Parece que hay consenso con el problema de la vivienda en España: falta oferta, ante una demanda que no para de crecer. Por tanto, no hay que ser un experto para saber que lo necesario y urgente es construir vivienda, pero a los mandos tenemos a Sánchez y a Isabel Rodríguez. 

Vamos con la noticia, Patrizia, empresa alemana especializada en gestión de inversiones inmobiliarias, ha comenzado con la venta de los pisos que tenía puestos en alquiler. ¿El motivo? El tope de precios al alquiler por zona tensionada que ha aprobado la Generalitat de Cataluña, gracias a la Ley de Vivienda del Gobierno. 

Hablamos de nada más y nada menos que 542 viviendas repartidas en siete promociones, en Barcelona, Sagrera, Sant Just Desvern y Badalona. A los topes de precios se suma el Decreto ley 5/2025, publicado en el Diario Oficial de la Generalitat de Cataluña, por el que se aprobaba una subida impositiva del ITP y AJD, creando un nuevo tipo impositivo del 20% para los grandes tenedores en el TPO (Transmisiones Patrimoniales Onerosas), aplicado en las transmisiones de edificios enteros de vivienda a favor de una persona física o jurídica.

En paralelo, el Instituto Nacional de Estadística (INE) publica los datos de compraventa de viviendas de marzo, disparadas un 40,6% respecto al mismo mes de 2024, hasta un total de 62.808 operaciones, su mayor cifra en este mes desde 2007, cuando se superaron las 74.000 compraventas. Los pisos nuevos avanzan un 64,2%, hasta las 14.562 operaciones, y las viviendas usadas un 34,8%. En el primer trimestre del año, la compraventa de viviendas ha aumentado un 20,7%, con repuntes del 36,9% para las viviendas nuevas y del 16,5% para las usadas.

Que el precio de la vivienda se dispare es un problema y un hecho, pero más grave es que el Gobierno insista en su política de topes de precios y las zonas tensionadas, cuando se ve que no funciona. A lo que hay sumar el miedo -lógico- que tienen los propietarios por la okupación. Aunque Sánchez insista en que es un bulo, parece que no lo es tanto. 

El último estudio de Idealista sobre el mercado, demostraba que la Ley de Vivienda de Sánchez ha provocado que desaparezca más de la mitad de la oferta y que los precios se disparen un 30%. En paralelo, no se construye vivienda nueva, por lo que el stock de pisos en venta no aumenta, lo que motiva que empiecen a subir los importes de las casas.