamente el presupuesto de las fuerzas de seguridad.

Si les parece ya suficientemente radical la medida de Minneapolis, hay otras ciudades gobernadas por los demócratas que quieren superarla. Es el caso de Seattle, uno de los epicentros de la violencia del movimiento marxista Black Lives Matter, donde el gobierno municipal ha propuesto una reducción del presupuesto policial del 18%. Todo ello, en un contexto como el actual, donde sigue la quema de negocios cada noche en la ciudad, las agresiones a policías y dueños de pequeños establecimientos y situándose la tasa de homicidios violentos en el pico máximo de la última década.

Desde que Joe Biden se proclamó presidente electo, la impunidad de los grupos antisistema acaudillados por el movimiento marxista Black Lives Matter y por el grupo anarquista Antifa es absoluta

Desde que Joe Biden se proclamó presidente electo, sin esperar a que se resuelvan los procedimientos judiciales interpuestos en relación con el fraude electoral, la impunidad de los grupos antisistema acaudillados por el movimiento marxista Black Lives Matter y por el grupo anarquista Antifa es absoluta.

Pero no piensen que el radicalismo del Partido Demócrata es exclusivo de estos sectores antisistema. La ideología extremista que inspira al partido es común en todos sus estratos. “El objetivo económico de este Gobierno será enfrentarse a nuestros serios problemas estructurales que son la desigualdad de género y racial”. Quizás piensen que esta frase la ha pronunciado esta semana la inefable ministra de Igualdad de España, Irene Montero. Pero no, la misma ha sido manifestada por Janet Yallen, expresidenta de la Reserva Federal durante la presidencia de Barack Obama y nominada por Joe Biden para ser la próxima secretaria del Tesoro de EEUU. Con este nítido y profundo análisis económico de la que puede convertirse en la principal responsable de la economía de EEUU, no cabe duda que se avecinan tiempos ominosos para los empresarios y trabajadores estadounidenses. 

La previsible caída del presidente Trump, el último abanderado de la ley y el orden, que desenmascaró a los radicales antisistema, hace temer los oscuros tiempos que se ciernen sobre EEUU, con las políticas radicales que pretende aplicar el ejecutivo de Joe Biden y Kamala Harris, junto con sus aliados callejeros. Estas políticas llevarán al colapso social y económico del país y a la previsible pérdida de su hegemonía mundial en un tiempo cercano… y ya saben en manos de quién estaremos si esto ocurre.