Dimisión en bloque. Eso es lo que aprobaron la semana pasada un grupo de patronos sobre el conjunto del patronato. La decisión requiere varios comentarios. En primer lugar, su ilegalidad. Un grupo de patronos no puede resolver la dimisión en bloque del patronato porque se trata de una decisión individual. Segunda: si lo que se pretendía era eludir responsabilidades, la estrategia es fallida porque las responsabilidades se prolongan más allá de la dimisión. Siempre que se aplique la ley y no se mire para otro lado, claro.
Y sobre todo, da la sensación de que lo que se pretende es dar el pase a la toma de control por parte de las administraciones públicas. Precisamente aquellas que no han controlado suficientemente el buen funcionamiento del Palau, que ni han auditado ni inspeccionado ni supervisado el buen fin de los fondos públicos.
Y ahora se pretende además, limitar que el dinero público pueda financiar ninguna fundación. Se han pasado de frenado porque de aplicarse estrictamente este precepto, dejarían sin subvención a la mayoría de los colegios concertados catalanes que tienen forma jurídica de fundación. Habría bastado con impedir que las fundaciones que reciben dinero público financien a partidos políticos. ¿No era esto lo que se pretendía atajar?
Lo que sí deberían de investigar es el dinero que desde el Palau terminaba en CiU. Porque quizás algunos empresarios utilizaban el Palau como vehículo para financiar a determinados partidos con dos ventajas: no deja rastro y es deducible fiscalmente. Pongamos un poco de sensatez. Porque al final parece que haremos lo de siempre: mucho ruido y pocas nueces. Como la famosa auditoría del primer tripartido para levantar las alfombras de Pujol. Eficacia nula. Mucha palabrería y ninguna consecuencia. A lo mejor porque el problema del 3% está generalizado.
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11/12/24 18:08