No sé si lo recuerdan pero lo de… ‘cotizaciones sociales por IVA’ era una reivindicación histórica de José María Cuevas, presidente de la CEOE, que reiteraba cada vez que tenía ocasión hasta el año en el que fue sustituido, muchos no quieren ni recordarlo, por Gerardo Díaz Ferrán. Esta reivindicación la plasmó en una carta enviada a Felipe González, en 1985, año en el que se implantó el IVA en España. Cuevas pedía que el aumento de recaudación proporcionado por el futuro impuesto sobre el valor añadido se dedicara a "minorar las cotizaciones empresariales a la Seguridad Social".

Una receta que llegó a hacer suya el ex ministro socialista, Javier Gómez Navarro, cuando era presidente del Consejo Superior de Cámaras al defender una bajada de las cotizaciones que sería compensada con una subida de dos puntos del Impuesto sobre el Valor Añadido.

También y hace un par de años, el catedrático de Hacienda Pública de la Universidad de Alcalá de Henares, Manuel Lagares, que lideró el grupo de expertos al que el Gobierno del PP encargó en 2013 elaborar una propuesta sobre la reforma fiscal, hablaba de reducir al 10% las cotizaciones sociales que pagan empresarios y trabajadores e incrementar los tipos de IVA normal y reducido entre dos y cuatro puntos a modo de “recargo solidario” para las pensiones.

José María Cuevas proponía, en 1985, que el aumento de recaudación proporcionado por el futuro impuesto sobre el valor añadido se dedicara a "minorar las cotizaciones empresariales a la Seguridad Social"

Se trata de un planteamiento que viene y va, que resucita según se den las circunstancias y que suele salir a la palestra en momentos en los que se agudizan determinados problemas laborales y de sostenimiento del sistema.

Ahora ha sido la OCDE que, en su último informe “Apuesta por el crecimiento 2019”, diagnostica que la desigualdad en materia de ingresos ha aumentado en España desde 2007 y se mantiene por encima de la media de la OCDE. La Organización que dirige Ángel Gurría muestra su preocupación por la precariedad y los "efectos perniciosos" que la mala calidad del empleo tiene sobre la productividad y el crecimiento económico que, a su juicio, debe ser “más inclusivo”.

Además llega a la conclusión de que  la fiscalidad en España está muy centrada en los impuestos al trabajo, es decir, en las cotizaciones a la Seguridad Social, y es de la opinión de que las exenciones y deducciones que aún existen están minando la capacidad recaudatoria. Así que, aconseja que se supriman los tipos de IVA reducido en productos que resultan “regresivos”. A cambio de estas subidas de impuestos, insta a España a recortar las cotizaciones a la Seguridad Social para los trabajadores con sueldos bajos que sean contratados de forma indefinida.

Manuel Lagares, líder del grupo de expertos al que el Gobierno del PP encargó una propuesta sobre la reforma fiscal, hablaba de reducir al 10% las cotizaciones e incrementar los tipos  a modo de “recargo solidario” para las pensiones.

Ya en 2014, la OCDE proponía  que extendiera el tipo general de IVA eliminando los tipos reducidos, salvo para bienes de primera necesidad como los alimentos. A juicio del organismo, la rebaja de las cotizaciones sociales tendría que ser permanente, ya que consideraba que las medidas de “índole temporal” no servirían para estimular plenamente la contratación a largo plazo.

Pero, y de vuelta al informe que acaba de publicar, la Organización analiza también otros problemas relacionados con nuestro modelo laboral como la “débil productividad” de nuestro país. Las reformas realizadas en España en el periodo 2017-2018 han sido “limitadas”, dice. “Pese a que se han seguido aprobando medidas para intentar reincorporar a los parados al mercado laboral, la implementación de estas iniciativas se retrasa”. Y aunque “se debería hacer más en esta área, sobre todo para ayudar a los parados de larga duración”, la OCDE fija una nueva prioridad para España: hay que mejorar el I+D+i de la economía. Una mejora que “se justifica por el débil crecimiento de la productividad y el declive sustancial del gasto en innovación”. Además, “la productividad se puede mejorar mediante el desplazamiento de los impuestos hacia aquellas figuras que lastran menos la actividad”. La institución con sede en París, es partidaria también de “mejorar la movilidad laboral” y señala que el acceso a la formación profesional “reduciría las desigualdades del mercado de trabajo e impulsaría las habilidades”.