Proseguimos con nuestro Diario de la corrupción sanchista, en el que recopilamos la actualidad sobre la corrupción -presunta o no presunta- de miembros del Gobierno de Pedro Sánchez, de su partido, el PSOE, y de su entorno familiar y personal.

1.-Caso Begoña Gómez: La mujer del presidente del Gobierno será juzgada por un jurado popular por los delitos de tráfico de influencias y malversación, tras la decisión de la Audiencia Provincial de Madrid, que el pasado 16 de julio confirmó los citados delitos, en los que subsumió los otros dos delitos que le atribuía el juez Juan Carlos Peinado (corrupción en los negocios en el sector privado y apropiación indebida). Es decir, que la Audiencia Provincial de Madrid no le ha quitado la razón al juez Peinado, sino que se la ha dado. En este caso también están siendo procesados la asistente de Gómez, Cristina Álvarez, y el empresario Juan Carlos Barrabés.

El pasado 8 de septiembre, el juez Peinado celebró una vista, un puro trámite procesal, en la que acusaciones y defensa volvieron a exponer sus puntos de vista. El juez se ha tomado unos días de vacaciones y después dictará la apertura de juicio oral con jurado popular y elevará el caso a la Audiencia Provincial de Madrid, quien será quien concrete la fecha del juicio.

Durante la instrucción de este caso, el juez Juan Carlos Peinado recibió duros ataques por parte del sanchismo. Uno de ellos, procedente del ministro de la Presidencia, Justicia y Relaciones con las Cortes, Félix Bolaños, quien denunció al juez ante el Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) por, la supuesta "actitud objetivamente intimidatoria" cuando le tomó declaración como testigo en la investigación a la esposa del presidente del Gobierno. El CGPJ archivó esa queja de Bolaños. Y la noticia de hoy es que el ministro más sanchista que hay ha recurrido el archivo ante el propio CGPJ y ha pedido que se reabran las diligencias contra el magistrado, que recordemos, se jubila el próximo 27 de septiembre. Pero Bolaños no quiere dejar pasar la posibilidad de denigrar al magistrado... No obstante, veremos cuál es la decisión final del órgano de Gobierno de los jueces.

2.-Caso Faffe (Fundación Andaluza Fondo de Formación y Empleo):

Hoy ha trascendido un informe elaborado por la UCO de la Guardia Civil, entregado el pasado 29 de julio al juez José Ignacio Vilaplana, que presenta indicios de la contratación presuntamente irregular de familiares de antiguos dirigentes del PSOE en la desaparecida Fundación Andaluza Fondo de Formación y Empleo (Faffe).

En concreto, la UCO detectó 84 contrataciones que la Guardia Civil considera irregulares, de las que se habrían beneficiado --cómo no-- familiares, parejas, amigos y personas vinculadas al PSOE andaluz.

Este caso se parece mucho a del 'enchufe' del hermano del presidente del Gobierno David Sánchez --condenado por la Audiencia Provincial de Badajoz a 9 años de inhabilitación para empleo o cargo público, por un delito de prevaricación administrativa (vamos, por haber sido enchufado)--. Y es que en el sanchismo prima el enchufismo, más que los méritos.

Y también hay que recordar el caso ERE de Andalucía, que destapó un sistema ilegal y delictivo de ayudas públicas gestionado por la Junta de Andalucía bajo gestión del PSOE, durante varios años, principalmente entre 2000 y 2010, destinado a trabajadores afectados por expedientes de regulación de empleo y a empresas en crisis. El fraude en los ERE andaluces ascendió a unos 680 millones de euros, nada menos.

3.-Caso PSOE: el juez del juzgado central número 2 de la Audiencia Nacional, Ismael Moreno, investiga si el Partido Socialista se financió ilegalmente. Santos Cerdán y Pedro Sánchez lo han negado "rotundamente". Pero el juez Moreno ha abierto pieza separada, y secreta, sobre los pagos en metálico aportados por el PSOE, dada la "gravedad" de los hechos. La investigación está bajo secreto de sumario. El pasado 12 de marzo, el empresario Víctor de Aldama entregó en secreto al juez un sobre que contendría pruebas de la presunta financiación ilegal del PSOE, en el que figuraban 250 millones de dólares en cupos de petróleo de la empresa estatal venezolana PDVSA.

Cabe recordar que el juez Moreno había pedido al PSOE y al Tribunal de Cuentas todas las donaciones recibidas por el partido en la 'era Sánchez', concretamente entre los años 2017 y 2024. Y es que en el año 2020 (año de la pandemia), el partido llegó a recibir un récord de donaciones de 837.506 euros y que el empresario Víctor de Aldama declaró en el Supremo que él mismo fue el vehículo del «pico de donaciones» que recibió el partido, supuestamente por un pitufeo irregular que Koldo le contó que se iba a montar... (el «pitufeo» consiste en fragmentar una cantidad elevada de dinero en pequeños ingresos realizados por distintas personas para ocultar su origen o dificultar su detección; la ley de financiación de los partidos políticos permite las aportaciones privadas a los partidos, pero establece límites de cantidad e identificación de los donantes).

En relación a este caso El Mundo confirma hoy que el juez Moreno ya ha recibido del Tribunal de Cuentas un 'pendrive' con el nombre y apellidos de los donantes del PSOE en esas fechas. Por lo que ahora será interesante cuáles son los próximos pasos que da el magistrado de la Audiencia Nacional…