El Estatuto catalán ha formado parte de las deliberaciones del Consejo de Ministros, según ha informado la vicepresidenta De la Vega, que primero ha hablado de debate, para después referirse a una reflexión compartida por todo el gabinete. Vamos, que ha habido cierto tomate. Obviamente, después ha pedido que los periodistas no le exigiéramos revelar las deliberaciones del Consejo. Mucha tela.
La postura oficial del gobierno ha sido la siguiente: respeto institucional a una decisión tomada por el 90% del Parlamento y máximo rigor constitucional, ha señalado la vicepresidenta. O sea, la cuadratura del círculo, porque como se sabe, el texto aprobado en el Parlament presenta al menos 19 puntos de inconstitucionalidad, según reveló el Consell Consultiu.
Según De la Vega, el sistema de reformas estatutarias está muy bien pensado porque al consenso autonómico, le exige después el refrendo de la soberanía nacional. No se la veía especialmente satisfecha a la vice, que ha señalado abiertamente que no es su propuesta, aunque ha pedido tiempo para estudiar su ajuste tanto en la Constitución, como en el interés general. O sea, lo que hace días planteó Sevilla: algunos puntos podrán ser rechazados ya sea por inconstitucionales o porque no convenga al interés general.
De momento, el que parece que será rechazado de todas, todas, será el sistema de financiación autonómica. El Gobierno ha señalado en varias ocasiones que el modelo del cupo vasco no es extrapolable al resto de CCAA y que la relación financiera siempre se realizará desde la óptica de la multilateralidad. Según De la Vega, eso es lo que Zapatero quiso decir cuando se comprometió a que aprobaría lo que saliera del Parlament. Interpreta, que algo queda.
