Recogíamos en Hispanidad el caso de la niña de 12 años, tutelada por la Generalitat, víctima de una red de pederastia. Añadíamos que la Generalitat de Cataluña se preocupaba de ello... ¡cuatro años después!

El pederasta catalán, que la violó incontables veces, poseía 232 fotos y 20 vídeos de agresiones en grupo. Hablamos de menores bajo la protección de la Generalitat, al igual que en Asturias, Baleares o Madrid. ¿Cómo se ha llegado a situaciones como esta?

Al parecer, tenemos que volver a preguntarnos ¿qué está pasando con estas menores a quienes el Estado -sea a través de la Generalitat o de la Diputación Foral de Guipuzkoa, como en este caso del que les vamos a hablar- debe proteger y no protege?

En San Sebastián, la Ertzaintza ha detenido a dos varones, acusados de agredir sexualmente a una menor de edad en el monte Ulía, mientras que la policía vasca investiga la posible implicación de otros dos. La víctima es una menor tutelada, quien denunció los hechos el martes por la mañana, según informa El Diario Vasco.

Según indicaron a EFE fuentes del caso, los detenidos son un hombre de nacionalidad española y otro extranjero.

Por su parte, la Diputación foral de Guipúzcoa ha condenado de manera "rotunda" la agresión sufrida por la persona menor de edad y ha expresado públicamente su total apoyo y solidaridad hacia la víctima y su entorno. Tanto el procedimiento judicial como la investigación policial correspondiente ya están en marcha, por lo que pide respeto para que la Ertzaintza desarrolle su labor con "rigor y responsabilidad".

Desde el primer momento se ha interpuesto la correspondiente denuncia y se han tomado todas las medidas de actuación necesarias por parte de la Diputación Foral de Guipúzcoa, con el objetivo de garantizar la "protección, el cuidado y el seguimiento integral de la persona menor de edad, prioridad de la institución pública".

Esto nos recuerda a la caradura de Adrián Barbón, el presidente asturiano cuando abogaba por la “tolerancia cero” ante los abusos a menores tuteladas... que su Gobierno tenía la obligación de proteger y no protegió

En Hispanidad no nos cansaremos de repetirlo, ¿solidaridad, apoyo, "tolerancia cero"? Recordemos que se trata de menores vulnerables, por sus desectruración familiar, por sus adicciones, que los gobiernos tienen la obligación de proteger y, a quienes, a la vista de estas noticias, no están protegiendo. 

Y, ojo, porque en el caso de la Diputación Foral de Gipuzkoa no estamos hablando de cualquier Administración, dado que es un órgano de gobierno provincial en el País Vasco, que gestiona asuntos propios de la provincia de Gipuzkoa, incluyendo servicios sociales, carreteras, sanidad y cultura.