Este lunes se ha celebrado el Consejo de Ministros, dado que el martes es fiesta en la capital y muchos funcionarios -ministros, secretarios de Estado, asesores…- quieren disfrutarla. En la rueda de prensa, han comparecido la ministra portavoz y de Política Territorial, Isabel Rodríguez, y la titular de Sanidad, Carolina Darias, quien ha presumido del anteproyecto de ley que busca “consolidar la equidad, universalidad y cohesión del Sistema Nacional de Salud (SNS)”. En resumen, no quiere más Sanidad privada que la que ya hay, pero tampoco menos (porque la pública no llega a todo), y por tanto, no cumple los deseos de Unidas Podemos de cargársela.

Desde el partido morado, su portavoz, Pablo Echenique, ha señalado en Twitter que la “legislación europea no impide la gestión pública directa de los servicios públicos. Es más, las Directivas de contratos públicos (Directiva 2014/23/UE y Directiva 2014/24/UE) exceptúan los servicios sanitarios e incluso permiten reservar todos los contratos a cooperativas”. Así, ha respondido al hecho de que el anteproyecto presentado por Darias sólo se atreva a situar como fórmula de gestión preferente a la pública directa, impidiendo nuevos copagos. Además, Echenique ha llegado a criticar que en la Cadena Ser se defendiera “la privatización de la sanidad pública (con el eufemismo “colaboración público-privada”, que es exactamente lo mismo”, algo ante lo que la emisora ha respondido. 

Darias ha presumido de “apuesta firme por el fortalecimiento del Sistema Nacional de Salud”, meses después de no aprovechar todos los recursos de la sanidad privada en los peores momentos de la pandemia. Asimismo, ha destacado que se recupera la cartera común de servicios única, que antes se dividía en varias carteras con copagos: ahora se blinda que no haya nuevos copagos sanitarios y se insiste en el compromiso para eliminarlos progresivamente, recordando que ya se exime a los más vulnerables (los receptores del Ingreso Mínimo Vital (IMV), los pensionistas con rentas bajas, los menores con discapacidad o las personas con renta por hijo a cargo) que también quedarán exentos del pago orto protésico. Además, las organizaciones de pacientes tendrán cabida en los órganos de asesoramiento del Consejo Interterritorial del SNS.

Y de la salud a la pasta. El Gobierno ha reformado el impuesto de plusvalía municipal tras el pronunciamiento del TC, como adelantó María Jesús Montero (más conocida como Marisu), pero sorprendentemente no ha acudido a Moncloa para dar cuenta de ello, a pesar de que se ha trabajado en el seno de su Departamento. “También me hacía mucha ilusión transmitírsela a ustedes”, ha comentado la portavoz, presumiendo de que es “una muy buena noticia para los ayuntamientos, que no tendrán que recortar servicios básicos, y para la ciudadanía, que no tendrá que pagar impuestos cuando no gane dinero con la compraventa”.

El impuesto de plusvalía municipal es “uno de los ingresos más importantes y el segundo tras el IBI para el 50% de los ayuntamientos que lo tienen, y por el que en 2019 recaudaron unos 2.500 millones”

Se trata de “uno de los ingresos más importantes y el segundo tras el IBI para el 50% de los ayuntamientos que lo tienen, y por el que en 2019 recaudaron unos 2.500 millones”, ha destacado Rodríguez. Ahora, habrá dos formas de calcularlo a elegir: la objetiva, donde se multiplicará el valor catastral del inmueble con nuevos coeficientes; y la real, de la diferencia entre el precio de venta y el de compra. Entrará en vigor cuando se publique en el BOE (previsiblemente el próximo miércoles) y los consistorios tendrán seis meses para adaptarlo.

Y seguimos hablando de municipios. El Gobierno ha aprobado las preguntas que se harán en la consulta popular sobre el proyecto de fusión de Don Benito y Villanueva de la Serena, el cual se empezará a tramitar si se supera el 66% de aceptación. Rodríguez considera que “la unión hace la fuerza” y que es “una decisión para aplaudir y generar un polo económico de desarrollo en Extremadura”, en pro de  “la eficiencia de los recursos públicos”. Eso sí, ha destacado que tan sólo ha habido una iniciativa similar otras dos veces desde que entró en vigor la Ley Reguladora de las Bases del Régimen Local, de 1985, ¿por algo será, no? Parece que los más de 8.131 municipios españoles no quieren uniones ni personalidades perdidas…

El Gobierno apoya la fusión de Don Benito y Villanueva de la Serena, pero destaca que tan sólo ha habido una iniciativa similar otras dos veces desde que entró en vigor la Ley Reguladora de las Bases del Régimen Local, de 1985

El volcán de la Palma también ha aparecido, cómo no. En esta ocasión, al aprobarse exenciones fiscales en el IRPF y el Impuesto de Sociedades por las ayudas públicas recibidas. Claro que estas exenciones se conocen cuando la mayoría de las ayudas anunciadas a bombo y platillo (normalmente en alguna de las visitas de Pedro Sánchez a la isla bonita) aún no han llegado. Vamos bien.

Rodríguez también ha presumido de algunas inversiones territoriales, no obstante es la titular de Política Territorial: unos 286 millones en distintas inversiones ferroviarias, y también en cultura y ciencia (20 millones) para un convenio con el Ayuntamiento de Barcelona, destacando que la Ciudad Condal “es la octava ciudad europea en producción científica”. Ada Colau estará contenta.

La ministra portavoz no ha perdido la ocasión de cargar contra el PP, tras las críticas que han lanzado al Gobierno por el incidente en el aeropuerto de Palma de Mallorca y que Moncloa ya estudia. “El PP está dedicado sólo y exclusivamente al ataque al Gobierno y ha pasado de esto al ataque a las instituciones”, ha subrayado, poniendo en valor “el trabajo de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado, los jueces y los empleados públicos”. Menos mal que Rodríguez no iba a usar la rueda de prensa del Consejo de Ministros para criticar al PP… algo que incumplió ya hace tiempo y en lo que no da la más mínima tregua: “Aquellos que no tienen una propuesta de país sólo critican”. Pero ojo, no se moja respecto a la renovación de CGPJ y los nombres de algunos candidatos para este órgano o el TC, como: Victoria Rosell -ya saben que las expertas en violencia de género vuelan alto, y si no miren a Pilar Llop, actual ministra de Justicia-, José Ricardo de Prada -un juez que formó parte del tribunal de la Audiencia Nacional que dictó la sentencia de la primera época de la trama Gürtel y llegó a referir que todo el PP había prevaricado, sirviendo como detonante de la moción de censura de Sánchez al Gobierno Rajoy- o Enrique Arnaldo. “Debe responder el partido que los ha propuesto”, se ha limitado a señalar la ministra portavoz.

Más dinero del Estado para la Seguridad Social. Insistimos: el sistema público de pensiones está quebrado

Y por cierto, otra muestra del desastre que refleja que el sistema de pensiones está quebrado: se ha aprobado un crédito extraordinario a la Seguridad Social de 5.000 millones. Además, se señala que en los Presupuestos de 2022 se incluye una transferencia de 18.396 millones para dar cumplimiento a la recomendación primera del Pacto de Toledo (es decir, hacer frente a la quiebra del Sistema), la cual es inferior a la de este año (13.929 millones), que apenas da para abonar un mes de pensiones contributivas, por lo que serán más necesarias nuevas transferencias.