Como recogió Hispanidad, el Gobierno sanchista -por medio de la Secretaría de Estado de Memoria Democrática- ordenó el derribo de la Cruz de la Plaza de América (conocida también como Cruz de los Caídos) de Cáceres, tras incluirla en el Catálogo de símbolos contrarios a la memoria democrática en cumplimiento de la Ley de Memoria Democrática (2022). En definitiva, porque la considera un símbolo franquista.
La Junta de Extremadura -gobernada por una coalición entre PP y Vox- inició el trámite para declarar a esa cruz Bien de Interés Cultural (BIC), en la categoría de Monumento.
La declaración de Bien de Interés Cultural (BIC) supone una protección patrimonial y dificulta enormemente que pueda ser simplemente demolida o retirada.
La Fundación Española de Abogados Cristianos ha informado de que ha presentado hoy viernes sus alegaciones a favor de la declaración como Bien de Interés Cultural (BIC), coincidiendo con el último día del periodo de información pública abierto por la Junta de Extremadura para formular alegaciones al expediente.
La Fundación ha pedido que prosigan los trámites hasta que se la reconozca como Bien de Interés Cultural (BIC) ya que, a su juicio, aúna "valores históricos, artísticos, arquitectónicos, urbanísticos, culturales y sociales suficientes para recibir la máxima protección patrimonial".
También recuerda que en 1984 "el Ayuntamiento de Cáceres intervino sobre el monumento y eliminó las inscripciones e iconografías de exaltación del régimen anterior". Y pone en valor las "69.279 firmas de apoyo ciudadano presentadas en el Ayuntamiento de Cáceres reclamando su permanencia e inamovilidad".
La presidenta de la Fundación Española de Abogados Cristianos, Polonia Castellanos, ha declarado: «No vamos a permitir que se borre nuestra historia utilizando la memoria democrática como excusa. Esta Cruz forma parte de Cáceres y debe permanecer donde lleva casi 90 años».
