El famoso apagón sigue teniendo protagonismo cuando ya ha celebrado su primer aniversario debido a varios motivos: por un lado, Beatriz Corredor extiende su caradura con Red Eléctrica manteniendo la operación reforzada... que eleva la factura eléctrica; y por otro, la CNMC insiste en la teoría del ventilador para que cale la idea de que ‘todos son culpables’ y más adelante, quizás apostará por la de que ‘todos son inocentes’,... y todo ello para esconder y proteger al verdadero culpable: la exministra socialista y amiga de Pedro Sánchez que preside Redeia (matriz de Red Eléctrica). Ahora el regulador de la Competencia que preside Cani Fernández (quien ya está en línea de salida porque su mandato acaba el 15 de junio) ha abierto ocho nuevos expedientes sancionadores... y ya lleva 64 desde el pasado 16 de abril. En concreto, los incoó el pasado 23 de abril, junto a otros 35, pero se han conocido recientemente. De esos ocho nuevos expedientes, seis han ido para Naturgy, uno para Iberdrola y otro para la Central Térmica Ciclo Combinado Grupo 4 (sociedad que está participada mayoritariamente por la energética lusa EDP y que se dedica a generar electricidad en el grupo 4 de la central de Soto de Ribera, en Asturias).

Hasta ahora, la CNMC ha incoado 64 expedientes sancionadores y las energéticas que más han recibido han sido: Iberdrola, con 25; Endesa, con 17; y Naturgy, con 11. La semana pasada, en la Junta de Accionistas de Endesa, José Bogas dio su último discurso como CEO (cargo en el que le ha relevado el italiano Gianni Vittorio Armani) antes de pasar a consejero y apuntó a que el 28 de abril de 2025 “todas nuestras centrales de generación operaron correctamente según lo previsto”. Un día después, en la conferencia con analistas para presentar los resultados del primer trimestre, Naturgy ya habló de 11 expedientes y resaltó que ninguno estaba relacionado con el apagón.

Tras las citadas energéticas, se colocan por expedientes recibidos las titulares de centrales nucleares, con cinco, pero Foro Nuclear (asociación que agrupa a la industria nuclear española) ha referido que ninguno tiene relación con el apagón. En concreto, la Asociación Nuclear Ascó-Vandellós II (ANAV) -que opera las centrales nucleares catalanas, las cuales son propiedad de Endesa e Iberdrola- ha recibido dos por posible infracción del artículo 65.8 de la Ley del Sector Eléctrico (LSE), calificada como grave; y uno por posible infracción del artículo 65.34 de la LSE, considerada como muy grave. Por su parte, a Centrales Nucleares Almaraz-Trillo (CNAT) -la sociedad que opera las centrales extremeña y castellanomanchega- se le ha abierto un expediente por posible infracción del artículo 64.37 de la LSE, calificada como muy grave; al igual que a Iberdrola Generación Nuclear.

Entre el resto de receptores de los expedientes del regulador de la Competencia, con sólo uno, hasta ahora, se encuentran: Red Eléctrica (uno, pero por infracción muy grave, eso sí). En una entrevista con Cinco Días, Corredor ha señalado que van a “demostrar que ese expediente es injustificado y que, como bien dice el acuerdo del consejo de la CNMC que acordó el inicio de la tramitación, puede haber indicios a descartar por la instrucción posterior. Y opinamos que la instrucción más importante que se ha hecho, que es la del panel de 50 expertos europeos, elude toda responsabilidad de Red Eléctrica: no hay ningún incumplimiento normativo que se haya podido vincular a la actuación del operador”. Veremos. Le siguen, por posibles infracciones graves, con un solo expediente abierto hasta la fecha: Repsol, TotalEnergies, Engie (en concreto, en su planta térmica de Cartagena), la central termoeléctrica de ciclo combinado Bahía de Bizkaia de Electricidad, la central termoeléctrica de ciclo combinado Contour Global La Rioja SL (situada en el municipio riojano de Arrúbal) y la Central Térmica Ciclo Combinado Grupo 4 (participada mayoritariamente por EDP). 

La CNMC ha subrayado que los hechos objeto de los procedimientos (que durarán entre nueve y 18 meses) “no implican, por sí mismos, la atribución del origen o causa del apagón a las empresas afectadas”, insistiendo en que el mismo tuvo un origen multifactorial, o sea, en la misma tesis que defienden los informes elaborados por el Gobierno, la CNMC y la Red Europea de Gestores de Redes de Transporte de Electricidad (Entso-e). Unos procedimientos que incluyen también “la investigación de prácticas producidas en días o periodos distintos al 28 de abril, pero que constituirían igualmente indicios de posibles infracciones sectoriales detectados” en el marco de la investigación del apagón, como ha referido el regulador de la Competencia que preside Cani Fernández.

Del total de 64 expedientes sancionadores abiertos hasta el momento, sólo cuatro son por posibles infracciones muy graves: uno de ANAV, otro de CNAT, otro de Iberdrola Generación Nuclear y el de Red Eléctrica. Cani Fernández, en línea de salida, insiste en proteger a Beatriz Corredor, como el juez José Luis Calama, pero eso no evitará que Redeia y Red Eléctrica, y probablemente, hasta la propia exministra, se sienten en el banquillo.