La sede del PSOE madrileño en Madrid se vistió de gala para ofrecer una imagen tan simbólica como reveladora. En una comparecencia pública, el socialismo sanchista ha instalado la bandera republicana, aquella bandera que se alzó en 1931 a consecuencia de unas elecciones municipales convertidas tramposamente en plebiscito de régimen, en un clima de presión, manipulación política y alteración del sentido real del voto. No fue aquello una transición ejemplar ni una demostración serena de legitimidad democrática. Fue el asalto emocional a una legalidad debilitada, el aprovechamiento revolucionario de una circunstancia electoral local y el inicio de una fractura que España pagaría después con sangre, división y ruina.

Lo de siempre. La vieja inclinación de una parte del socialismo español a no respetar las reglas del juego cuando esas reglas no conducen al resultado deseado. La tentación permanente de confundir democracia con poder, legalidad con obstáculo, voluntad popular con agitación organizada. Ya ocurrió en la historia nacional y se ha repetido con otros métodos, dentro del propio partido. Esa vez, en la misma sede de la federación Socialista en la calle de Ferraz, Pedro Sánchez escenificó su regreso al mando orgánico tras unas primarias envueltas en aquella célebre cortina que quedó como metáfora perfecta de su estilo político: oscuridad, maniobra, cálculo, resistencia personal y una extraordinaria capacidad para convertir cualquier derrota en plataforma de supervivencia.

El PSoe de Sánchez no parece ya un partido acostumbrado a guardar las reglas del juego. Se ha transformado en una maquinaria de asalto y conservación del poder, propicia a las artimañas, habituada a la deslealtad institucional y dispuesta a utilizar cualquier símbolo, cualquier pacto y cualquier concesión con tal de seguir mandando. La presencia en un acto de una bandera no constitucional delante de una foto del radical Sánchez, no es un detalle inocente. Es una provocación. Es una declaración política. Es la exhibición de una nostalgia rupturista en la casa del partido que ocupa el Gobierno de España, cuando no la amenaza de un proyecto anticonstitucional. Ahí reside la gravedad del gesto. La bandera republicana no es hoy la bandera común de los españoles. No representa el orden constitucional vigente. No expresa la concordia de 1978 ni la legalidad que sostiene nuestra convivencia. Su aparición en la sede socialista madrileña, en plena deriva del sanchismo, no puede interpretarse como simple evocación histórica. Es una forma de decir que el PSoe, cuando se siente cercado por sus propias contradicciones identitarias además de las judiciales, vuelve a buscar refugio en los emblemas de la división.

Sánchez, entretanto, hace un quiebro con su muleta. Un día se envuelve en nuestra bandera constitucional para presentarse como garante del Estado; al siguiente tolera, alimenta o utiliza la otra bandera, la que reclaman quienes nunca han aceptado de verdad la España constitucional. Así muestra dos caras. Una, institucional, fabricada para tranquilizar a los moderados, a Bruselas y a quienes aún quieren creer que el Gobierno conserva algún respeto por el marco común. Otra, rupturista, destinada a satisfacer a sus socios parlamentarios: separatistas, comunistas, herederos del resentimiento histórico y beneficiarios de una política concebida como chantaje permanente. Esa doblez no es una anécdota. Es el método. Sánchez utiliza la Constitución cuando le protege, la bandera nacional cuando le conviene y la memoria republicana cuando necesita excitar a los suyos. Todo sirve a un mismo propósito: mantenerse en el poder, conservar el aforamiento, resistir la presión judicial y prolongar una legislatura sostenida sobre cesiones, silencios, favores y dependencias inconfesables. El resultado es una corrupción moral, política e institucional que ya no puede ocultarse tras discursos de progreso ni apelaciones sentimentales a la democracia.

El PSOE de Sánchez no parece ya un partido acostumbrado a guardar las reglas del juego. Se ha transformado en una maquinaria de asalto y conservación del poder

España contempla este escenario con cansancio, alarma y creciente indignación. A su alrededor se acumulan investigaciones judiciales, sumarios, indicios, declaraciones comprometedoras, personajes turbios, prostíbulos, comisiones, intermediarios, favores, teléfonos intervenidos, silencios sospechosos y explicaciones cada vez menos convincentes. Lo que emerge ante los ojos del país no es solo una crisis política. Es la radiografía de un poder degradado, de una organización que ha confundido el Gobierno con una estructura de protección, el partido con una red de supervivencia y el Estado con un instrumento al servicio de su permanencia, a cuyo frente y en la cúspide se encuentra Sánchez, como antes Zapatero.

El pueblo español, expectante, fatigado y alarmado, asiste a la descomposición de un socialismo que fue partido de Estado y hoy aparece abandonado a su propia deriva. Un PSoe ahogado por los chantajes de sus socios, sometido a las exigencias de quienes quieren romper España y refugiado ahora en el manantial turbio del republicanismo como si una bandera pudiera borrar la evidencia de los hechos. Pero las banderas no limpian los sumarios. Los símbolos no absuelven las responsabilidades. La nostalgia no sustituye a la ley. Y la propaganda no podrá detener indefinidamente el avance de la Justicia. La cuestión de fondo no es solo que una bandera ondee en el recinto del socialismo madrileño, sino lo que representa. Una sede convertida en fortín de resistencia, en laboratorio de relatos, en altar partidista donde se intenta transformar la sospecha en persecución, la investigación judicial en conspiración y la crítica política en ataque a la democracia. El sanchismo ha hecho de esa inversión moral su especialidad. Todo aquel que lo cuestiona es «fachosfera». Todo juez que investiga es sospechoso. Todo periodista que publica es agitador. Todo ciudadano que protesta es enemigo de la convivencia. De ese modo, el poder deja de rendir cuentas y se presenta a sí mismo como víctima. Pero la realidad es más obstinada que la propaganda. La Justicia avanza con sus tiempos, sus garantías y su peso. Avanza con la solidez de la ley, de la razón y de la moral pública. Allí donde el Gobierno maniobra, los jueces preguntan. Allí donde el partido calla, los sumarios hablan. Allí donde la propaganda grita, el procedimiento ordena. Esa es la verdadera defensa de la democracia: no el ruido de la sede socialista, ni la agitación de los símbolos, o la bandera de la ruptura, sino el funcionamiento sereno e implacable del Estado de Derecho.

El PSOE, cuando se siente cercado por sus propias contradicciones identitarias además de las judiciales, vuelve a buscar refugio en los emblemas de la división

Ni la oscuridad de los prostíbulos de donde emergen algunos de los personajes vinculados a esta podredumbre política resulta tan negra como el porvenir que espera a quienes han confundido España con su finca particular. El socialismo sanchista podrá envolverse en la bandera republicana, levantar viejos fantasmas, alimentar trincheras y llamar democracia a su propia supervivencia. Pero hay un límite que ninguna maquinaria de poder puede traspasar eternamente: el de la verdad judicial. España espera que la ley llegue hasta el final, que las instituciones resistan, que el escudo de la democracia dirima en los tribunales la traición política de un PSoe entregado a su deriva, a sus pactos contra natura y a su desesperada voluntad de permanencia, repudiado ya por cada vez mayor número de los suyos. Y espera sobre todo, que quienes han degradado el poder respondan ante la ley, ante la historia y ante una nación que empieza a comprender que la bandera exhibida no era un adorno: es una confesión firme de sus convicciones no constitucionales.