Proseguimos con nuestro 'Diario de la corrupción sanchista', en el que recopilamos las informaciones sobre corrupción -presunta o no presunta- de miembros del Gobierno de Pedro Sánchez, de su partido, el PSOE, y de su entorno familiar y personal.
1.-Caso Plus Ultra-Zapatero-Venezuela: el juez de la Audiencia Nacional José Luis Calama -titular del Juzgado Central de Instrucción número 4- dictó el pasado 19 de mayo un auto en el que llamaba a declarar como imputado hoy 17 de junio al expresidente del Gobierno, el socialista José Luis Rodríguez Zapatero, por los presuntos delitos de organización criminal, tráfico de influencias, blanqueo de capitales y otros conectados (como la falsedad documental o la utilización de sociedades instrumentales para ocultar fondos) cometidos por medio de una red liderada por él, que habría obtenido concesiones de organismos públicos, como por ejemplo, el rescate de 53 millones concedido por el Gobierno de Pedro Sánchez a la aerolínea Plus Ultra, en el año 2021, durante la pandemia. En este entramado, Zapatero se habría beneficiado de cerca de 1,9 millones de euros mediante sociedades vinculadas a él y a familiares, como por ejemplo, una empresa de sus hijas. La resolución sospecha que parte de esos pagos encubrían comisiones por intermediación política disfrazadas de consultoría o asesoramiento. Cabe recordar que el empresario Julio Martínez Martínez -propietario de la empresa Análisis Relevante SL, investigada por su posible vinculación con el presunto blanqueo de capitales relacionada con fondos públicos otorgados a Plus Ultra- fue detenido por la UDEF el pasado 11 de diciembre, por ser el presunto testaferro del expresidente del Gobierno. Análisis Relevante SL percibió importantes cantidades procedentes de compañías privadas, entre los años 2020 y 2025, a cambio de trabajos de consultoría. A la vez, Análisis Relevante pagó a Zapatero y a sus hijas, Laura y Alba Rodríguez Espinosa, en esas mismas fechas, unos 660.000 euros por trabajos de consultoría y maquetación. Además, el juez Calama ha abierto una pieza separada para investigar al expresidente Zapatero por un presunto delito fiscal y de contrabando debido al hallazgo en su despacho de joyas de alto valor -1,3 millones de euros, según la tasación- y cuyo origen “en estos momentos no está justificado”.
Y llegó el día. Había gran expectación hoy ante la declaración de Zapatero, en la Audiencia Nacional, ante el juez José Luis Calama.
Pues bien: como era de prever, Zapatero ha negado haber influido en favor del rescate de la aerolínea Plus Ultra. Y eso, pese a que la investigación ha descubierto mensajes de terceros aludiendo a su intercesión.
El primer expresidente del Gobierno en España imputado también ha relatado al juez que almorzó con Julio Martínez Sola, presidente de Plus Ultra, y con su amigo Julito Martínez Martínez, pero que lo hizo en 2024, tres años después del rescate de la aerolínea.
Además, se ha desmarcado de este último y ha asegurado desconocer un documento firmado por Julito Martínez para cobrar una comisión del 1% del rescate de Plus Ultra. Lo único que hacía Zapatero para Julito, ha dicho ZP, eran informes para la consultora de Martínez Martínez, Análisis Relevante.
En lo que respecta a las joyas, Zapatero se ha acogido a su derecho a no declarar, lo que resulta altamente sospechoso.
Después de su declaración en la Audiencia Nacional, Zapatero ha emitido el siguiente comunicado:
- Lo primero es darles las gracias a todos ustedes por la espera, y también a la ciudadanía. He estado 29 días en silencio, preparando este momento y los que vendrán. Callé por respeto a la Justicia y a Su Señoría, que era quien primero debía escucharme. No tengan duda de que en los próximos días iré dando las explicaciones oportunas.
- Se me acusa de muy graves delitos que no he cometido. Siempre me conduje con decencia y con honradez, y ahora tengo por delante la tarea de demostrarlo. Lo haré con absoluta transparencia y con plena confianza.
- He presentado al Tribunal una autorización universal voluntaria para que pueda constatarse la inexistencia de sociedades, dinero, productos financieros o cualquier activo con titularidad mía directa o indirecta. Porque no tengo absolutamente nada fuera de España.
- Cuando uno se sabe completamente inocente, como es mi caso, y confía plenamente en la Justicia, lo más doloroso es saber que mucha gente puede sentirse defraudada si cree las cosas que se afirman de mí. Mi mensaje es también a todos esos conciudadanos y conciudadanas: les pido confianza. No les decepcionaré. Nos costará más o menos tiempo demostrarlo, pero la verdad se abrirá paso y devolveré la confianza a quien ahora duda. Ya lo verán. Muchas gracias.
En efecto, ya se verá, señor Zapatero. Por lo pronto, la Fiscalía Anticorrupción ha solicitado al juez la retirada de todos los pasaportes que posee Zapatero, incluido el diplomático, así como la obligación de comparecer cada quince días y que se le prohíba salir del territorio nacional. Sin embargo, el juez Calama le ha mantenido el pasaporte debido a que su "visibilidad pública" y su "manifiesto arraigo en el territorio excluyen razonablemente la existencia de un riesgo de fuga real y actual", aunque a juicio del magistrado, "no ha logrado desvirtuar los indicios racionales de criminalidad" contra él.
Además, las acusaciones populares Vox, Hazte Oír, Iustitia Europa y Liberum han solicitado al PP —que es quien las coordina— que pida su ingreso en prisión provisional por riesgo de fuga.
2.-Caso Begoña Gómez: el juez Juan Carlos Peinado (Titular del Juzgado de Instrucción nº 41 de Madrid) dictó el pasado 13 de abril un auto de procesamiento para la esposa del presidente del Gobierno por cuatro delitos y la envía a un juicio ante un jurado popular: tráfico de influencias, corrupción en los negocios en el sector privado, malversación de caudales públicos y apropiación indebida. En el auto también procesa a su ayudante Cristina Álvarez y al empresario Juan Carlos Barrabés. La acusación particular, ejercida por Hazte Oír, pide 24 años de cárcel para la mujer del presidente. Cabe recordar que el juez Peinado había citado a Begoña Gómez, a su ayudante Cristina Álvarez y al empresario Juan Carlos Barrabés, el próximo 9 de junio, para una audiencia previa al juicio con jurado popular, advirtiendo que si los tres acusados no acuden a esa cita para "tratar de eludir la acción de la justicia", podrán "ser conducidos por la fuerza pública". Pero luego el juez accedió a retrasar la comparecencia a ayer lunes 15 de junio, que fue cuando finalmente se produjo durante tres horas.
En relación a este caso, seguimos a la espera de la decisión del juez Peinado sobre qué medidas cautelares adopta para los tres encausados. Las acusaciones populares pidieron la retirada del pasaporte, la prohibición de salir de España y comparecencias periódicas en el juzgado, medidas a las que se han opuesto Fiscalía y defensas. Además, ahora el magistrado deberá decidir si finalmente abre juicio oral contra ellos ante un jurado popular.
Por otra parte, quedan recursos de las defensas ante la Audiencia Provincial de Madrid pendientes de resolver por ésta. Por ejemplo, el recurso de la defensa de Gómez contra el juicio con jurado popular. Además, hubo otro recurso de las defensas contra la convocatoria de la llamada “audiencia preliminar” (o “vistilla”) previa a la apertura de juicio oral. Y otro contra la denegación de diligencias de investigación solicitadas por las defensas.
3-Caso Koldo: dentro del caso Koldo, el Tribunal Supremo investiga la derivada de las mascarillas (una supuesta trama de comisiones a cambio de obras públicas y contratos de suministro de material médico), donde están siendo juzgados el empresario y comisionista Víctor de Aldama, Koldo García y su antiguo jefe José Luis Ábalos, por los presuntos delitos de organización criminal, cohecho y tráfico de influencias. Esta causa la asumió el Supremo porque Ábalos era aforado como diputado cuando arrancó la investigación. Como recogió Hispanidad, ya se desarrolló la etapa del juicio oral.
En este caso, también seguimos a la espera de la sentencia del Tribunal Supremo. Por lo que ha trascendido, parece que hay unanimidad en las condenas a Ábalos y a Koldo: al exministro podrían caerle entre 10 y 14 años de prisión, de los que cumpliría efectivamente entre 6 y 9, frente a los 24 años solicitados por Anticorrupción. Mientras que para Koldo García, se baraja entre 8 y 11 años, de los que cumpliría en torno a 5 o 6, frente a los 19 y medio reclamados por la acusación pública. En el caso de Víctor de Aldama, el tribunal todavía no ha conseguido la unanimidad en el fallo que busca el presidente del Tribunal, Andrés Martínez Arrieta.
4.-Caso Leire Díez: el juez de la Audiencia Nacional Santiago Pedraz investiga en el 'caso Leire Díez' una operación encubierta y de cloacas -orquestada presuntamente por el ‘one’, Pedro Sánchez- para acabar con los jueces, fiscales y guardias civiles que investigaban a personas de su entorno, al PSOE o al Gobierno.
Esa operación, Sánchez se la encargó -presuntamente- a las cloacas del PSOE y consistía en buscar trapos sucios de esas personas (jueces, fiscales, guardias civiles...), para neutralizarlos profesionalmente. En esa trama de cloacas jugaron un papel destacado los imputados por el juez Pedraz, es decir, Santos Cerdán, Leire Díez, Gaspar Zarrías, Javier Pérez Dolset y la actual gerente del PSOE, Ana Fuentes.
En relación a este caso, la directora general de la Guardia Civil, Mercedes González, compareció ayer en el senado para explicar su relación con Leire Díez, con la que aseguró haberse tomado tan solo "dos cafés". También negó su participación en las "cloacas" y haber presionado a la UCO: "Nunca, jamás". Es decir, que niega el trabajo de los agentes de la UCO que lo demostraron.
A González le defendió el senador socialista José Manuel Franco, quien se enredó con la quisicosa esa de que lo que ordenó el juez Pedraz en la sede del PSOE fue un requerimiento y no un registro. Cuando todo el mundo sabe que es prácticamente lo mismo, ya que si los que están dentro se niegan a facilitar información, que eso es el requerimiento, este se convierte inmediatamente en registro, por orden judicial...
Franco, la voz de su amo Sánchez, añadió: "Usted no ha mentido, señora directora general". "Y el ministro Marlaska tampoco cuando ha respaldado sus palabras”. Y se quedó tan ancho.
