Segunda sesión del juicio por el Banco de Valencia y segunda comparecencia, este martes, del que fuera consejero delegado de la entidad, Domingo Parra, para el que la Fiscalía Anticorrupción pedía cuatro años de prisión. Parra ya se sentó en el banquillo en febrero, acusado de administración desleal, y aceptó un año y siete meses de cárcel a cambio de colaborar con la Justicia.

Ahora repite la estrategia y ha reconocido en la Audiencia Nacional un delito de administración desleal continuada en la concesión de 312 millones de euros a las empresas del grupo Soler destinados a la compra del 2,4% de Metrovacesa.

Además de Parra, ha declarado Rafael Ruíz-Jarabo, administrador único de Arlette Dome, una de las sociedades prestatarias controlada por María Victoria Soler y Vicente Fons. Ruíz-Jarabo ha admitido que concedió un crédito de 200 millones de euros, que fue posteriormente refinanciado. “No se llevó a cabo ningún análisis previo de viabilidad”, han reconocido Parra y Ruíz-Jarabo.

El caso contrasta con el de las tarjetas black, tan mediático como intranscendente en la crisis financiera. Porque lo que causó la crisis del sector no fueron los 12 millones que se gastaron 66 consejeros de Bankia durante nueve años, sino los créditos por 312 millones que luego resultaron fallidos. Pero estos créditos son menos mediáticos que las tarjetas y, además, más difíciles de perseguir.