Caso Aerolíneas. La acusación amplía la querella a los directivos e la SEPI por falsificación de documentos

Es el mismo caso en el que se encuentran imputados Gonzalo Pascual, Gerardo Díaz y Antonio Mata por apropiación indebida de fondos públicos. Zapatero y Kirchner tendrán una entrevista particular en la Cumbre Iberoamericana de Montevideo

El Caso Aerolíneas Argentinas (ARSA) se complica. La acusación pretende ampliar la querella contra los responsables del Grupo Marsans, Gerardo Díaz y Gonzalo Pascual, compradores de ARSA, a los vendedores, es decir, la española SEPI. La misma acusación que ha logrado la imputación de Pascual y Díaz por una presunta desviación de fondos públicos españoles destinados a reflotar Aerolíneas, amplía ahora la querella a los directivos de SEPI, Juan Gurbindo y Pablo Olivera, quienes firmaron el acuerdo de venta de ARSA a Marsans por 0 euros, más un aporte de fondos públicos españoles que, en un principio, se elevó a 754 millones de euros.

En el proceso judicial en curso ante el Juzgado de Instrucción Número 35 de Madrid, donde Gonzalo Pascual, Gerardo Díaz y Antonio Mata son procesados por los delitos de falsedad documental, estafa procesal, delito tributario y apropiación indebida de fondos públicos, la querella acaba de requerir a la Juez Gemma Gallego, que le remita certificadas judicialmente las declaraciones ante dicho Juzgado de Juan Gurbindo Gutiérrez actual Director de Administración y Recursos de la SEPI-, y del ex Director de dicho organismo e integrante de la auditora internacional Deloitte-España, Pablo Olivera Massó, conjuntamente con la certificación judicial del Documento denominado Contrato de Aportes Irrevocables de fecha 15/10/01, suscrito entre Interinvest y la SEPI: la primera, una sociedad instrumental propietaria entonces de la acciones de Aerolíneas Argentinas y Austral, cuyo presidente y firmante de dicho contrato, era el también Director de SEPI Juan Gurbindo; y la segunda, la entidad gubernamental representada por su ex Director Pablo Olivera.

El motivo declarado para tal requerimiento judicial por parte del abogado de la acusación, Rafael Caro Moya, es el de presentar una querella criminal contra los firmantes del mencionado Contrato de Aportes Irrevocables, por la supuesta comisión de los delitos tipificados en los artículos 393 y 458 del Código Penal, referidos respectivamente a la falsificación de documentos públicos oficiales por parte una autoridad pública, punible con penas de prisión por tres años, multa de seis meses e inhabilitación por seis años; y al falso testimonio, sujeto a un castigo de seis meses a dos años, además de multa de tres a seis meses.

El letrado querellante sostiene, además, que dadas las diligencias de instrucción practicadas y sobre todo la documentación aportada, entre ellas el Informe de Fiscalización de ARSA (Aerolíneas Argentinas S.A.) realizado por el Tribunal de Cuentas, se podría concluir que el desvío de fondos públicos que se investiga sería algo más que una mera suposición, habiendo sido necesaria la actuación de la representación de la SEPI para ello, pidiendo en consecuencia a la juez Gemma Gallego, que solicite a la fiscalía un informe sobre la posible competencia de la Audiencia Nacional, para que la misma continué la investigación sobre el delito de desvío de fondos públicos, continuando el Juzgado 35 con la instrucción de las restantes imputaciones que constan en la causa.

Cabe recordar que, como Hispanidad ya informó en su día, el mencionado Contrato de Aportes Irrevocables les posibilitó a quienes acababan de comprar Interinvest, Pascual, Díaz y Mata, a través de su empresa Air Comet S.A., un cambio radical del destino de los fondos públicos españoles destinados al reflotamiento de Aerolíneas. En concreto, nos referimos a los 300 millones de dólares destinados por la SEPI a cancelar deudas de Aerolíneas Argentinas, según explícita la estipulación del Contrato de Venta de la aérea refrendado por el Consejo de Ministros, permitiéndoles a los dueños de Air Comet comprar esos créditos contra Aerolíneas uno de ellos por 24 millones de dólares de la propia SEPI-, violentando presuntamente, tanto el contrato de compra suscrito entre SEPI y Aerolíneas, como la voluntad del Consejo de Ministros español, ya que el Contrato de Aportes Irrevocables nunca fue autorizado por el Consejo de Ministros ni elevado a público, lo cual consiste en el fundamento de la querella para afirmar que dicho documento es apócrifo y que existió desvío de fondos públicos. Además, lo anterior revela la anomalía legal de que el objeto de la venta, es decir, Interinvest (la tenedora de las acciones de aerolíneas) vendida a Air Comet, se transforma por milagro en sujeto de la misma, para consumar un contrato privado con su vendedora, la SEPI. Con dicha maniobra los dueños de MARSANS, a su vez controlantes de Air Comet, se transformaron en principales acreedores de Aerolíneas Argentinas además de sus dueños, pudiendo auto-aprobar su propuesta de salida del Concurso de Acreedores de la compañía en violación de la ley concursal argentina, y obtener una ganancia indebida de 114 millones de dólares, producto del pago concursal del 40% de los créditos contra la aerolínea.

Esas acciones ilícitas están en la raíz de todos los rechazos e impugnaciones judiciales realizadas por el Estado argentino a los tres balances de ARSA (2002, 2003 y 2004) presentados por MARSANS, ya que califica como inexistentes los pasivos registrados en los balances de la compañía, surgidos de los créditos por 300 millones de dólares comprados por Air Comet -MARSANS con dinero público entregado por SEPI para cancelarlos y extinguir deudas de Aerolíneas Argentinas; así como falsos a todos los estados contables que los reflejen. Dicha situación no se subsana con el hecho de que MARSANS transforme esos créditos comprados en aportes irrevocables, tal como dispone el documento de Aportes Irrevocables del 15/10/01 firmado entre Gurbindo por Interinvest y Olivera por SEPI, para luego proceder a capitalizarlos, ya que con dicha operación los dueños de Air Comet-MARSANS se beneficiarían con mayor cantidad de acciones, en desmedro de las poseídas por los restantes accionistas minoritarios, el Estado argentino y los trabajadores de Aerolíneas.

La situación de Juan Gurbindo Gutiérrez y Pablo Olivera Massó, se ve aún más comprometida, respecto de las imputaciones por desvío de fondos públicos porque, según un escrito presentado por la defensa de Antonio Mata, mediante escritura pública de 17/06/02, los dos, por entonces, directores de la SEPI ceden Air Comet, representada por Mata el crédito de la SEPI por 24 millones de dólares. Crédito, que ambos sabían según lo aprobado por ellos en el Contrato de Aportes Irrevocables subscripto ocho meses antes no autorizado por el Consejo de ministros-, representando cada uno a Interinvest y SEPI respectivamente, que iba a ser comprado con dinero público de la misma SEPI, para transformarse finalmente en más acciones de Aerolíneas Argentinas poseídas por el Grupo MARSANS. En el caso específico de Olivera Massó, según la querella dicha escritura de cesión de crédito demuestra que indudablemente mintió al declarar que no intervino en el contrato de cesión de crédito y que no fue a ninguna notaría, con lo que sumaría el delito de falso testimonio.

El abogado Caro Moya, manifiesta que también solicita las certificaciones judiciales de las declaraciones de Gurbindo y Olivera como la del Contrato de Aportes Irrevocables, para ser presentadas ante el Tribunal de Cuentas, para su incorporación al Informe de Fiscalización de las Operaciones realizadas por el Sector Público Estatal en relación con Aerolíneas Argentinas S.A.; y ante la Comisión Mixta del Congreso de los Diputados de la relaciones con el Tribunal de Cuentas, puesto que ninguno de los dos las posee. En el caso particular del Contrato de Aportes Irrevocables, porque las actuales autoridades de la SEPI jamás se lo remitieron, para que fuera incluido como documental de análisis en sus tareas investigativas.

A escasos días de la visita del canciller Moratinos a Buenos Aires, para evaluar la evolución de asuntos económicos y políticos de común interés entre España y Argentina, y de la inminente XVI Cumbre de Presidentes Iberoamericanos en Montevideo, Uruguay, a comienzos de noviembre, el affaire MARSANS-Aerolíneas Argentinas continúa siendo una herida abierta que no deja de supurar, comprometiendo las relaciones entre ambas naciones, por los intereses patrimoniales españoles y argentinos que, cada vez más, se comprueban han sido lesionados.

Recientemente, la trayectoria de los vicepresidentes de la patronal española CEOE Pascual y Díaz este último, además, el empresario más próximo a Esperanza Aguirre y presidente de la Cámara de Comercio de Madrid- se ha visto empeñada, además, por las cuentas de Spanair. A comienzos de año, la compañía, controlada por la escandinava SAS pero aun presidida por Pascual, afirmó que había obtenido sus primeros números negros, por valor de 2 millones de euros. Ahora, cuando se ha hecho pública la auditoría de todo el grupo SAS, las ganancias de Spanair se han convertido en pérdidas por más de 70 millones de euros.