Proseguimos con nuestro Diario de la corrupción sanchista, en el que recopilamos la actualidad sobre la corrupción  -presunta o no presunta- de miembros del Gobierno de Pedro Sánchez, de su partido, el PSOE, y de su entorno familiar y personal. 

1.-Caso Begoña Gómez: la mujer del presidente del Gobierno será juzgada por un jurado popular por los delitos de tráfico de influencias y malversación, tras la decisión de la Audiencia Provincial de Madrid, que el pasado 16 de julio anuló los otros dos delitos que le atribuía el juez Juan Carlos Peinado (corrupción en los negocios en el sector privado y apropiación indebida). El juez Peinado también acusa al empresario Juan Carlos Barrabés de delitos de Tráfico de influencias y corrupción en los negocios y le propone para ser juzgado por un jurado popular, al igual que a la ayudante de Gómez, Cristina Álvarez, a quien acusa de los mismos delitos que a ella, es decir, tráfico de influencias y malversación. 

Hoy se ha publicado que una contable de Red.es (entidad pública empresarial española dedicada a impulsar la transformación digital de España y encargada de regular internet en España), de nombre Claudia C., ha denunciado ante la Policía que sus jefes le ordenaron eliminar información contable de una adjudicación al empresario Juan Carlos Barrabés, el amigo de Begoña Gómez a quien el Gobienro sanchista adjudicó contratos de manera presuntamente  ilegal. 

Y también en relación a Barrabés, se ha sabido que el Consejo Superior de Deportes (CSD) incumplió sus propias normas al adjudicar un contrato de  3,7 millones de los fondos europeos al empresario amigo de Begoña Gómez. El incumplimiento consistió en darle una mayor puntuación a Innova Next SLU, empresa de Barrabés, lo que fue decisivo para la adjudicación. 

2.-Caso Plus Ultra-Zapatero-Venezuela:

Hoy se ha publicado que se produjeron hasta ocho reuniones entre el expresidente José Luis Rodríguez Zapatero y la ministra de Hacienda, María Jesús Montero, de quien dependía la Sociedad Estatal de Participaciones Industriales (SEPI), que fue el organismo que concedió finalmente el rescate de 53 millones de euros a la aerolínea. Estas ocho reuniones se han conocido a través de correos electrónicos encontrados a la secretaria de Zapatero, Gertrudis. 

Cabe recordar las palabras de Zapatero negando haber intercedido en el rescate de Plus Ultra: 

 

-Resumen del caso Plus Ultra-Zapatero-Venezuela: el pasado 17 de junio, el expresidente del Gobierno, el socialista José Luis Rodríguez Zapatero declaró ante el juez de la Audiencia Nacional José Luis Calama, por los presuntos delitos de organización criminal, tráfico de influencias, blanqueo de capitales y otros conectados (como la falsedad documental o la utilización de sociedades instrumentales para ocultar fondos). Y, en una pieza separada, le investiga también por un presunto delito fiscal y de contrabando debido al hallazgo en su despacho de joyas de alto valor -1,3 millones de euros, según la tasación- y cuyo origen “en estos momentos no está justificado”. El pasado 18 de junio, el juez Calama imputó a las hijas del expresidente del Gobierno Zapatero, Alba y Laura Rodríguez Espinosa, así como a su secretaria, Gertrudis Alcázar. El magistrado cree que hay indicios de que la empresa de Alba y Laura, Whathefav, realizó un "papel instrumental en la canalización, ocultación o facilitación de operaciones relevantes".  Cabe recordar que el empresario Julio Martínez Martínez (Julito) --propietario de la empresa Análisis Relevante SL, investigada por su posible vinculación con el presunto blanqueo de capitales relacionada con fondos públicos otorgados a Plus Ultra-- también está imputado en el caso por ser el presunto testaferro de Zapatero. Julio Martínez (Julito) declaró ante el juez Calama el pasado 21 de julio, ante el cual ratificó que el expresidente intervino en el rescate de Plus Ultra y remarcó que el expresidente socialista «marcaba los pasos a seguir» en la trama que se dedicaba a blanquear fondos internacionales. También cabe recordar que tanto el presidente de Plus Ultra, Julio Martínez Sola (no confundir con Julito) como el CEO, Roberto Roselli, reconocieron mediante sendos escritos remitidos al juez, el papel de Zapatero en el rescate.

3.-Caso Leire Díez:

En relación a este caso, hoy se ha publicado que el juez de la Audiencia Nacional Santiago Pedraz ha trasladado a la UCO que le informe en el caso de que la cúpula política de la Guardia Civil vuelva a presionarles en sus investigaciones sobre las cloacas del PSOE. 

Recordemos que la cúpula política de la Guardia Civil es decir, la directora general Mercedes Gonzalez y el Director Adjunto Operativo (DAO), el teniente general Manuel Llamas, están imputados por el juez Pedraz precisamente por tratar de entorpecer las investigaciones sobre la cloaca del PSOE...

-Resumen del Caso Leire Díez: el juez de la Audiencia Nacional Santiago Pedraz investiga en el 'caso Leire Díez' una operación encubierta y de cloacas —orquestada presuntamente por el ‘one’, Pedro Sánchez— para acabar con los jueces, fiscales y guardias civiles que investigaban a personas de su entorno, al PSOE o al Gobierno.

Esa operación, Sánchez se la encargó --presuntamente-- a las cloacas del PSOE y consistía en buscar trapos sucios de esas personas (jueces, fiscales, guardias civiles...), para neutralizarlos profesionalmente. En esa trama de cloacas jugaron un papel destacado los imputados por el juez Pedraz, es decir, Santos Cerdán, Leire Díez, Gaspar Zarrías, Javier Pérez Dolset, Jacobo Teijelo y la actual gerente del PSOE, Ana Fuentes. 

Entre las personas concretas a las que la trama quiso perjudicar figuran el teniente coronel Antonio Balas (jefe de Delincuencia Económica de la UCO de la Guardia Civil), el fiscal anticorrupción José Grinda, el fiscal-jefe Anticorrupción Alejandro Luzón, la jueza Beatriz Biedma (la que ha encausado a David, el hermano del presidente del Gobierno), el juez Juan Carlos Peinado (el que investiga a la mujer de Pedro Sánchez) y el exjuez (jubilado) Manuel García-Castellón.