Parece que Coca-Cola European Partners (CCEP) no quería otro conflicto, como el que vivió hace unos años en Fuenlabrada por el cierre de la planta y los despidos. Ahora ha tirado de talonario y ha pactado con los sindicatos el ERE de 360 empleados de España: lo hará vía prejubilaciones y bajas voluntarias incentivadas. Así, ha logrado que se desconvocara la huelga prevista para el jueves 18 y el lunes 22. 

La ‘megaembotelladora’ europea del famoso refresco que preside la española Sol Daurella ha abierto la posibilidad de que haya recolocaciones en distribuidores, según ha informado el sindicato Central Sindical Independiente y de Funcionarios (CSIF). Asimismo, está negociando unas bajas incentivadas para el personal eventual de 45 días por año trabajado y 42 mensualidades. CSIF ha valorado de “manera positiva” el acuerdo, pero ha advertido que “permanecerá vigilante” para que se cumpla lo acordado.

Este ERE afecta a 360 empleados, lo que supone el 10% de su plantilla en España, y llega después del cierre de la planta de Málaga (80 empleados), vía traslados a La Rinconada y prejubilaciones 

Recuerden que dicho ERE afecta al 10% de la plantilla en España, en concreto, a trabajadores de las áreas de comercial, atención al cliente e informática. Un nuevo maltrato en lo laboral, pese a que nuestro país es una de las mejores franquicias para Coca-Cola, donde apenas tiene competencia. No hay que olvidar que este ajuste llega después del cierre de la planta de Málaga, que se centraba en el canal Horeca -hoteles, restaurantes y cafeterías-, al tiempo que presume de apoyar a bares, con traslados a la fábrica de La Rinconada (Sevilla) -que actualmente es la más grande de Europa- y prejubilaciones de sus 80 empleados. Además, ha cerrado dos plantas en Alemania. 

Ante este escenario es inevitable pensar en ocurrido en 2014, cuando Coca-Cola hizo un ERE, pese a tener jugosos beneficios, y cerró las plantas de Colloto (Asturias), Palma de Mallorca, Alicante y Fuenlabrada, dejando más de 800 despidos. Claro que el fin de la planta madrileña desencadenó un largo conflicto laboral que duró años y terminó en noviembre de 2018 vía prejubilaciones. Una deslocalización de la producción de Madrid a zonas como Barcelona, Valencia o Sevilla que ha disparado los costes de transporte.

Todo esto refleja como a la ‘megaembotelladora’ parece no importarle pagar prejubilaciones para parar conflictos y hacer los ajustes laborales que desea, ni tampoco pagar más costes de transporte. Y ojo, esta vez no podría utilizar la excusa de unos malos resultados en 2020 (el beneficio menguó un 54,5%, hasta 498 millones de euros, y los ingresos bajaron un 11,5%, a 10.606 millones) ni que Iberia -España, Portugal y Andorra- fue el único mercado europeo donde las ventas caen a doble dígito (-22%), porque estos dos aspectos no le han impedido elevar su oferta por la embotelladora australiana Amatil ni tampoco repartir dividendo.