No puedo dejar de hacer un análisis sobre la aparición casi por sorpresa del informe que ha presentado el Defensor de Pueblo, Ángel Gabilondo. Un informe que aporta mucho más que unos datos que han sido duramente criticados por las partes afectadas, aunque El País haya actuado como el megáfono estridente de una manifestación callejera, sacando sus propias conclusiones ofensivas en el tono y mentirosas por la extrapolación sectaria que destila anticlericalismo.

Para empezar, el Defensor del Pueblo se excede en dos aspectos. En aceptar la petición del Gobierno para que investigue la pederastia de la Iglesia católica -y solo de la Iglesia católica- y admitirlo como encargo, cuando la función que da sentido a esta figura, la del Defensor del Pueblo, es exactamente la contraria: hacer informes a petición de los ciudadanos y del ámbito privado, para controlar, denunciar o sentenciar a lo público, lo político y/o a las instituciones que nos gobiernan. Ya solo eso basta para tirar a la basura el trabajo. Pero no solo eso. También, y esto es gravísimo, hace un estudio de algo tan delicado como son las víctimas de abusos sexuales con una empresa -GAD3- de estudios estadísticos que trata como productos de mercadotecnia y no como personas. La falta de humanidad en la forma de exponer sus conclusiones está más cerca de una subasta de ganado que de rescatar la dignidad de los afectados.

El Defensor del Pueblo se excede en dos aspectos: en aceptar la petición del Gobierno para que investigue la pederastia de la Iglesia católica -y solo de la Iglesia católica- y admitirlo como encargo; y hace un estudio de algo tan delicado como son las víctimas de abusos sexuales con una empresa -GAD3- de estudios estadísticos

Por otro lado, el planteamiento es injusto de base. Hacer un análisis de este tipo de delito, convertido en escándalo porque hay algunos miembros de la Iglesia -¡que no la Iglesia!- y dejar al margen otros ámbitos donde también se suceden como es el propio de la familia -precisamente el espacio donde se producen la mayoría de estos casos-, o como en el deporte, los centros escolares o cualquier otra comunidad que reúna adultos y menores de edad, es, como dirían en la calle, ir a pillar.

Tampoco se nos puede pasar por alto que esta actuación, entre otras estrategias de nebulosa, ha servido para opacar y desviar la atención de lo que sucedía en Moncloa, y más allá, pero es tan grave lo que sucede a nivel político que ni siquiera esto ha empañado los enjuagues políticos felonianos de Pedro Sánchez.

Pero sea como fuere la operación de Gabilondo (zafia, sucia, injusta, fuera de sitio…) ha cumplido con su objetivo, adelantarse a la CEE -Conferencia Episcopal Española-, y al estudio que tenían encargado desde hace meses al despacho de abogados Cremades-Calvo Sotelo. ¿Que qué ha conseguido el Gobierno con esto…? Pues la respuesta es de primero de patio de colegio: quien pega primero pega dos veces. En efecto, ahora la Conferencia es la que va a remolque y diga lo que diga será interpretada como “estar a la defensiva”. Ya no importa cuán bueno sea el trabajo de investigación de Javier Cremades, envuelto en un rifirrafe con Alfredo Dagnino por si era o no muy pro Iglesia su alegato. Al final nada, y tan nada que a fecha de hoy Cremades sigue sin entregar el estudio. El incumplimiento del bufete, incluye hasta dos ultimátum que le dieron desde la CEE (cosa que se comprende bien, porque un ultimátum es uno, no dos, pero bueno…). ¿Aprenderán los perfeccionistas que lo mejor es enemigo de lo bueno?

Hacer un análisis de este tipo de delito, convertido en escándalo porque hay algunos miembros de la Iglesia -¡que no la Iglesia!- y dejar al margen otros ámbitos donde también se suceden como es el propio de la familia -precisamente el espacio donde se producen la mayoría de estos casos-, o como en el deporte, los centros escolares o cualquier otra comunidad que reúna adultos y menores de edad, es, como dirían en la calle, 'ir a pillar'

Pero centrémonos en lo importante: las víctimas. La Iglesia viene desde hace años dando una lección de enmienda y misericordia. Desde que san Juan Pablo II pidiera perdón en 2003, al endurecimiento de las penas de Benedicto XVI y la fuerza con la que Francisco ha tratado este asunto es un signo que no se ve en ningún caso de la vida civil o política. Todavía estamos a la espera de una disculpa de los dirigentes comunistas occidentales y orientales por los millones de muertos a costa de su ideología; o de la Corona Inglesa, por el genocidio indígena de lo que hoy es Estados Unidos, pidiendo perdón por sus víctimas. Más bien al contrario, países donde se practica el comunismo más férreo en Oriente e Iberoamérica siguen haciendo gala de su poder e inhumanidad.

Analicemos las consecuencias que acarreará todo esto. En caso de que Sánchez repita como presidente, nos encontraremos con el siguiente escenario que parte de una petición sectaria y un informe viciado en la forma, que provocará la apertura de una serie de comisiones de investigación y el consiguiente desfile de testimonios de víctimas (posiblemente seleccionadas para la ocasión) junto a algunos abusadores, para sacar al final sus propias consecuencias y la consecuente denuncia del Estado contra la Iglesia. Este movimiento no solo supondrá un enfrentamiento entre la sociedad y la Iglesia. También, y esto es muy importante, desestabilizará los acuerdos Iglesia-Estado. Pero como todo acto tiene sus consecuencias, tal y como se ha planteado, al no separar corruptores de la Iglesia, esta operación de derribo y de descrédito puede ser el patrón de actuación en otros muchos países para tratar de cercar a la Iglesia de cada país. Si el Vaticano y la CEE no dan una muestra de diligencia y agilidad diplomática, es posible que se encuentre -que nos encontremos los creyentes- ante una de las crisis más aguda de la historia de la Iglesia.

Si Sánchez repite como presidente, nos encontraremos con la apertura de una serie de comisiones de investigación y el consiguiente desfile de testimonios de víctimas (posiblemente seleccionadas para la ocasión) junto a algunos abusadores, para sacar al final sus propias consecuencias y la consecuente denuncia del Estado contra la Iglesia

Teología y prevención (Sal Terrae), de Daniel Portillo (ed.). La colaboración de diez autores en esta obra colectiva no se limita a la denuncia de los escándalos sino que profundiza en las causas y consecuencias más allá del daño y el dolor humano. Prologado brevemente por el Papa Francisco, anima a seguir en esa línea de trabajo, sin la cual no bastaría solo con soluciones meramente humanas aunque estas sean tan necesarias como las propuestas en la obra.  

Las sanciones penales en la Iglesia (BAC), de Velasio de Paolis y Roberto Serres. El derecho penal de la Iglesia, re­formado en el año 2021, no está modelado a semejanza de la potestad coactiva de los Estados, sino sobre las exigencias de su propia misión y, sobre todo, a la luz de la misericordia indul­gente de Dios, que no renuncia por eso a la justicia. Este volumen analiza la normativa penal canónica vigente a la luz de la función específica que tiene en la vida y en la misión propias de la Iglesia.

¿Ha cambiado algo en la Iglesia después de los escándalos sexuales? (Sígueme), de Amedeo Cencini. El autor hace una revisión de los escándalos no en sí mismos, sino de los pasos que la Iglesia ha dado desde que hace años atrás reventara la caja de los truenos y los escándalos. Se marca un itinerario del pasado, presente y futuro, y se muestra muy duro en algunas observaciones sobre la actitud más que del comportamiento, por parte de los responsables de aportar soluciones.