El juez Llarena procesará a Puigdemont y otros 22 líderes por delito de rebelión.
El magistrado del Tribunal Supremo Pablo Llarena continúa este martes con su ronda de declaraciones indagatorias en la causa del 'procés' y ha citado a las 10.00 horas a los exconsejeros Joaquim Forn (Interior), Josep Rull (Territorio y Sostenibilidad) y Raül Romeva (Exteriores) para comunicarles su procesamiento por los delitos de rebelión y malversación, apunta Teleprensa.
Forn, en prisión desde el pasado 2 de noviembre por la causa del 'procés, ha vuelto a reiterar al juez Llarena que en ningún momento propició la violencia en Cataluña y su voluntad de abandonar la política y de acatar la aplicación por el Gobierno del artículo 155 de la Constitución, informa RTVE.
Además, Forn ha solicitado una medida menos gravosa que la prisión incondicional para poder preparar su defensa de cara al juicio.
El juez realizó ayer el mismo trámite respecto al último candidato a presidir la Generalitat y expresidente de la Asamblea Nacional Catalana (ANC), Jordi Sànchez; al ex vicepresidente catalán Oriol Junqueras y al líder de la asociación Òmnium Cultural, Jordi Cuixart, quienes aprovecharon su presencia ante el instructor para denunciar lo que consideran que es una causa política dirigida a perseguir la ideología independentista.
Sánchez le llegó a reprochar a Llarena -el cual ni se inmutó- su supuesta falta de objetividad en la redacción de su último auto, por haber utilizado el término "sufrimos" al hablar de las consecuencias del procés y le indicó que "no se puede ser juez y víctima”.
Pero la causa sigue y mañana miércoles 18 de abril será el turno de Jordi Turull (Presidencia), Dolors Bassa (Trabajo), -acusados por los mismos delitos- y la expresidenta del Parlament Carme Forcadell, a la que sólo se le atribuye rebelión.
Es decir, que el juez Llarena contradice a los jueces alemanes que han soltado a Puigdemont y mantiene el delito de rebelión.
La diferencia es que, en España, con el delito de rebelión a los acusados les pueden caer hasta 25 años, por el de malversación sólo ocho años.