El gobierno popular ha encargado un informe al Comité Asesor de Bioética del Ministerio de Ciencia y Tecnología para determinar el futuro de los cerca de 35.000 embriones congelados que existen en España. El citado comité deberá resolver a finales del mes de enero, aunque las presiones apuntan claramente en la línea de que sean declarados no viables -y por tanto aptos jurídica y "moralmente" para la investigación- aquellos embriones que superen los cinco años de crioconservación. 

De esta forma, quedaría resuelto uno de los asuntos más espinosos de la bioética actual y se resolverían "satisfactoriamente" las incertidumbres políticas que existen alrededor de la investigación embrionaria. Por una parte, la Junta de Andalucía lograría resolver su contingencia jurídica de haber acordado con el Instituto de Bioingeniería de la Universidad Miguel Hernández de Elche (dirigido por Bernat Soria) un proyecto de investigación "con células procedentes de preembriones sobrantes de técnicas de fecundación in vitro, siempre que estos superen el límite legal de cinco años de crioconservación".  

El acuerdo vulnera lo establecido en la Ley 35/1988 de Reproducción Asistida que prohíbe expresamente la investigación con células madre embrionarias. "Se trata de asuntos de enorme responsabilidad, que no pueden recaer ni dejarse a la libre decisión de los científicos, que por otra parte, tal vez la rechazarían", asegura el preámbulo de la ley. 

El citado texto legal, sólo permite la investigación en caso de que se trate de preembriones (menores de 14 días) no viables. ¿Y cuál es la definición de "no viable"? El Tribunal Constitucional nos da la respuesta. En sentencia 117/1999 de 17 de junio responde al recurso de inconstitucionalidad 376/1989 promovido por un grupo de diputados populares encabezados por Federico Trillo, a la sazón oposición, y en la actualidad ministro de Defensa y de las "esplendorosas" playas. En dicha sentencia se define como "no viable" aquellos que presentan "incapacidad para desarrollarse hasta dar lugar a un ser humano". 

La Junta de Andalucía y Bernart Soria concluyen sin embargo que no viables son aquellos que hayan superado la barrera de los cinco años de crioconservación. Una tesis que podría ser asumida también por el presidente del Comité de Bioética del ministerio de Ciencia y Tecnología, César Nombela. 

No obstante, la ciencia nos ofrece múltiples ejemplos de viabilidad posterior a los cinco años. Como afirma la doctora Montserrat Boada del Instituto Dexeus de Barcelona, "no existe un límite para la congelación de un embrión, ya que en buenas condiciones de congelación no tiene por qué deteriorarse. Los límites suelen estar impuestos por las legislaciones". También expertos del Instituto de Genética e Investigación in Vitro de Virginia y Maryland concluyen que "se han producido embarazos satisfactorios con embriones que llevan nueve años criogenizados". 

Es decir, la realidad científica nos indica que la viabilidad no está relacionada con el tiempo de "congelación". Al menos, no exclusivamente. Por tanto, una declaración gubernamental que catalogara como "no viables" a los embriones que superan la barrera de los cinco años de edad, dejaría sin protección jurídica a miles de españoles en potencia. Además, la inexistencia del registro de gametos crioconservados previsto en la ley, y la ausencia de control en la materia por parte de las autoridades sanitarias, facilitaría el fraude de las clínicas que podrían "autocatalogar" como 5 aquellos embriones que desearan ser utilizados como "material" de investigación. 

La batalla es la siguiente. Por una parte, la bioética y los más de 1.000 científicos de www.hayalternativas.com que apuestan por alternativas investigadoras que respeten la dignidad humana. En el otro lado, Bernat Soria, un científico que ha agotado sus líneas de investigación y que necesita del apoyo público para proseguir sus investigaciones. Soria cuenta con el apoyo de la industria -claramente comprometida empresarialmente con el proyecto de investigación- y de la progresía mediática y política. La ministra de Sanidad, Ana Pastor, tiene la última palabra. Como en la época de los romanos, la vida de 30.000 españolitos depende de su dictamen. Esperemos que esta vez mantenga el pulgar hacia arriba...

Eulogio López