- Fernando Andreu destaca la responsabilidad de los dos ex presidentes en el uso indebido de las 'black' por consejeros y directivos.
- El magistrado ve detrás un supuesto delito de administración desleal y justifica las fianzas de 16 y tres millones de euros.
- Denuncia la ausencia de sustento contractual y una contabilidad "encubierta para evitar el control de auditores y supervisores".
- Los dos principales implicados, Miguel Blesa y Rodrigo Rato, recurrirán el auto del juez.
- Sáenz de Santamaría dice que es "bochornoso" lo que se ha descubierto gracias a "mecanismos de transparencia y control".
Será necesario esperar, y bastante, para conocer un desenlace en el que acabe el caso de las tarjetas negras en Caja Madrid y Bankia, que permitió a 83 consejeros y directivos gastarse 15,5 millones de euros. Demasiado dinero en compras caprichosas, que indignan al personal, aunque no fueron más que una gota -y rabiosa, una vez conocida- en el oceáno del hundimiento y posterior rescate de esa ex caja (22.400 millones ha costado la 'broma').
El escándalo corre, entre el cabreo de los preferentistas, los ceses y dimisiones en los partidos (aunque el suspense se mantiene sobre el futuro de Rato), los sindicatos, las patronales y los consejos de administración de las empresas y, cómo no, en la vía judicial. Este viernes, se han conocido las razones que han llevado al juez de la Audiencia Nacional Fernando Andreu a poner el dedo acusador en los ex presidentes de Bankia y Caja Madrid Rodrigo Rato y Miguel Blesa (ambos en la imagen), a los que ha impuesto una fianza de 16 y tres millones, respectivamente, que tendrán que entregar antes del miércoles. Los dos han anunciado ya que recurrirán.
El auto del juez acusa a Blesa y Rato de haber "consentido y propiciado" el uso indebido de las tarjetas negras, en provecho propio y entre los numerosos consejeros y directivos de la entidad (86, aunque tres de ellos no la utilizaron). El magistrado, que ve detrás de esa actuación un supuesto delito de administración desleal, se agarra a esa razón para justificar las elevadas fianzas, a la espera de las responsabilidades penales.
La entrega de esas tarjetas, explica el juez, no se acogió a ningún precepto estatutario, disposición contractual o soporte que justificara su existencia. Además, generaban un gasto para la que se contabilizaba "de forma encubierta para evitar el control de los auditores y de los órganos supervisores". Y añade que para los directivos y consejeros supuso la percepción de un concepto distinto al retributivo.
Las cifras las conoce todo el mundo (los informativos las cuentan constantemente con fotos de los directivos dentro de las tarjetas). Durante la presidencia de Blesa se gastaron 12,5 millones con esos instrumentos opacos y 2,6 millones en la etapa de Rato.
Las tarjetas negras tenían una cita obligada en la rueda de prensa posterior al Consejo de Ministros, que ha afrontado en solitario la vicepresidenta del Gobierno. Soraya Sáenz de Santamaría, faltaría más, ha dicho que es "bochornoso" lo que ha sucedido y se ha mostrado indignada y escandaliza por esos pagos, una desgraciada práctica extendida durante años. Las declaraciones son oportunas porque las sombras de corrupción manchan a todos los partidos con escándalos de manual, desde los ERE fraudulentos en Andalucía a la presunta contabilidad B capitaneada por Luis Bárcenas. Es conveniente, en consecuencia, que el caso de las tarjetas negras haya visto la luz gracias, como ha dicho Soraya, a "los mecanismos de transparencia y control".
Sáenz de Santamaría no ha contestado sobre una probable expulsión de Rodrigo Rato del PP, como han hecho el PSOE y otras organizaciones con otros 'salpicados'. La vicepresidenta ha señalado que ella es miembro del Gobierno y esa decisión corresponde al partido. Bueno, ha dicho más que Mariano Rajoy cuando se lo han preguntado en Milán. El presidente ha eludido la pregunta y ha dicho que el mejor escenario es "el que el juez diga lo que tenga que decir" y que lo haga con la "mayor celeridad".
Mariano Tomás
mariano@hispanidad.com
