Contábamos en Hispanidad que la cacería contra la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, continúa. Pero la semana pasada el caso daba un vuelco. La Agencia Tributaria ha pedido a la Tesorería que devuelva 552.000 euros al novio de la madrileña.

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Además, el novio de Ayuso continúa tomando medidas legales ante la campaña que ha sufrido y ha interpuesto dos de demandas de conciliación contra la vicepresidenta y ministra de Hacienda, María Jesús Montero, y la ministra de Vivienda y Agenda Urbana, Isabel Rodríguez.

 

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Por otro lado, ante la exigencia de la número dos de García Ortiz, la Asociación Profesional e Independiente de Fiscales (APIF) ha abandonado el grupo de trabajo creado por el fiscal general del Estado para reformar el Estatuto Orgánico del Ministerio Fiscal por la "presión inadmisible" a la que se ha sometido al teniente fiscal de la Fiscalía Superior de Madrid. 

Y decíamos que ante estas presiones, los fiscales del Tribunal Superior de Justicia de Madrid (TSJM) podrían negarse a cumplir órdenes, como así ha sido. 

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La fiscal María de la O Silva de la Fiscalía Superior de Madrid, encargada de informar de la querella interpuesta por el novio de Ayuso contra los fiscales, ha invocado el artículo 27 del Estatuto Orgánico del Ministerio Fiscal (EOMF). Considera improcedente la orden de la número dos de García Ortiz, María Ángeles Sánchez-Conde, de inadmitir la denuncia. 

De la O Silva estima necesario llevar a cabo unas diligencias esclarecedoras en relación a quién dio la orden de redactar la nota de prensa y difundirla. 

El artículo 27 que ha invocado, aclara "el fiscal que recibiere una orden o instrucción que considere contraria a las leyes o que, por cualquier otro motivo estime improcedente, se lo hará saber así, mediante informe razonado, a su Fiscal Jefe. De proceder la orden o instrucción de éste, si no considera satisfactorias las razones alegadas, planteará la cuestión a la Junta de fiscalía y, una vez que ésta se manifieste, resolverá definitivamente reconsiderándola o ratificándola. De proceder de un superior, elevará informe a éste, el cual, de no admitir las razones alegadas, resolverá de igual manera oyendo previamente a la Junta de Fiscalía. Si la orden fuere dada por el fiscal general del Estado, éste resolverá oyendo a la Junta de Fiscales de Sala". Por lo que es un mecanismo que se activa cuando un Fiscal no está de acuerdo con las órdenes dadas por su superior. 

Por lo que la número dos de García Ortiz tendrá que escuchar el pronunciamiento de la Junta de Fiscales de Sala, los cuales han sido convocados el próximo miércoles a las 9.00 horas.