La Primer Ministro de Italia, Giorgia Meloni, ya lo advirtió. Anunció que emprendía una lucha contra la Okupación que asola al país: "La era en la que el Estado da la espalda al frente de la legalidad ha terminado: por eso, entre tantas operaciones sobre el tema, el Gobierno ha iniciado su propia batalla contra las ocupaciones ilegales", aseguraba en sus redes sociales. 

La lucha contra la okupación es algo que Meloni ya llevó en su proyecto durante la campaña electoral, anunciando que, de ganar las elecciones, presentarían un proyecto de ley "que prevé el desalojo inmediato de las ocupaciones ilegales de viviendas ajenas, sin excepciones ni estratagemas. Todo dueño, arrendatario, cesionario de un inmueble, si sufre la ocupación ilegal de su casa, tendrá de su lado al Estado”.

Ahora el Gobierno italiano ha aprobado la creación de un nuevo delito para "la okupación ilegal de inmuebles", en el que se incluye la devolución inmediata del inmueble a su legítimo propietario y el aumento de las penas: "El que, mediante violencia o amenazas, ocupe o posea sin título un bien destinado al domicilio de otros o impida al dueño o a quien legítimamente lo posee volver a él, será castigado con prisión de dos a siete años".

Pero las nuevas medidas de Meloni no se quedan ahí, el bloqueo de carreteras, una práctica muy recurrente entre ecologistas y manifestantes, pasa de ser castigada con una modesta sanción a considerarse delito con penas entre seis meses y dos años de cárcel, además de multas hasta 1.500 euros. 

Además, el fraude o engaño contra personas mayores será castigado con penas entre dos y seis años y multas hasta 3.000 euros. Este delito ha aumentado en los últimos años, se estima que, hasta el 31 de agosto, fueron 21.924 las personas mayores víctimas del mismo. 

En Italia, toda persona embarazada que robaba una cartera, veía suspendida su pena, algo que usaban las carteristas. Pues bien, Meloni elimina esta obligación, ahora tendrán que ser detenidas y deberán cumplir con sus penas. 

La italiana también incorpora un delito para aquellos que dañen bienes del Estado, grafiteros y activistas ecologistas, por ejemplo. Pena de prisión de seis meses a un año y hasta 1.500 euros de multa. Por otro lado, se endurecen las penas para quienes agredan a un agente de la policía e introduce el delito de "posesión de materia con fines terroristas", con penas de prisión de 2 a 6 años.