Sr. Director:

Mientras Ceuta vuelve a soportar una presión migratoria promovida desde Marruecos; mientras la soberanía española es utilizada como moneda de cambio por un país vecino; mientras el Gobierno parece oscilar entre la improvisación y la resignación, una pregunta resuena cada vez con más fuerza:

¿Dónde está el Rey?

No se trata de una pregunta retórica. Se trata de la pregunta que millones de españoles comienzan a formularse. Porque don Felipe VI no es un comentarista político ni un espectador privilegiado:

Es el Jefe del Estado.

Es el símbolo de la unidad y permanencia de España.

Es el Mando Supremo de las Fuerzas Armadas.

Y, precisamente por ello, resulta difícil comprender un silencio tan prolongado ante desafíos que afectan directamente a la integridad del Estado:

Nadie pretende que el Rey gobierne.

Nadie le pide que sustituya al Ejecutivo.

Pero sí que ejerza aquello que ninguna Constitución puede describir por completo: la autoridad moral de la Corona. Sin embargo, cuando España atraviesa una de las etapas más delicadas de su historia reciente, esa autoridad parece haberse desvanecido.

Ni una visita inmediata a Ceuta.

Ni una declaración institucional.

Ni una apelación solemne a la unidad nacional.

Silencio.

Y el silencio de un Rey nunca es políticamente neutro.

La Corona existe para servir a España. No para limitarse a firmar decretos, inaugurar edificios y presidir recepciones. Porque una institución que sólo aparece cuando todo va bien acaba siendo irrelevante precisamente cuando más se la necesita. Ése es el verdadero peligro.

La Historia demuestra que las monarquías rara vez desaparecen por culpa de sus enemigos. Se debilitan cuando dejan de resultar imprescindibles. Cuando la sociedad empieza a preguntarse para qué sirven.

Y esa pregunta comienza a escucharse cada vez con mayor frecuencia.

Resulta inevitable recordar otro momento decisivo. Tras las elecciones generales, don Felipe VI propuso como candidato a la Presidencia del Gobierno a Pedro Sánchez. Aquella decisión se justificó como continuidad de la práctica constitucional. Era jurídicamente posible. Pero también abrió un intenso debate político.

Muchos ciudadanos se preguntan hoy si la Corona conocía el alcance de los pactos que iban a sostener aquella investidura, las concesiones posteriores a los partidos independentistas y la profunda crisis institucional que terminaría desencadenándose. No corresponde responder aquí a esa cuestión. Pero sí afirmar que formularla es perfectamente legítimo. Porque la confianza pública se alimenta de transparencia, no de silencios.

Y hoy las preguntas se acumulan:

¿Por qué el Rey nunca ha visitado oficialmente Ceuta desde su proclamación?

¿Por qué evita pronunciarse cuando la soberanía española parece verse sometida a nuevas presiones?

¿Por qué la institución llamada a representar la continuidad histórica de España aparece tan distante precisamente cuando tantos ciudadanos reclaman una voz de serenidad y firmeza?

Tal vez exista una explicación. Sería deseable conocerla. Porque el silencio prolongado acaba generando más incertidumbre que tranquilidad.

La Corona no pertenece al Rey. Pertenece a España. Y el prestigio de la institución no descansa únicamente sobre la Constitución. Descansa, sobre todo, sobre la confianza de los españoles. Una confianza que no se hereda. Se conquista. Y también puede perderse.

Llegará un día en que los historiadores estudien esta etapa. Examinarán los documentos. Leerán los discursos. Compararán las decisiones con los silencios.Y formularán una pregunta inevitable:

¿Qué hizo la Jefatura del Estado mientras España atravesaba una de las mayores crisis institucionales y territoriales de las últimas décadas? Ese juicio no podrá evitarse. Porque la Historia no suele preguntar qué era cómodo. Pregunta qué era debido. Y la respuesta ya se está escribiendo. Cada día. Con cada decisión. Y también con cada silencio. Porque existe una vieja máxima que resume mejor que ninguna otra el deber de todos los españoles, desde el último ciudadano hasta el primero de ellos:

Ningún hombre recibe España en herencia. Cada generación la recibe en depósito. Y deberá devolverla, si puede, un poco mejor de como la encontró. Esa obligación también alcanza al Rey. Quizá, más que a nadie.