Aquí muere hasta el apuntador. El caso del Banco Popular empieza a ser, no ya una injusticia, sino la antología del disparate jurídico. La última, cómo no, la ha aportado el juez Santiago Pedraz, del Juzgado Central de Instrucción núm. 5 de la Audiencia Nacional. Pedraz ha retrotraído el caso de la intervención del Banco Popular hasta la ampliación de capital de 2012, prácticamente al límite de su vencimiento legal definitivo. Ojo al dato, don Santiago pretende encausar a los presidente de la CNMV, Julio Segura y Elvira Rodríguez, buscando no se sabe qué, sobre una ampliación de hace una década.

Más importante: su compañero del juzgado de al lado, el cuatro, José Luis Calama, ha decidido que en 2017 -intervención y venta por un euro del Popular al Santander- el banco no había realizado las provisiones necesarias. Y fíjense lo que son las cosas: hasta el momento su Señoría no se había enterado de esa carencia. Es más, el importe de los peritos del Banco de España dictaminaba que el Popular gozaba de buena salud y que valía 11.000 millones de euros. Pero ya lo ven, ahora resulta que los gestores hacían trampa. Al parecer, Calama no está dispuesto a echar por la borda cinco años de instrucción: alguien tiene que ir a la cárcel.  

A todo esto, el fallo, que viene de fallar, del Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TJUE) es el que dictaminó que la vergonzosa intervención del Popular y el regalo de un banco solvente al Santander por un euro estuvo bien hecho. ¿Acaso no lo había perpetrado la JUR de Elke König que es otro organismo europeo?   

Lo dicho: el juez Calama intenta justificar cinco años de infructuoso trabajo como instructor. Un juicio que no encuentra culpables pero ofrece coartada a una intervención tan arbitraria como fracasada. ¿Por qué fracasada? Porque, se lo aseguro, así no podrá volver a liquidarse ningún banco, solvente o en crisis.

Y es que el principio de que cuando se liquida un banco el depositante no es culpable pero el accionista sí, es acertado, nada que oponer. Eso sí, siempre que el banco deba ser liquidado, y no como el Popular, que no debió serlo en modo alguno. Bruselas perpetró unas maniobras con fuego real. No sirvió para nada pero fastidió un buen banco y resulto un robo para los accionistas. Ahora bien, el juez Calama se niega a prescindir de cinco años de infructuoso trabajo, así que, alguien tiene que ir a la cárcel.