Cada vez quedan menos dudas de quién va a seguir pagando las consecuencias del apagón del 28 de abril de 2025, pese a que la principal culpable fue la exministra socialista Beatriz Corredor, presidenta de Redeia (matriz de Red Eléctrica). Y encima, ahora se estima que las energéticas, y por ende, sus clientes, afrontarán un coste de más de 1.000 millones de euros en multas de la CNMC a través de sus expedientes sancionadores (ya va por 68, pero la lista seguirá creciendo), según avanza Expansión.
Recuerden que tras el famoso apagón, Corredor puso en marcha la operación reforzada en Red Eléctrica, la cual ha encarecido la factura eléctrica y sigue en vigor, aunque la Comisión Europea está pidiendo que le ponga fin. Ese modo de operación obliga al sistema eléctrico a recurrir de forma intensiva a las centrales de ciclo combinado de gas para mantener la estabilidad de la tensión eléctrica, pero hay que pagarlo... y en lo que va de año, su coste ha ascendido a 2.300 millones de euros, según ha estimado la patronal eléctrica Aelec.
Corredor no sólo es ex ministra socialista sino amiga de Pedro Sánchez, y cuenta con el Gobierno y la CNMC como grandes protectores frente al desastre del apagón. Eso sí, Corredor no ha tenido el más mínimo reparo en cargar contra ambos al criticar la regulación y retribución de Red Eléctrica como las peores entre los TSO (gestores de la operación y las redes de transportes de electricidad) europeos.
En el regulador de la Competencia, Cani Fernández afronta sus últimos días como presidente, pues su mandato acaba el próximo 16 de junio, al igual que los de los consejeros Josep María Salas y Carlos Aguilar, claro que todos deberán continuar de forma interina hasta que se nombre a sus sustitutos. Fernández se colgará la medalla de haber abierto más expedientes sancionadores al sector energético... y no sólo por el apagón: 379 de un total 589, aunque esperaba haber sido más sancionadora porque abrió la tramitación de casi 14.700 procedimientos. Sólo en el caso del apagón, el organismo ha incoado 68 expedientes sancionadores hasta el momento (el último le cayó a Endesa el pasado 19 de mayo y acumula un total de 19, sólo por detrás de Iberdrola, que lleva 24; y también hay renovables afectadas -Mercuria Sostenible-), pero se prevé que la lista siga creciendo. Estos expedientes sancionadores podrían conllevar multas: en el caso de las infracciones muy graves, de hasta 60 millones; y en el de las infracciones graves, de hasta 6 millones; o como máximo de 600.000 si alguno se debe a infracciones leves.
