Los controladores aéreos calculan en 33 las torres de control que podrían ser privatizadas con los requisitos del nuevo decreto. Más allá de las incertidumbres laborales, su portavoz, Rafael López, asegura que le da lo mismo trabajar para AENA que para otra empresa. Eso sí, matiza que el control aéreo es una competencia exclusivamente estatal según la Constitución y que por lo tanto si hay una liberalización y privatización debería de haber un control estricto por parte de AENA. El ejemplo sería el de la seguridad. El 90% de los policías de los aeropuertos son guardias jurados, pero supervisados y controlados por los Cuerpos y Fuerzas de Seguridad del Estado.
No obstante, considera que el establecimiento de los controladores automáticos en los aeropuertos de escaso tráfico degradará el servicio y generará ciudadanos de primera y de segunda ¿Son poco seguros? Ningún piloto va a arriesgar su propia seguridad, pero habrá una mayor incertidumbre sobre la existencia de otras aeronaves que si lo opera un controlador.
