Proseguimos con nuestro Diario de la corrupción sanchista, en el que recopilamos la actualidad sobre la corrupción -presunta o no presunta- de miembros del Gobierno de Pedro Sánchez, de su partido, el PSOE, y de su entorno familiar y personal.

1.- Caso Begoña Gómez:

El juez Juan Carlos Peinado -que se jubila el próximo 27 de septiembre- ha mandado hoy ante un Tribunal del Jurado, es decir, con jurado popular, a la esposa del presidente del Gobierno por "prevalerse" de tal condición.

Recordemos que el juez Peinado acusa a Begoña Gómez de los presuntos delitos de tráfico de influencias y malversación, delitos que fueron confirmados por la Audiencia Provincial de Madrid el pasado 16 de julio.

El juez Peinado también ha mandado a juicio oral a la ayudante de Gómez, Cristina Álvarez, por un presunto delito de malversación.

Hazte Oír ha pedido 13 años de cárcel para la esposa del presidente del Gobierno y seis años para su asistente en Moncloa, Cristina Álvarez. Por su parte, la Fiscalía en este caso sigue pidiendo la absolución tanto de Gómez como de Álvarez.

El magistrado remitirá la acusa ahora a la Audiencia Provincial de Madrid, que será quien concrete la fecha de juicio.

2.-Caso Leire Díez: el juez de la Audiencia Nacional Santiago Pedraz investiga en el 'caso Leire Díez' una operación encubierta y de cloacas del PSOE y del Gobierno sanchista para acabar con los jueces, fiscales y guardias civiles que investigaban a personas de su entorno, al PSOE o al Gobierno. También investiga contratos públicos presuntamente irregulares y supuestos cobros de comisiones con empresas públicas y entidades dependientes de la Sociedad Estatal de Participaciones Industriales (SEPI).

Las actividades de la trama, es decir, de las cloacas del PSOE, consistían en buscar trapos sucios de esas personas (jueces, fiscales, guardias civiles...), para neutralizarlos profesionalmente. En esa trama de cloacas jugaron un papel destacado los imputados por el juez Pedraz, es decir, Santos Cerdán, Leire Díez, Gaspar Zarrías, Javier Pérez Dolset, Jacobo Teijelo y la actual gerente del PSOE, Ana Fuentes.

Entre las personas concretas a las que la trama quiso perjudicar figuran el teniente coronel Antonio Balas (jefe de Delincuencia Económica de la UCO de la Guardia Civil), el fiscal anticorrupción José Grinda, el fiscal jefe Anticorrupción Alejandro Luzón, la jueza Beatriz Biedma (la que ha encausado a David, el hermano del presidente del Gobierno), el juez Juan Carlos Peinado (el que investiga a la mujer de Pedro Sánchez) y el exjuez (jubilado) Manuel García-Castellón.

Además, el pasado 31 de julio, el juez de la Audiencia Nacional Santiago Pedraz abrió también una pieza separada para investigar los presuntos pagos que realizó el PSOE para financiar las cloacas lideradas por Leire Díez.

Hoy ha sido noticia que todo apunta a que el PSOE sea imputado al estar «acreditada» la implicación de la Administración del partido en la financiación de la 'cloaca' socialista.

La pregunta que cabe hacerse ahora es si, tras la imputación del PSOE, vendrá la imputación de sus altos cargos... ¿De su secretario general, un tal Pedro Sánchez?

Por cierto, en 2018, Sánchez justificó la moción de censura al presidente Rajoy (PP) por "responsabilidad política" y r"egeneración democrática", tras la sentencia de Gürtel, en la que la Audiencia Nacional declaró al Partido Popular responsable civil como partícipe a título lucrativo (consideró que el partido se había beneficiado económicamente de determinados delitos cometidos por terceros, sin considerar probado que el propio partido hubiera participado penalmente en ellos).

Lo de la financiación de las cloacas del PSOE es, por tanto, mucho más grave que lo del PP en el caso Gürtel.

Siguiendo con el caso Leire Díez, hoy se ha publicado que las cloacas del PSOE trataron de amedrentar a Beatriz Biedma, la juez instructora del caso David Sánchez (el del hermano del presidente del Gobierno) por medio de un encargo al narcotraficante 'El Gitano', que tenía que dejarle claro a la juez que la estaban siguiendo...

3.-Caso PSOE: el juez del juzgado central número 2 de la Audiencia Nacional, Ismael Moreno, investiga si el Partido Socialista se financió ilegalmente. Santos Cerdán y Pedro Sánchez lo han negado "rotundamente". Pero el juez Moreno ha abierto pieza separada, y secreta, sobre los pagos en metálico aportados por el PSOE, dada la "gravedad" de los hechos. La investigación está bajo secreto de sumario. El pasado 12 de marzo, el empresario Víctor de Aldama entregó en secreto al juez un sobre que contendría pruebas de la presunta financiación ilegal del PSOE, en el que figuraban 250 millones de dólares en cupos de petróleo de la empresa estatal venezolana PDVSA.

Cabe recordar que el juez Moreno había pedido al PSOE y al Tribunal de Cuentas todas las donaciones recibidas por el partido en la 'era Sánchez', concretamente entre los años 2017 y 2024. Y es que en el año 2020 (año de la pandemia), el partido llegó a recibir un récord de donaciones de 837.506 euros y que el empresario Víctor de Aldama declaró en el Supremo que él mismo fue el vehículo del «pico de donaciones» que recibió el partido, supuestamente por un pitufeo irregular que Koldo le contó que se iba a montar... (el «pitufeo» consiste en fragmentar una cantidad elevada de dinero en pequeños ingresos realizados por distintas personas para ocultar su origen o dificultar su detección; la ley de financiación de los partidos políticos permite las aportaciones privadas a los partidos, pero establece límites de cantidad e identificación de los donantes).

Pues bien: según se ha publicado hoy, las donaciones al PSOE han disminuido en el primer año de la era post-Cerdán hasta en 17 veces respecto al año del supuesto pitufeo...

4.- Caso Plus Ultra-Zapatero-Venezuela:

El juez de la Audiencia Nacional José Luis Calama, que instruye la investigación, ha fijado para el próximo 30 de noviembre la comparecencia en calidad de investigadas de las dos hijas del expresidente José Luis Rodríguez Zapatero, Alba y Laura Rodríguez Espinosa. En paralelo, el magistrado ha encargado a la joyería Yanes un peritaje especializado para determinar las características y el valor de las joyas que fueron intervenidas durante el registro del despacho de Zapatero, realizado el pasado 19 de mayo.

Además, hoy se ha publicado que Zapatero y sus hijas habrían canalizado 524.000 euros a través de una entidad constituida formalmente como «sin ánimo de lucro». El expresidente del Gobierno recurrió a esta estructura, creada en octubre de 2021, para recibir fondos cuyo origen no ha trascendido y posteriormente transferirlos a cuentas bancarias vinculadas a la familia.

-Resumen del Caso Plus Ultra-Zapatero-Venezuela: el juez de la Audiencia Nacional José Luis Calama --titular del Juzgado Central de Instrucción número 4-- dictó el pasado 19 de mayo un auto imputando al expresidente del Gobierno, el socialista José Luis Rodríguez Zapatero, por los presuntos delitos de organización criminal, tráfico de influencias, blanqueo de capitales y otros conectados (como la falsedad documental o la utilización de sociedades instrumentales para ocultar fondos) cometidos por medio de una red liderada por él, que habría obtenido concesiones de organismos públicos, como por ejemplo, el rescate de 53 millones concedido por el Gobierno de Pedro Sánchez a la aerolínea Plus Ultra, en el año 2021, durante la pandemia. En este entramado, Zapatero se habría beneficiado de cerca de 1,9 millones de euros mediante sociedades vinculadas a él y a familiares, como por ejemplo, una empresa de sus hijas. La resolución sospecha que parte de esos pagos encubrían comisiones por intermediación política disfrazadas de consultoría o asesoramiento. El pasado 17 de junio, Zapatero declaró ante el juez de la Audiencia Nacional José Luis Calama, por los presuntos delitos de organización criminal, tráfico de influencias, blanqueo de capitales y otros conectados (como la falsedad documental o la utilización de sociedades instrumentales para ocultar fondos). Y, en una pieza separada, le investiga también por un presunto delito fiscal y de contrabando debido al hallazgo en su despacho de joyas de alto valor -1,3 millones de euros, según la tasación- y cuyo origen “en estos momentos no está justificado”. El pasado 18 de junio, el juez Calama imputó a las hijas del expresidente del Gobierno Zapatero, Alba y Laura Rodríguez Espinosa, así como a su secretaria, Gertrudis Alcázar. El magistrado cree que hay indicios de que la empresa de Alba y Laura, Whathefav, realizó un "papel instrumental en la canalización, ocultación o facilitación de operaciones relevantes". Cabe recordar que el empresario Julio Martínez Martínez (Julito) --propietario de la empresa Análisis Relevante SL, investigada por su posible vinculación con el presunto blanqueo de capitales relacionada con fondos públicos otorgados a Plus Ultra-- también está imputado en el caso por ser el presunto testaferro de Zapatero. Julio Martínez (Julito) declaró ante el juez Calama el pasado 21 de julio, ante el cual ratificó que el expresidente intervino en el rescate de Plus Ultra y remarcó que el expresidente socialista «marcaba los pasos a seguir» en la trama que se dedicaba a blanquear fondos internacionales. La semana del 7 de septiembre declararon tanto el expresidente de la aerolínea Julio Martínez Sola como el exCEO de la compañía, Roberto Roselli y ambos ratificaron el pago de una comisión del 1% del rescate de la aerolínea (es decir, 530.000 euros de un rescate total de 53 millones de euros) por medio de las empresas de su presunto testaferro, Julio Martínez Martínez.