Este diario ha tenido conocimiento de la existencia de un informe remitido al Presidente de la SEPI por el abogado Rafael Caro Moya, letrado de acusación particular en las actuaciones que se siguen en el Juzgado Nº 35 de Madrid, donde constan imputados a Gonzalo Pascual, Gerardo Díaz y Antonio Mata, dueños del Grupo Marsans, y en donde se investiga la posible comisión de los delitos de falsedad documental, estafa procesal, delito tributario y apropiación indebida de fondos públicos.
Del citado informe, que es continuación de uno previo remitido el 25 de abril de 2005 por conducto notarial, se destaca la sorpresa del citado letrado al nulo interés mostrado por esta Entidad SEPI en cuanto al contenido del primer informe remitido, de las actuaciones penales y de la documentación obrante a la misma, sorpresa que se transforma en duda si se tiene presente la existencia de una demanda de arbitraje de derecho presentada ante el Tribunal Arbitral por la empresa Air Comet SA (perteneciente al Grupo Marsans) contra la SEPI, y en donde se le viene a reclamar a SEPI cientos de millones de dólares por supuestas contingencias surgidas e incumplimientos por la Entidad Pública del contrato de compraventa de Interinvest SA., ex dueña de las acciones de Aerolíneas Argentinas y Austral la otra línea aérea local argentina-, contrato que originó y es a su vez objeto importante, de las actuaciones judiciales que se instruyen el Juzgado Nº 35.
En este nuevo informe se pone de manifiesto a Enrique Martínez Robles la existencia de nueva documentación aportada a la causa penal por instituciones públicas y privadas, tanto de España como de Argentina, que deberían ser de sumo interés para esa entidad estatal por cuanto las mismas podrían acreditar el previo incumplimiento por parte de Air Comet SA de los acuerdos alcanzados con SEPI en el contrato de venta de Interinvest SA. en cuanto al destino de los fondos entregados por la Entidad para el pago de determinados pasivos 256.000.000 dólares (tal y como también hizo constar el Tribunal de Cuentas en el Informe previo de fiscalización emitido al respecto), incumplimientos que de ser ciertos podrían suponer, además, la apropiación indebida y desvío de fondos públicos, puesto que los importes pagados por SEPI en función del mencionado contrato y cuyo destino, según el propio contrato de cancelar pasivos de Aerolíneas Argentinas, habrían tenido uno totalmente distinto.
Tanto es así que incluso se pone de manifiesto la existencia de una certificación emitida por el Juzgado de Buenos Aires y dirigida al Juzgado de Madrid, la cual acreditaría que Royal Romana Playa SA. es acreedora en el concurso de acreedores de Aerolíneas por 56 millones de dólares, en sustitución del pasivo a favor de Repsol YPF (que a su vez le había cedido Air Comet SA.) y el cual constaba como pasivo a cancelar en el contrato de venta de Interinvest SA con el dinero entregado por SEPI). Esta certificación adquiere verdadera importancia puesto que destruiría por completo la defensa de los imputados Pascual, Díaz y Mata al respecto, en cuanto a que no hubo cesión del crédito a Royal Romana Playa sino simple cesión del derecho del voto para votar en nombre de Air Comet SA en el concurso de Aerolíneas Argentinas.
La duda del letrado Caro Moya se transforma en duda sospechosa por cuanto entre la propia documentación remitida por la SEPI al Juzgado instructor, aparece un contrato privado (no elevado a público) firmado entre Interinvest/SEPI, denominado aportes de capital, de igual fecha al contrato de venta de Interinvest SA. elevado a público y que aprobó el Consejo de Ministros, y cuya veracidad cuestiona el letrado Caro Moya por cuanto el contenido del mismo - todo ello en relación al pago o cancelación de determinados pasivos concursales de Aerolíneas Argentinas- resultaría contrario al que aprobó el Consejo de Ministros en fecha 15 de diciembre de 2004. La sorpresa adquiere tintes casi novelescos si se tienen en cuenta las personas cuyas firmas constan al mismo : por la SEPI, Juan Masó Garolera y por Interinvest, Juan Antonio Gurbindo (cuando éste también era a esa fecha Director de administración y recursos de la propia SEPI). Dicha actuación motivó que el letrado haya solicitado la declaración ante el juez instructor de Juan Maso Garolera y Juan Antonio Gurbindo, así como del anterior Presidente de la SEPI, Ruiz Jarabo, para aclarar la existencia de dicho contrato, petición que se encuentra pendiente de resolución judicial.
Además de esa documentación, en el informe se pone de manifiesto la existencia de amplia documentación al respecto, haciéndose constar que restan por concluir importantísimas diligencias instructoras ya acordadas, como sería el definitivo informe de fiscalización del Tribunal de Cuentas a emitir sobre la operación de venta de Interinvest SA, así como la emisión del informe pericial por peritos de AEAT, unidad especial, sobre los ejercicios de Air Comet SA. 2000 al 2003.
Para mayor información sobre el particular, Martínez Robles puede recabarla con Juan Gurbindo Gutiérrez, actual Director de Administración y Recursos de la sociedad estatal, responsable en el 2001 de presentar en Concurso de Acreedores a Aerolíneas Argentinas, como luego el principal gestor del proceso de venta de la compañía que seleccionó al Grupo Marsans como su nuevo propietario.
Tampoco debe olvidar el presidente de SEPI, para responder a la demanda de arbitraje presentada por Marsans contra esa Entidad, reclamando mayores entregas de dineros públicos por parte de la misma, que el gobierno del Presidente Kirchner le ha rechazado al Grupo Marsans las gestiones y los tres balances presentados de Aerolíneas Argentinas correspondientes a los ejercicios 2002, 2003 y 2004, como así también los ha impugnado judicialmente en tiempo y forma, según lo constatado debidamente por Hispanidad en el Juzgado Nº 15 de Buenos Aires, y confirmado públicamente por funcionarios del Estado argentino.
En el entretanto, Horacio Fargossi, presidente de Aerolíneas Argentinas aunque el primer ejecutivo es Antonio Mata- ha viajado a España acompañado de otros directivos para encarecer al gobierno español que siga aportando dinero para salvar la compañía.
