Sin embargo, Sáenz de Santamaría afirma que el Ejecutivo se conforma con una indemnización por la Transportadora de Energía

Ni el tono ni la actitud de la vicepresidenta Soraya Sáenz de Santamaría recordaban en nada al que mantuvo en relación con la expropiación de YPF. Si de algo ha pecado, en todo caso, dadas las circunstancias, ha sido de demasiado blanda. Por si Evo Morales escuchaba sus declaraciones, se mostró muy cauta.

No es cuestión de enfadar al contrario cuando el secretario de Estado de Cooperación Internacional y para Iberoamérica, Jesús Manuel Gracia, planea reunirse el próximo miércoles con el presidente de Bolivia, si la agenda de don Evo lo permite. Sáenz de Santamaría ha señalado que, tras el efecto contagio, este tipo de medidas convierten a los países que las adoptan en víctimas de las decisiones de sus mandatarios: "Pierden seguridad jurídica en su zona frente a terceros países. Son medidas populistas que con el tiempo se convierten en impopulares", ha afirmado.

La vicepresidenta también ha explicado que el Gobierno boliviano ha tomado una decisión "dentro de su soberanía energética, que tiene muy poco sentido en el mundo global en que vivimos" pero al menos quieren "llegar a un acuerdo para valorar esa empresa y pagar por ella". Ha añadido que Red Eléctrica Española cuenta con absoluto apoyo del Gobierno para vigilar el acuerdo, valorar los costes y encontrar un precio adecuado.

Sara Olivo

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