Cani Fernández es presidenta interina de la CNMC desde el pasado 16 de junio, cuando expiró su mandato como presidenta por seis años, y dicho mandato es improrrogable. Precisamente, ahora, se ha vuelto más crítica con Red Eléctrica, la filial que opera el sistema eléctrico español y que forma parte de Redeia, la empresa que preside la exministra socialista Beatriz Corredor. Eso sí, el tirón de orejas es por su bajo ritmo de inversiones en redes… y no por el apagón del 28 de abril de 2025, pues al hilo de este último, Fernández ha insistido en abrir expedientes a diestra y siniestra para tapar a la verdadera responsable (Corredor, amiga de Pedro Sánchez).
En un informe preceptivo sobre la planificación 2025-2030 para el desarrollo de la red de transporte en alta tensión, que gestiona Red Eléctrica, y la modificación de aspectos de la planificación vigente, el regulador de la Competencia ha criticado la falta de ejecución de las inversiones clave planificadas, especialmente en control de tensión, según avanza Cinco Días. Dentro de dicha modificación, REE ha pedido destinar 607 millones de euros a nuevas inversiones para reforzar la red, mejorar el control de tensión y amortiguar las oscilaciones… debido al crecimiento masivo de la fotovoltaica y la fuerte asimetría en la zona sur-oeste (casualmente, donde parece que se originó el apagón). La CNMC ha criticado el escaso plazo que ha tenido para valorar la propuesta, la insuficiente información recibida y el hecho de que la cifra supere con creces el nivel máximo permitido en la planificación vigente (343 millones), por lo que tendría que ser financiado por los consumidores en los peajes de la factura de la luz.
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El regulador de la Competencia es partidario de incorporar elementos a la red eléctrica que ofrezcan control para la mejora de la seguridad de suministro, pero pide un análisis integral de las necesidades actuales, las previstas y las futuras. También advierte que los datos reflejan un desfase significativo entre lo planificado y lo realmente ejecutado por REE, así como retrasos, y todo ello genera incertidumbre, cuestiona la capacidad de respuesta del sistema eléctrico ante las necesidades crecientes de estabilidad por la fuerte penetración de renovables, reduce la eficacia del esfuerzo inversor y condiciona el despliegue energético. Además, no hay que olvidar que la CNMC ha modificado la regulación para que las renovables también puedan prestar servicios de control de tensión y que el sistema eléctrico aún funciona en modo de operación reforzada, lo que conlleva un sobrecoste que están afrontando los consumidores en sus facturas.
A las críticas del citado informe, se suman unas curiosas declaraciones de la directora de Energía de la CNMC, Rocío Prieto, señalando que “necesitamos más cabezas pensando qué necesita el sistema”. Prieto considera que “debemos hacer una acción coordinada con empresas, ciudadanos y Administraciones Públicas para avanzar todos juntos”, una “colaboración en beneficio de una mayor rapidez del despegue de generación, en beneficio de los ciudadanos y de la sociedad. La transición energética no se trata de sustituir unas soluciones por otras, o de poner unas reglas por otras, sino de crear entre todos un sistema que permita trabajar a todos y que sea seguro para todos los ciudadanos y todas las empresas”, ha subrayado en el primer foro ‘España Energética’ que ha celebrado El Confidencial.
La directora de Energía de la CNMC ha apuntado que “es evidente que nos hemos encontrado ya con dificultades técnicas”, en alusión al famoso apagón. Asimismo, ha referido que “hemos tenido un gran avance en electrificación pero no estamos siendo capaces de acompasar a la velocidad a la que había sido pensada o diseñada. Vemos que el sistema eléctrico necesita ser cada vez más dinámico y acompasado”. En su opinión, el delicado contexto geopolítico hace aún más necesario que Europa avance en recursos de energía independientes y en la autonomía estratégica, por lo que “la integración de los servicios energéticos, eléctricos y gasistas no debe ser una aspiración, sino una necesidad. Debemos incorporarlos con nuestros vecinos, avanzar en interconexiones y en reglas de mercado que sean viables y maximicen la utilidad de todo el sistema europeo. Necesitamos un sistema autónomo, resiliente y capaz de integrar todas las tecnologías”, ha subrayado. No hay que olvidar que, por ejemplo, en materia de interconexiones eléctricas, España va retrasada en los objetivos: la Unión Europea exige todos los Estados miembros alcancen un nivel de, al menos, el 10% para 2025 y del 15% para 2030, pero nuestro país rondaba los 3.000 MW con Francia y el nivel de la Península Ibérica se sitúa en torno al 2-3%, según datos de REE, muy lejos de los objetivos europeos. Recientemente, España y Portugal han inaugurado una nueva interconexión eléctrica de 400kV por el norte, aumentando la capacidad de intercambio entre ambos países en unos 1.000 MW, hasta un total de 4.200 MW (de España a Portugal) y de 3.500 MW (de Portugal a España).
Volvamos a Cani Fernández, que a través del citado informe y de la directora de Energía, se ha mostrado crítica con REE. Lo hace ahora, como presidenta interina de la CNMC, cargo en el que seguirá hasta que la Comisión de Economía y Transformación Digital del Congreso, y después el Gobierno, arueben el nombramiento definitivo de su relevo: el catedrático Juan José Ganuza (que está emparentado con el vicepresidente primero, Carlos Cuerpo), así como de los planteados para cubrir las sillas de tres consejeros que también han finalizado sus respectivos mandatos (Carmen Balsa, Joan Capdevila y Marina Echebarría). Estos cuatro nombres se conocieron la semana pasada y en un primer momento parecían reflejar que se apostaba por un perfil técnico para liderar la CNMC (como quería Fernández), pero a medida de que fueron pasando las horas se constató que, de nuevo, la izquierda trata de copar el organismo independiente que garantiza la libre competencia. ¡Prrrrr!
Fernández es una abogada cartagenera que nació en 1963, por lo que ha cumplido ya o va a cumplir 63 años. Es experta en derecho comunitario y derecho de la Competencia, pero no se sabe si volverá al bufete Cuatrecasas, donde trabajó desde 1997 y hasta principios de 2020, cuando pidió una excedencia al ser elegida por Pedro Sánchez para integrarse en el equipo de asesores del Gabinete de la Presidencia del Gobierno, que entonces dirigía Iván Redondo. Cabe referir que la excedencia para un bufete u oficina puede durar de cuatro meses a cinco años, y entre otros motivos, se otorgan por hasta tres años para el cuidado de los hijos y por hasta dos años para el cuidado de un familiar. En el caso de Fernández, la excedencia en Cuatrecasas habría caducado en 2025. Recientemente, ha reconocido que en su etapa en la CNMC ha habido “momentos duros, momentos de presión, críticas y soledad institucional. Pero una autoridad independiente no está para elegir la comodidad, sino para asumir la responsabilidad” y ha destacado que “la independencia se demuestra cuando la decisión es difícil, cuando disgusta a unos y a otros, y cuando exige recordar que la seguridad jurídica no es una manía de juristas, sino una garantía democrática. La CNMC solo sirve a España si decide con rigor, transparencia y sin obediencias indebidas”. Además, ha refierido que del regulador de la Competencia “me llevo la trascendencia de tomar decisiones orientadas no a ganar un pleito ni a convencer a un cliente, sino a servir al interés general. Esa perspectiva te cambia por completo la mirada; la vuelve más humilde, más exigente y, al mismo tiempo, más serena”. ¿Seguro? Quien lo diría a la luz de sus últimos cartuchos en contra de las energéticas con la apertura de múltiples expedientes por el apagón, en contra de los bancos y su advertencia sobre el caos ferroviario.
