En ella, con la excusa de introducir en los colegios lo que llaman "educación para la salud" de forma transversal, el Gobierno excede sus competencias e invade, una vez más, la esfera privada de las familias: pretende imponer a todos los menores, entre 3 y 16 años, una forma concreta de concebir y vivir la sexualidad.
Los padres representados por la Federación de plataformas de padres, España Educa en Libertad, denuncian esta imposición y recuerdan que "la formación en el ámbito de la sexualidad conlleva una dimensión moral indiscutible, y por tanto, cualquier programa que aborde en la escuela esta dimensión de la formación de los menores deberá contar siempre con la aprobación expresa de los padres, sin que ningún Gobierno pueda imponerla, como pretende hacerlo éste a partir de los tres años".
"Sabemos muy bien, además, la idea que tienen este Gobierno y las entidades que colaboran con él sobre educación sexual, porque ya se está imponiendo en multitud de centros", comenta Marisa Pérez Toribio, presidenta de esta Federación. "Ahí están, por ejemplo, el multimedia Sexpresan (premiado y promovido por el Ministerio de Educación), el juego de Cruz Roja subvencionado por Sanidad y promocionado por Educación (que se retiró hace unos meses de su página web por las denuncias de esta Federación) o los talleres que se imparten organizados por ayuntamientos o por diversos colectivos, entre ellos los de gays y lesbianas, que cada vez tienen más difusión entre los institutos y colegios. En todos estos casos se trata de talleres y herramientas llamadas educativas que llegan a los menores sin conocimiento y aprobación previa de los padres. Esta guía de salud pretende incrementar este tipo de intervenciones de agentes externos, sin previo control paterno, puesto que propone entre sus objetivos, en la página 147, Coordinar al centro con los recursos externos locales, para desarrollar proyectos de educación afectiva y sexual".
Muchos padres llevan tiempo defendiéndose frente a esta intromisión ilegítima del Estado. Concretamente, ante la implantación de la educación sexual obligatoria contemplada en el apartado educativo de la conocida como ley del aborto, algunas asociaciones de las más de 140 entidades que el pasado día 20 de enero presentaron un Manifiesto por la Libertad de Educación, entre las que se encuentra esta Federación, solicitaron una reunión con la Ministra de Sanidad para explicarle de forma detallada lo que le solicitaban por escrito: la retirada de los aspectos educativos de la ley, el respeto de la neutralidad ideológica y el respeto del derecho de los padres a la elección de la formación moral de sus hijos amparado por la Constitución Española y por numerosos tratados internacionales.
Esta solicitud no ha tenido respuesta hasta varios meses después, y la respuesta ha sido su negativa a recibirles (como ya ha hecho en varias ocasiones el ministro de Educación), alegando curiosamente, en este caso, que los aspectos educativos de la ley son competencia de los Ministerios de Igualdad y de Educación y de las autoridades educativas autónomas, y no del Ministerio de Sanidad y Política social.
A juicio de esta Federación de plataformas de padres, queda claro, una vez más, que el Gobierno no tiene intención de ceder en su actitud manipular las conciencias de los menores, cuando lo que debería hacer es garantizar los derechos de los padres.
"Con esta actitud de la ministra, al igual que ha sucedido anteriormente con el Ministro de Educación, se está despreciando a aquellos padres que hacen valer sus derechos frente a esta intromisión, al negarse, incluso, a recibirles. Parece incluso una burla, concluye Pérez Toribio, "que alegue para no reunirse con nosotros que esta cuestión no es competencia de su Ministerio, cuando ha presentado poco después la guía de salud junto al Ministro de Educación, una guía en la que se recoge todo un plan de educación sexual en la escuela desde los 3 a los 16 años."
Plataformas de Padres por la Libertad de Educación, España Educa en Libertad
