La vicepresidenta ecológica, Teresa Ribera, insiste en el error de asfixiar a la energía nuclear, como se pudo ver hace unos días en un desayuno informativo de Europa Press. Allí quedó claro que quiere subir la tasa Enresa sí o sí, pero ahora propone hacerlo un 30%, no un 40%, como hace unos meses.

La ministra para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico avanzó que ha sacado a consulta pública el Real Decreto de modificación de la tasa Enresa, que recoge una subida del 30%, pasando de los 7,98 euros/MWh actuales a los 10,32 euros/MWh. Recuerden que el Departamento de Ribera volvió a empezar desde cero la tramitación de dicho Real Decreto, pero aún no se sabía la propuesta de subida concreta, después de tener que dar marcha atrás a la propuesta de incremento del 40%, a 11,14 euros/MWh, a partir del próximo 1 de julio, contra la que Foro Nuclear presentó alegaciones.

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Esta asociación que representa a la industria nuclear española y preside Ignacio Araluce sigue estando en desacuerdo con el incremento de la tasa Enresa, pues no se han tenido en cuenta sus anteriores alegaciones, sino que el Ministerio sólo ha hecho un reajuste en los números de sus cálculos. Por ello, volverá a presentar alegaciones contra la propuesta de subida del 30%.

Araluce refirió que pagan “por cada megavatio que producimos 8 euros para Enresa en gestión de residuos y desmantelamiento futuro, y unos 15-17 euros/MW de impuestos, de los cuales algunos son autonómicos y redundantes”, mientras “en Francia las centrales pagan unos 4 euros/MWh en impuestos”

No hay que perder de vista que el séptimo Plan General de Residuos Radiactivos (PGRR) aprobado ha elevado el coste sobre lo pactado con los titulares de las centrales nucleares (Iberdrola, Endesa, Naturgy y EDP) en 2019 cuando se acordó el calendario de cierre progresivo de centrales entre 2027 y 2035... y también se pactó subir como máximo un 20% la tasa Enresa, la cual supone un pago de 450 millones de euros anuales. El mayor coste se debe a la falta de consenso entre las diferentes instituciones involucradas y, por tanto, Foro Nuclear cree que en ningún caso debería imputarse a las centrales.

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Todo esto sucede en un contexto en el que la nuclear ya está bastante asfixiada a impuestos, pues paga 25 euros/MWh, lo que supone el 35-40% de sus ingresos totales. En concreto, hasta ahora, abona entre 10 y 12 euros/MWh en impuestos nacionales, locales y tasas; entre 5 y 6 euros/MWh en impuestos autonómicos; y 8 euros/MWh en la tasa Enresa. En noviembre de 2022, en su entrevista con Hispanidad, Araluce refirió que “pagamos por cada megavatio que producimos 8 euros para Enresa en gestión de residuos y desmantelamiento futuro, y unos 15-17 euros/MW de impuestos, de los cuales algunos son autonómicos y redundantes”, y también destacó que “en Francia las centrales pagan unos 4 euros/MWh en impuestos. Si a nosotros nos bajaran los impuestos, la energía nuclear sería más barata”.

En el citado evento de Europa Press, Ribera no sólo habló de la tasa Enresa, también de que su “impresión” es que no habrá centrales nucleares en 2035. Respecto a los cierres, presumió de que “es un muy buen calendario para España, para los españoles, para los propietarios de las centrales, para el sistema eléctrico y para los enormes profesionales del sector nuclear”. ¿En serio? Pues nada más lejos de la realidad, señora Ribera. Por ejemplo, así lo demuestra en un vídeo Alfredo García (más conocido en X como Operador Nuclear, que es ayudante de jefe de turno en la central nuclear de Ascó, tiene licencia de operador de reactor y supervisor, y también es ingeniero de Telecomunicaciones, licenciado en Comunicación Audiovisual, divulgador científico y escritor), donde insiste en que “cerrar las centrales nucleares es un suicidio energético”. Y es que son tan sostenibles como las renovables, necesarias para la descarbonización (como han reconocido en la primera cumbre nuclear celebrada en Bruselas y en la COP28), hay una buena gestión de sus residuos que incluso se reciclan en algunos países... Una energía que resurge en todo el mundo, menos en Alemania (donde ya se ha cerrado, impulsando el gas y hasta el carbón) y en España, y la Agencia Internacional de la Energía (AIE) ya nos ha echado la bronca por insistir en el cierre de los reactores, que disparará el uso del gas como respaldo de las renovables. García también refiere que con el cierre nuclear en España, se echarán a la calle a 30.000 profesionales altamente cualificados y “tendremos una electricidad más sucia y más cara”. 

La vicepresidenta ecológica también insistió en sólo defender las renovables como “la mejor solución, la que tiene menor impacto ambiental y la que genera mayor beneficio social”, mientras los expertos defienden que nucleares y renovables son energías complementarias y el binomio perfecto para asegurar el suministro eléctrico y reducir sus emisiones de CO2. Prefiere obviar que la energía nuclear y las renovables son las fuentes más seguras y limpias de electricidad, como recoge Our World in Data. 

Claro que la soberbia de Ribera no tiene límites, pues no se ha reunido ni una sola vez con Foro Nuclear, a ver si tiene más suerte Econucleares, la primera asociación ecologista pro-nuclear, pues ya saben que le encantan los ecologistas. Todo ello, en una energía que es fuente de estabilidad, robustez y competitividad, a la vista de los resultados provisionales de 2023 obtenidos con datos de Redeia: aportó el 20,34% de la producción de electricidad, siendo la segunda fuente de generación tras la eólica, pero con muchísima menos potencia (7.117 megavatios, el 5,71% del total) y de forma mucho más eficiente y competitiva al funcionar el 87,06% de las horas del año, y ayudando a contener el precio de la luz y evitando 20 millones de toneladas de CO2. En concreto, la nuclear funcionó 7.626 horas frente a las 2.040 de la eólica o las de la solar térmica y las 1.515 de la solar fotovoltaica, o sea, muchísimas menos horas aunque cuentan con unas respectivas potencias mucho mayores (de 24,65%, 1,85% y 19,77% sobre el total). 

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Si se mantiene el cierre nuclear, se necesitarán casi 30.000 MW de eólica o bien más de 40.000 MW de fotovoltaica para sustituirla. Y ojo, la gestión de la red eléctrica, que ya necesita urgentes inversiones porque está habiendo apagones, será mucho más complicada y será necesario el desarrollo de almacenamiento y cambios. Para la central de Almaraz ha empezado a correr el tiempo en contra este año, porque un cierre y desmantelamiento se empieza a preparar tres años antes, a pesar de que ha sido la que más ha aportado al sistema eléctrico de nuestro país en 2023: produjo 16.927 GWh y evitó la emisión de 5,5 millones de toneladas de CO2. Ahora trabaja en dos escenarios posibles (el cese y la prórroga operativa) y de hecho, el reactor 2 ha empezado el pasado 3 de abril su vigésimo octava parada de recarga de combustible incorporando a más de 1.200 trabajadores adicionales. El director de la central nuclear extremeña, Rafael Campos, ha destacado que “Almaraz está perfectamente preparada para continuar dos, cinco o 10 años más. Nos hemos modernizado, el año pasado invertimos 50 millones de euros y este año vamos a invertir otro tanto”. Por su parte, la presidenta de la Junta de Extremadura, la pepera María Guardiola, ha exigido la prolongación de su vida útil, tras reunirse con Javier Dies, consejero del Consejo de Seguridad Nuclear (CSN).