El ministro de Justicia anunció la intención del Gobierno de retirar los símbolos religiosos de las escuelas públicas en el marco de un claro deslinde entre el fenómeno religioso y la laicidad del Estado. Esperemos que la sentencia de Estrasburgo no sea la escusa para una aplicación de enculturación laicista.
Y es que si el PSOE quiere mantener una relación razonable con los católicos españoles, basta y sobra con cumplir la Constitución, cuyo artículo 16 ofrece pautas inequívocas: carácter aconfesional del Estado y cooperación positiva con las diversas confesiones, con especial mención a la Iglesia católica, plenamente justificada por su arraigo histórico, social y cultural.
No es cierto que la Constitución imponga una política laicista, como pretenden algunos miembros del Gobierno, sino que establece una colaboración al servicio de las creencias muy mayoritarias en nuestra sociedad. El respeto a la conciencia individual no exige una equiparación sin sentido en términos estrictamente democráticos entre unas y otras creencias religiosas.
El ministro apunta también a los hospitales y a las Fuerzas Armadas como nuevos objetivos para esta ofensiva laicista. Estamos otra vez ante un gesto del Gobierno hacia los sectores radicales en nombre de una interpretación falsa y sesgada de la Norma Constitucional que suscita el rechazo de una gran mayoría de los ciudadanos.
José Morales Martín
