Referimos en Hispanidad el desastre de la ‘talibana’ verde Teresa Ribera, que quería ser la estrella en la COP28, mientras en España falta regulación que impulse las renovables. Ahora que la Cumbre del Clima celebrada en Dubái ya ha terminado, se sabe que no ha logrado lo primero, pues el que ha triunfado ha sido Ignacio S. Galán, presidente de Iberdrola. Y en el entretanto, el sector energético se ha plantado, exige menos palabrería ecológica y mucha más inversión en redes de transporte y distribución de electricidad, un tema que es urgente y clave para que avance la transición energética.

La vicepresidenta tercera insiste en querer ser la más verde del planeta, pero no ha dudado en usar el avión para viajar a Dubái: debería haber usado una combinación de paseo a pie, bicicleta eléctrica -medio de transporte en el que Ribera tiene experiencia, al igual que Pedro Sánchez (quien prefiere el caro y contaminante Falcon), el nuevo y polémico ministro Óscar Puente y el ya ex comisario europeo Frans Timmermans-, velero, camello o caballo, etc. También deberían haber prescindido del jet privado otros líderes y delegados que han acudido a la COP28 para ser más coherentes en su lucha contra el cambio climático, y deberían haber adoptado una planta para reducir su huella de carbono, como ha hecho el diputado asturiano Javier Jové Sandoval (Vox)… y sin olvidar que la idea progre que se está extendiendo es que la mejor solución es erradicar la raza humana. ¡Empiecen a dar ejemplo, señores líderes!

Tras el acuerdo alcanzado en la COP28 para iniciar la salida de los combustibles, no su fin,… Ribera intenta disfrazar de triunfo su fracaso, porque quería objetivos más duros. Y uno de los disfraces es el acuerdo para la reforma del mercado eléctrico europeo… bajo la presidencia española de la UE que tanto aplaudió el pasado octubre (como se puede ver en el vídeo colgado por su Departamento) ahora que, tras los diálogos, se acaba de alcanzar un acuerdo provisional entre el Consejo y el Parlamento Europeo, que será ratificado por los 27 Estados miembros la próxima semana. Una reforma con la que el Consejo Europeo presume de que los consumidores estarán mejor protegidos, habrá mayor estabilidad de precios y más electricidad verde. Veremos qué sucede. Lo que conviene recordar es que se trata de una mini-reforma del mercado eléctrico, donde lo más destacable es: la apuesta por los contratos de compraventa de energía a largo plazo (los llamados PPA); los contratos por diferencia (CfD) para inversiones en nuevas centrales de energía eólica, solar, geotérmica, hidroeléctrica y nuclear (en esto último ha peleado mucho Francia y España ha tragado e incluso ha apoyado con hipocresía, pese a que dentro de sus fronteras quiere cargarse sus siete reactores sí o sí); y la creación de mecanismos de pagos por capacidad, un tipo de ayudas que incluirán que, de forma excepcional, se pueda cambiar la propuesta española de limitar su acceso a centrales que emitan más de 550 gramos de CO2 -por ejemplo, las de carbón de los territorios insulares-. Y por cierto, en dicha mini-reforma, Ribera ha destacado el papel del eurodiputado socialista Nicolás González Casares y el equipo de energía de Bruselas. 

En el entretanto, ya saben que Ribera sólo apuesta por las energías renovables. Sin embargo, es urgente que eleve la inversión en redes de transporte y distribución de electricidad, porque el gran despliegue de renovables que pretende supone multiplicar los centros productivos de energía y conectarlos a las redes. Ahora mismo, en el tema de las redes no sólo falta regulación, sino también inversión, y es necesario eliminar este cuello de botella que lastra el avance de la transición energética. Pero claro, Ribera no recibe a las empresas energéticas españolas, prefiere cargar contra ellas, y sólo quiere hablar con los ecologistas.

El pasado noviembre salió a la luz un informe de PwC sobre las redes de distribución eléctrica en España, donde se apuntaba que podríamos quedarnos atrás si no se aborda el aumento de la retribución en redes (el actual desincentiva las inversiones), así como la necesidad de establecer un marco predecible y estable que brinde seguridad jurídica a los inversores. La consultora aludía que ante la demanda creciente de energía limpia para capitalizar el impulso y cumplir con los objetivos de descarbonización, es esencial realizar inversiones inmediatas y sustanciales en las redes eléctricas. Al hilo de esto hay que recordar que las inversiones en infraestructuras las suele hacer el Estado (en este caso de las redes eléctricas le correspondería a Redeia, el operador del sistema eléctrico español y transportista de electricidad que preside la ex ministra socialista Beatriz Corredor), claro que en caso de que se opte por que dichas inversiones las hagan las empresas privadas, el Estado debe pagarles a estas.

La AIE señala que una ratio normal de inversión en redes frente a nueva capacidad renovable instalada debería rondar los 0,7 M€/MW de aquí a 2030, sin embargo, según los datos del borrador del PNIEC 2021-2030 que se está revisando este año, la ratio se situaría en 0,45 M€/MW, un 35% por debajo de lo que se necesita

PwC también señalaba en su informe otro elaborado por la Agencia Internacional de la Energía (AIE) que alertaba del riesgo de que no se pueda llevar a cabo la descarbonización de la economía y, por tanto, la transición energética, si no se mejoran y expanden las redes eléctricas. Es más, la AIE estima que se debe duplicar la inversión en estas redes a 2040 para cumplir los objetivos climáticos y garantizar la seguridad de suministro, y el primer paso es eliminar las barreras administrativas (simplificar trámites, incluidos los de proyectos renovables, como ha pedido recientemente Loreto Ordóñez, CEO de Engie España), planificación a largo plazo y que se pueda ir adaptando a las necesidades, y permitir inversiones anticipadas. Actualmente, hay más de 3.000 GW de proyectos de energía renovable a la espera de redes eléctricas en todo el mundo, y sólo en Europa, la Comisión Europea calcula que sus redes precisarán unas inversiones de 584.000 millones de euros en la presente década para acompañar la electrificación de la economía.

La consultora refiere que si, por ejemplo, se descarbonizara entre el 50-60% del calor industrial, el incremento de la demanda eléctrica sería de 200 TWh adicionales (pasando de los actuales 250 TWh a 450 TWh), lo que supondría un 80% más que la demanda eléctrica actual. Al hilo de esto, la AIE señala que una ratio normal de inversión en redes frente a nueva capacidad renovable instalada debería rondar los 0,7 M€/MW de aquí a 2030, sin embargo, según los datos del borrador del PNIEC 2021-2030 que se está revisando este año, la ratio se situaría en 0,45 M€/MW, un 35% por debajo de lo que se necesita. Como ven, las cuentas no salen para tanto despliegue verde que quiere Ribera, a pesar de que dicho PNIEC contempla inversiones acumuladas en redes por 53.000 millones, no será suficiente y se debe empezar cuanto antes. Por ahora, el Departamento de Ribera prefiere presumir del desarrollo de renovables, olvidado que para que este se cumpla se necesita invertir sí o sí en redes.