Aparte de los posibles efectos secundarios graves, la cirugía de reasignación de sexo en menores y los bloqueadores de la pubertad -medicinas que impiden que se desarrolle la pubertad en una persona- vulneran el derecho fundamental del niño a la procreación, sobre todo porque la infertilidad se asocia a menudo con una reasignación de género. Con este planteamiento, el gobernador de Texas, el republicano Greg Abbott, ha ordenado a todas las agencias estatales que consideren ilegales las drogas y las cirugías de reasignación de sexo en menores de edad como abuso infantil y que no las distribuyan ni las realicen.

Según el famoso Manual de Trastornos Mentales (DSM) de la Sociedad Estadounidense de Psiquiatría, más del 90% de los adolescentes con inseguridad de género aceptarán su sexo biológico en la edad adulta. A pesar de esto, la cirugía de reasignación de sexo se realiza en la mayor parte de Estados Unidos a partir de los 13 años.

Por lo tanto, están prohibidos, entre otras cosas, los bloqueadores de la pubertad o las operaciones que quieran operar los genitales de los niños. La orden sigue a una declaración del fiscal general, el también republicano Ken Paxton, quien dijo que las prácticas violaban la ley de Texas.

Aparte de los posibles efectos secundarios graves, está en juego el derecho fundamental del niño a la procreación, sobre todo porque la infertilidad se asocia a menudo con una reasignación de género. 

Según Infocatólica, el gobernador también ha ordenado al Departamento de Asuntos de la Familia que iniciara una investigación si se llegaba a conocer algún caso de abuso infantil en Texas. Cualquier persona que entre en contacto directo con niños en razón de su profesión, por ejemplo los maestros, tendría que denunciar tales prácticas abusivas de las que pueda tener conocimiento y será sancionado si no lo hace.

Hace unos meses, el Departamento de Asuntos de la Familia, a instancias del gobernador, anunció un cambio de actitud, lo que provocó que la clínica de cirugía de reasignación de sexo más grande de Texas cerrara sus puertas. Otros dos estados de Estados Unidos, Arkansas y Tennessee, han aprobado leyes similares.