- De los 12.052 millones de ayudas a Catalunya Banc, han retornado 782 millones y de los 5.249 de Banco de Valencia, 656.
- A falta de un balance final del rescate, la línea de crédito de 40.000 millones de Europa no está saldada.
- Es la punta del iceberg, a la que se unen otras facturas: los activos tóxicos colocados en la Sareb y pagos pendientes.
- La prórroga de dos años para privatizar Bankia penalizará la recuperación de 22.414 millones (de momento, 2.656 millones).
- También complica el problema de la soberanía monetaria en un momento en el que se discute la Unión Bancaria.
- Ser una banca rescatada no ayuda a influir, ni en Bruselas ni en Fráncfort. El mejor ejemplo: la intervención del Popular.
La insistencia del Gobierno en que se recuperarán las
ayudas públicas a la banca se estrella con la realidad inquebrantable: la de los datos. El coste cero del rescate financiero para los ciudadanos -"no costará ni un euro", repitió incansablemente Guindos- es una entelequia, como quien dice. Los últimos datos del
Banco de España eran suficientemente esclarecedores: del dinero público recibido por el
Frob, el fondo de reestructuración bancaria, 54.353 millones, sólo se han recuperado 3.873 millones.
Las cifras, siempre escalofriantes, llegan también de otras fuentes, como el propio Frob, o el
Tribunal de Cuentas, cuyas últimas cifras daban por hecho que del dinero puesto por el Estado,
26.300 millones se han perdido para siempre.
Todo ello, sin tener en cuenta que las aportaciones de los bancos, a través del
Fondo de Garantía de Depósitos, 7.942 millones, que se acabaron de un plumazo con el rescate de la
Caja de Castilla La Mancha (CCM).
Tras la última colocación de
Bankia (7%), de las ayudas públicas recibidas, 24.069 millones (con
BMN), se han recuperado, de momento, 2.656,3 millones, a pesar de la buena gestión de
Gorigolzarri (como
ya informamos). Da una idea de cuánto tendría que subir la acción (hoy en 4,08 euros) para recuperar el resto.
El caso de Bankia es paradigmático, en cualquier caso, si tenemos en cuenta que en 2016 el Gobierno retrasó dos años la
privatización (de finales de 2017 a finales de 2019), lo que lleva implícito un pago adicional de intereses por el dinero prestado.
En concreto, de los
40.000 millones pedidos prestados a Europa -en buenas condiciones, eso sí- sólo se han devuelto 9.612 millones (un 23,3%).
Esa
dependencia complica el problema de la soberanía monetaria, en un momento, además, en el que se discute la
Unión Bancaria. Arrastrar la rémora de una banca rescatada, de la que ha escapado Italia (con trampas) no ayuda a influir en Europa, ni en
Bruselas ni en
Fráncfort.
El mejor ejemplo es la intervención del
Popular, adjudicado al
Santander por un euro, que tendrá nuevas entregas. La reciente comparecencia de
Elke König, presidenta de la
Junta Única de Resolución, ilustraba de lo poco que pinta España en Europa:
no respondió a ninguna pregunta de los portavoces parlamentarios en la comisión que investiga la crisis financiera.
Las cifras del rescate o del dinero prestado por Europa, no obstante, son una punta del iceberg, a la que se unen otras facturas, como los
activos tóxicos de los bancos tras las
crisis del ladrillo -para sanear sus balances- colocados en la
Sareb o
banco malo, junto a otros pagos pendientes (en el caso de Bankia, por ejemplo, por las demandas de los titulares de
preferentes o por la devolución de las
cláusulas suelo). El balance final del rescate financiero depende también de esas facturas, que juegan claramente en contra.
A ese paisaje, se unen otros quebrantos, con casos concretos, como el de
Catalunya Banc, que recibió 12.052 millones de ayudas públicas y por la que el
BBVA pagó 782 millones, o el caso de la
CAM, saneada con 5.249 millones y absorbida por un euro por el
Sabadell, o el
Banco de Valencia -hoy en
Caixabank-, que costó sanearla 5.498 millones.
Un suma y sigue, en el que entran también las antiguas cajas gallegas (hoy
Nova Galicia/Abanca), en las que el Estado recuperó 783 de los 9.052 millones aportados para reflotarlas.
El rescate bancario, en fin, ha salido demasiado caro, gran parte del dinero público será mucho, y al suceso se unirán nuevos análisis como el del Banco de España en abril, en el que se analizaba otro impacto, el fiscal, de 44.900 millones,
el doble que en la zona euro.
Rafael Esparza
