Decíamos que la corrupción sanchista avanza, sobre todo, en las últimas horas, tras las detenciones de la ‘fontanera’ del PSOE, Leire Díez; el expresidente de la SEPI, Vicente Fernández; y Antxon Alonso (uno de los propietarios de Servinabar, empresa navarra de la que Santos Cerdán controlaba un 45%). Dicha corrupción va salpicando cada vez a más empresas, la aerolínea Plus Ultra y Forestalia se colocaron bajo la lupa el jueves 11. Recuerden que está última cobró gran fama hace unos años por ser la gran adjudicataria en las subastas de las energías renovables y su fundador, Fernando Samper (más conocido como ‘el charcutero’ por ser miembro de la familia que posee Grupo Jorge, la tercera empresa cárnica española) se ha convertido en el ‘el rey’ de la especulación con las energías verdes. 

El jueves 11 la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil registró las sedes de Forestalia en Zaragoza y Madrid. ¿El motivo? Esta empresa y otras (incluida Servinabar) están siendo investigadas por posibles irregularidades en contrataciones públicas. Claro que también se registraron las sedes de las empresas públicas SEPI, Sepides, Enusa y Mercasa; la asesoría fiscal Conaudire; y Cemsal. La investigación está dirigida por el juez de la Audiencia Nacional Antonio Piña, en coordinación con la Fiscalía Anticorrupción; la cual se está desarrollando bajo secreto de sumario y ha conllevado hasta 19 registros o requerimientos de información en empresas y domicilios de Madrid, Zaragoza, Sevilla y Navarra. A todo esto, se suma este viernes que la UCO se ha personado en Correos, así como en el Ministerio de Hacienda y en el de Ministerio Transición Ecológica y el Reto Demográfico, para buscar expedientes de contratación pública. 

Volvamos a Forestalia. Se trata de una empresa de energías renovables que fundó el empresario zaragozano Fernando Samper (más conocido como ‘el charcutero’), en 2011. Desde entonces, ha centrado su actividad en promover proyectos relacionados con las energías eólica, fotovoltaica y de biomasa. En especial, dio la sorpresa en las subastas de renovables de los años 2016 y 2017, cuando se hizo con 1.924 megavatios (MW), pero más adelante, buscó compradores o socios para parte de esos megavatios, aumentando así la burbuja especulativa con las energías verdes en nuestro país. Dicha empresa también resultó ser una de las ganadoras en la subasta que se dio en el otoño de 2021, ya con Teresa Ribera como vicepresidenta ecológica del Gobierno Sánchez.

Cabe recordar que Antxon Alonso, que ha sido detenido el jueves 11, fue representante de Forestalia en un proyecto de líneas de alta tensión que cruzaba Navarra pero que iba desde Vizcaya hasta Zaragoza. Forestalia también ha estado bajo lupa por tener en nómina a 11 políticos y ex altos cargos del Gobierno de Aragón e incluso se investigó la tramitación de algunos proyectos renovables en las Cortes de Aragón, pero no se detectaron irregularidades. Ahora, se ve salpicada por el caso Santos Cerdán... y habrá que esperar para ver qué sucede. 

Al parecer, Forestalia creó, junto a la empresa de la familia Sumelzo (familia de la actual secretaria de Estado para Iberoamérica y el Caribe, Susana Sumelzo), un enjambre de 850 sociedades vinculadas a licencias eólicas y fotovoltaicas que le concedieron tanto el gobierno autonómico cuando lo dirigía el socialista Javier Lambán (fallecido el pasado 15 de agosto) como el Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico, Teresa Ribera, según informa Libertad Digital. Un entramado de cientos de sociedades que está siendo investigado por la UCO. Todo esto refleja una especie de vademecum de la corrupción: primero se consigue un ‘amigo’ o contacto político para obtener la licencia que se quiere conseguir, una vez obtenida se acude al banco para conseguir financiación, después se empiezan las obras... y se pueden acabar o no, y pasar a vender el proyecto así o bien cuando ya esté listo para operar... y sacar una buena tajada, o sea, especulación con las energías verdes. 

Además, Forestalia recibió casi 3 millones de euros en subvenciones del Ministerio de Hacienda que dirige María Jesús (Marisu) Montero, según informa Vozpópuli. Unas subvenciones que forman parte del programa estatal Incentivos Regionales para la corrección de los desequilibrios económicos interterritoriales, con el que se buscaba impulsar inversiones en zonas consideradas prioritarias.