Llega una nueva advertencia desde el sector energético al nuevo Gobierno Sánchez, en esta ocasión en boca de Loreto Ordóñez, consejera delegada de Engie España, en un encuentro empresarial organizado por las patronales CEOE y Cepyme. Y se vuelve a mentar la falta de seguridad jurídica... que tanto espanta a los inversores.

Esta ingeniera asturiana sabe de lo que habla, pues lleva más de 25 años trabajando en el sector energético y desde 2011 está al frente de la energética francesa en nuestro país. Entre otros aspectos, se ha quejado de la elevada burocracia porque se tarda cuatro años en tramitar proyectos y considera que se deben “alinear los objetivos políticos con los de tramitación de proyectos”.

Ordóñez ha recordado que Engie planea aumentar su capacidad instalada de 1.800 megavatios (MW) a 3.000 MW en 2026... y “si cada MW es un millón”, es mucho dinero a invertir, criticando que el impuestazo energético desincentiva la inversión, pero aún más lo hacen “la volatilidad y la falta de previsión”

En su carta para Papá Noel (pensada para el corto plazo), incluye la mejora del tema de la permitología y también de los accesos a redes, porque se puede invertir y desarrollar muchas energías renovables pero estas se tienen que conectar a la red, y se iba a hacer una subasta de dichos accesos en el verano de 2020 que “seguimos esperando”. Por su parte, en su carta a los Reyes Magos (de cara al largo plazo), subraya que “un negocio de infraestructura no se improvisa”, por lo que debe haber “una política clara”. Esperemos que Teresa Ribera, que estaba muy entretenida en la COP28, tome buena nota de las peticiones. 

Ordóñez ha considerado que el impuestazo energético “era puntual y no se puede convertir en estructural”. De hecho, espera que 2024 sea su último año en vigor, pese a que el acuerdo entre PSOE y Sumar incluía su prórroga, porque las energéticas “necesitamos invertir”. Esta ingeniera ha recordado que a Engie le afecta dicho gravamen, porque facturó 7.000 millones de euros en 2022 (no así Enagás, que se libró por poco, al ingresar 970,3 millones), y planea aumentar su capacidad instalada de 1.800 megavatios (MW) a 3.000 MW en 2026... y “si cada MW es un millón”, es mucho dinero a invertir y “el capital no entiende de banderas, sino de seguridad jurídica, marco regulatorio estable y facilidad de trámites”. Un impuesto que considera que desincentiva la inversión, pero aún más lo hacen “la volatilidad y la falta de previsión”. Y por ahora, no ha referido que Engie se replantee sus inversiones en España, como sí han advertido desde Repsol tanto Josu Jon Imaz como Antonio Brufau, desde Endesa a través de José Bogas, mientras Santander, BBVA e Iberdrola están tentados de seguir los pasos de Ferrovial, y recientemente, el director de Regulación de Iberdrola España, Patxi Calleja, ha reclamado las mismas reglas fiscales en España que en el resto de Europa. 

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La CEO de Engie España también ha defendido que se debe trabajar no solo en términos de descarbonización sino de reindustrialización y que se debe apostar por lograr más autonomía energética y menos tensiones en la cadena de suministros. Aunque ahora el escenario de precios de la energía está algo más calmado, Ordóñez cree que hay costes elevados de financiación (principalmente por las sucesivas subidas de tipos de interés), grandes tensiones de suministro (que primero se vieron en la fotovoltaica y ahora en la eólica) e inflación, lo que “aumentará el coste de la energía renovable y generará volatilidades”. Asimismo, refiere que no se pueden esperar grandes inversiones en tecnologías que hoy no son rentables (por ejemplo, el hidrógeno verde, que sigue costando cuatro veces más que el gris) a corto y medio plazo sin mecanismos de apoyo, algo en lo que propone imitar a EEUU y su Ley de Reducción de la Inflación (IRA, por sus siglas en inglés) con créditos fiscales directos.