Proseguimos con nuestro Diario de la corrupción sanchista, en el que recopilamos la actualidad sobre la corrupción  -presunta o no presunta- de miembros del Gobierno de Pedro Sánchez, de su partido, el PSOE, y de su entorno familiar y personal. 

1.-Caso Leire Díez: el juez de la Audiencia Nacional Santiago Pedraz ha abierto hoy viernes un pieza separada para investigar los presuntos pagos que realizó el PSOE para financiar las cloacas lideradas por Leire Díez. 

El juez Pedraz ha encargado a la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil realizar las tareas de investigación, centradas en movimientos efectuados en unas 80 cuentas bancarias desde el año 2024. 

En este caso, el juez de la Audiencia Nacional Santiago Pedraz investiga en el 'caso Leire Díez' una operación encubierta y de cloacas —orquestada presuntamente por el ‘one’, Pedro Sánchez— para acabar con los jueces, fiscales y guardias civiles que investigaban a personas de su entorno, al PSOE o al Gobierno.

Esa operación, Sánchez se la encargó --presuntamente-- a las cloacas del PSOE y consistía en buscar trapos sucios de esas personas (jueces, fiscales, guardias civiles...), para neutralizarlos profesionalmente. En esa trama de cloacas jugaron un papel destacado los imputados por el juez Pedraz, es decir, Santos Cerdán, Leire Díez, Gaspar Zarrías, Javier Pérez Dolset, Jacobo Teijelo y la actual gerente del PSOE, Ana Fuentes. 

Entre las personas concretas a las que la trama quiso perjudicar figuran el teniente coronel Antonio Balas (jefe de Delincuencia Económica de la UCO de la Guardia Civil), el fiscal anticorrupción José Grinda, el fiscal jefe Anticorrupción Alejandro Luzón, la jueza Beatriz Biedma (la que ha encausado a David, el hermano del presidente del Gobierno), el juez Juan Carlos Peinado (el que investiga a la mujer de Pedro Sánchez) y el exjuez (jubilado) Manuel García-Castellón. 

2.-Caso Plus Ultra-Zapatero:

El empresario Víctor de Aldama ha sido entrevistado por The Objective, donde ha declarado: "Pedro Sánchez sabía absolutamente todo lo que hacía Ábalos porque él se lo contaba. No solo eso. También le llamaba para pedirle gestiones. Sánchez llamó a Ábalos para que Koldo y yo nos desplazáramos a las instalaciones de Stadler en Valencia para ver cómo encajar los contratos de los trenes. Íñigo Parra, el presidente de Stadler, casi sufre un microinfarto en esa reunión y vino a Madrid a pedir explicaciones. Ábalos nos preguntó qué le habíamos dicho y Koldo le respondió que cumplíamos órdenes del presidente para ver cómo sacar adelante el contrato. Al final se dio el contrato más importante del país: 2.400 millones de euros a Stadler. Lo mismo ocurrió con Plus Ultra. Cuando José Luis Zapatero iba al Ministerio a presionar para el rescate, Ábalos le decía que no había por dónde cogerlo porque no había informes positivos de la SEPI, de Transportes ni de Aena. Zapatero insistía en que había que hacerlo sí o sí. Cuando Zapatero se fue, Ábalos llamó a Sánchez y este le respondió: «Tienes que hacer lo que diga el señor Zapatero». Y añade: "Ellos tenían una estructura de corrupción montada desde mucho antes de llegar al Gobierno. Viene de la época de Zapatero, se implantó con Cerdán en Navarra y se potenció al llegar al Gobierno con Pedro Sánchez".

En el Caso Plus Ultra-Zapatero-Venezuela: el pasado 17 de junio, el expresidente del Gobierno, el socialista José Luis Rodríguez Zapatero declaró ante el juez de la Audiencia Nacional José Luis Calama, por los presuntos delitos de organización criminal, tráfico de influencias, blanqueo de capitales y otros conectados (como la falsedad documental o la utilización de sociedades instrumentales para ocultar fondos). Y, en una pieza separada, le investiga también por un presunto delito fiscal y de contrabando debido al hallazgo en su despacho de joyas de alto valor -1,3 millones de euros, según la tasación- y cuyo origen “en estos momentos no está justificado”. 

3.-Caso David Sánchez: tras la instrucción de la jueza de Instrucción nº 3 de Badajoz, Beatriz Biedma, el hermano del presidente del Gobierno David Sánchez fue condenado por la Audiencia Provincial de Badajoz a 9 años de inhabilitación para empleo o cargo público, por un delito de prevaricación administrativa (vamos, por haber sido enchufado); y su amigo Miguel Ángel Gallardo, candidato del PSOE a la Presidencia de Extremadura en las últimas elecciones regionales, fue condenado a 18 años inhabilitación (por haber enchufado al hermano del presidente). 

El partido político Vox ha recurrido la sentencia para que el hermano del presidente del Gobierno también sea condenado por tráfico de influencias.