Proseguimos con nuestro 'Diario de la corrupción sanchista', en el que recopilamos la actualidad sobre la corrupción -presunta o no presunta- de miembros del Gobierno de Pedro Sánchez, de su partido, el PSOE, y de su entorno familiar y personal.
1.-Caso Plus Ultra-Zapatero-Venezuela: el pasado 17 de junio, el expresidente del Gobierno, el socialista José Luis Rodríguez Zapatero declaró ante el juez de la Audiencia Nacional José Luis Calama, por los presuntos delitos de organización criminal, tráfico de influencias, blanqueo de capitales y otros conectados (como la falsedad documental o la utilización de sociedades instrumentales para ocultar fondos). Y, en una pieza separada, le investiga también por un presunto delito fiscal y de contrabando debido al hallazgo en su despacho de joyas de alto valor -1,3 millones de euros, según la tasación- y cuyo origen “en estos momentos no está justificado”. El pasado 18 de junio, el juez Calama imputó a las hijas del expresidente del Gobierno Zapatero, Alba y Laura Rodríguez Espinosa, así como a su secretaria, Gertrudis Alcázar. El magistrado cree que hay indicios de que la empresa de Alba y Laura, Whathefav, realizó un "papel instrumental en la canalización, ocultación o facilitación de operaciones relevantes". Cabe recordar que el empresario Julio Martínez Martínez (Julito) --propietario de la empresa Análisis Relevante SL, investigada por su posible vinculación con el presunto blanqueo de capitales relacionada con fondos públicos otorgados a Plus Ultra-- fue detenido por la UDEF el pasado 11 de diciembre, por ser el presunto testaferro del expresidente del Gobierno.
En relación a este caso, el juez Calama ha rechazado el incidente de nulidad de actuaciones del ‘caso Plus Ultra’ presentado por la defensa del expresidente del Gobierno José Luis Rodríguez Zapatero al haber presentado el escrito fuera del plazo de 20 días que prevé la ley desde que la parte tiene acceso material a las actuaciones, informa el CGPJ en nota de prensa.
La defensa de Rodríguez Zapatero había presentado el pasado 25 de junio un incidente de nulidad de actuaciones en el que solicitaba que se declarara la vulneración de varios derechos fundamentales -como recogió Hispanidad- y solicitaba la exclusión del procedimiento de doce resoluciones, entre ellas las de entrada y registro en la oficina del expresidente del Gobierno y el que abría pieza separada para investigar el origen de las joyas incautadas en su despacho.
Ya lo dijimos en su día: la estrategia de la defensa de Zapatero es poner palos en las ruedas a la instrucción del juez Calama y su defensa ha planteado la posible nulidad de algunas pruebas del caso si el magistrado no acredita qué resolución judicial le autorizó para conseguirlas. Es decir, que la estrategia de Zapatero no es negar los graves delitos que se le imputan sino tratar de desactivar las pruebas alegando para ello defectos de forma en la manera de conseguirlas, etc. Pero parece que esta estrategia de defensa no le está saliendo bien...
También ha sido noticia hoy que el juez Calama ha llamado a declarar como investigados al presidente de Plus Ultra, Julio Martínez Sola, y al CEO de la aerolínea, Roberto Roselli, para el 7 y 8 de septiembre, respectivamente. Ambos habían presentado al juez Calama sendos escritos, junto a Julito Martínez, en los que reconocieron el papel de Zapatero en el rescate y explicaron que Plus Ultra pagó "elevadas cantidades de dinero" a Julito Martínez por la presunta mediación de Zapatero en el rescate y añadieron que ambos (Julito y ZP) "sí tenían la pretensión de cobrar por las gestiones a realizar, lo cual fue asumido por ambos de forma sobrevenida de salvar a la compañía, aun cuando desconociesen qué acuerdos internos pudiesen tener".
También en relación al caso Plus Ultra, hoy se ha sabido que el expresidente del Gobierno cobró 49.758 euros de una empresa de Hong Kong especializada en el comercio de oro y piedras preciosas. Ayer, en su entrevista en TVE, Zapatero negó haber traficado con joyas.
Pero es que esta pieza separada del caso Plus Ultra, en la que el juez Calama investiga el origen de las joyas valoradas como mínimo en 1,3 millones de euros, sigue dando que hablar. Porque la Fiscalía Anticorrupción ha pedido al juez Calama que amplíe el análisis de las citadas joyas para saber el valor actual de mercado de las joyas (Fiscalía Anticorrupción cree que puede ser mayor que los 1,3 millones) y también para averiguar cuándo se engarzaron, es decir, la fecha exacta de su montaje. Cabe recordar que el juez dio al expresidente un plazo para explicar el origen de las joyas, plazo que ha sido rebasado con creces. Y el silencio de Zapatero, se trata de un indicio más contra é, pese a que ayer explicó en la entrevista que lo explicaría en sede judicial...
También se ha sabido hoy que su presunto testaferro, Julio Martínez (Julito), está dispuesto a seguir colaborando con la justicia, tras su reciente declaración (21 de julio) ante el juez Calama en la que se ratificó en su escrito enviado previamente al magistrado: que Zapatero intervino en el rescate de Plus Ultra, por el que se llevó una comisión del 1% (unos 530.000 euros del total de 53 millones); y que el expresidente socialista «marcaba los pasos a seguir» en la trama que se dedicaba a blanquear fondos internacionales. Julio Martínez (Julito) estaría ahora dispuesto a dar información sobre el presunto cobro de mordidas de Zapatero en la compraventa de petróleo venezolano por parte de empresas chinas y sobre sobre los otros clientes que tuvo su presunta sociedad instrumental, además de Plus ultra.
Esto del petróleo abriría una nueva línea de investigación contra Zapatero, gracias a la confesión de Julio Martínez (Julito), que parece dispuesto a convertirse en un nuevo Víctor de Aldama...
2.-Caso Koldo: dentro del caso Koldo, el Tribunal Supremo condenó el pasado 22 de junio, en el caso mascarillas (una trama de comisiones a cambio de obras públicas y contratos de suministro de material médico) al exministro José Luis Ábalos a 24 años y 3 meses de prisión; y a su exasesor Koldo García a 19 años, ocho meses y un día de prisión por delitos de organización criminal, cohecho, malversación y tráfico de influencias; mientras que a Víctor de Aldama, al que condenó a 4 años y 6 meses de prisión por delitos de organización criminal y cohecho, le libró de la cárcel por colaborar con la justicia. Pero en el caso Koldo hay otra parte, la investigación sobre los presuntos amaños en adjudicaciones de obra pública y de contratos públicos de material sanitario en pandemia (sobre todo en Canarias y Baleares), que está siendo investigada por la Audiencia Nacional, concretamente por el juez Ismael Moreno, después de que el Supremo se la enviase tras la renuncia de Ábalos a su acta de diputado. En esta parte están siendo investigados el exnúmero dos del PSOE Santos Cerdán, por los supuestos delitos de organización criminal, cohecho (soborno), tráfico de influencias y corrupción -la UCO le vincula con la trama de cobro de comisiones del 2% en obras públicas adjudicadas por el Ministerio de Transportes-. Y también Víctor de Aldama. También es investigada en este caso la empresa navarra Servinabar, propiedad de Joseba Antxon Alonso, asimismo imputado.
En relación a este caso, el juez Ismael Moreno ha pedido a la Agencia Tributaria información fiscal de tres de las constructoras que están siendo investigadas por el presunto amaño de contratos de obra pública: se trata de MER Construcción, Levantina Ingeniería y Construcción (LIC) y Obras Públicas y Regadíos (OPR).
Detrás de esta diligencia del juez cabe situar la siguiente sospecha: ¿se trata de un nuevo caso del 3% (la comisión que se llevaban políticos catalanes por adjudicar obras), pero esta vez en el PSOE...? El de las comisiones por adjudicación de obras públicas es el caso de corrupción por antonomasia en España...
Por otra parte, en Navarra, la presidenta autonómica María Chivite (del PSOE) ha comparecido en el Parlamento foral para hablar sobre el último informe de la UCO sobre Santos Cerdán. "Nunca van a encontrar nada sobre mí. No van a conseguir que me vaya por muchos informes de la UCO que se hagan". “Para su desgracia, señorías de UPN, cuanto más se investiga y más se avanza en los tribunales, más queda claro que no hay nada de nada sobre mí”, ha afirmado Chivite.
La presidenta foral ha indicado que “la única intervención que ha tenido este gobierno” en relación con el citado informe de la UCO “es la colaboración con la Justicia para dar información y contribuir al buen desarrollo de la investigación, como así se acredita”. Y ha añadido que “no hay sombra de duda sobre las licitaciones” de su gobierno “ni investigaciones abiertas”.
