Activistas canadienses manifestaron su indignación contra la aplicación, en determinadas circunstancias, de la eutanasia debido a su práctica en personas en condiciones de pobreza que no presentan enfermedades terminales
La eutanasia y el suicidio asistido suponen traspasar la frontera ética de que la vida es sagrada y ni uno mismo y ni mucho menos un tercero puede disponer de ella. Esa frontera ética está en la conciencia de todas las personas del mundo. Y por eso responde a la ley natural: respetar la vida humana en todas sus etapas, desde la concepción a la muerte natural.
En los países donde se han legalizado la eutanasia y el suicidio asistido está ocurriendo que se empieza permitiéndola sólo en casos excepcionales y por voluntad propia, pero se termina aplicándola sin restricciones, a cualquier persona e incluso en contra de su voluntad, y de manera especial a los más débiles y vulnerables: enfermos mentales, ancianos, discapacitados sobre todo intelectuales..., que no pueden defenderse ante la decisión de otros -el Estado, un médico, los jueces, los políticos, sus familiares- sobre sus vidas.
Se trata de un plano inclinado o pendiente deslizante muy difícil de parar que provoca que la vida no tenga ningún valor, especialmente la de los más débiles y vulnerables, y que sea a ellos a quienes se termine aplicando al eutanasia sin su consentimiento.
Hay muchos ejemplos de esa pendiente resbaladiza.
Hispanidad recogió de El Debate que en Canadá, una mujer de 51 años, víctima de una sensibilidad severa a los productos químicos, llevaba años pidiendo sin éxito una vivienda asequible libre de humos y limpiadores industriales. Tras su enésimo fracaso, esta persona acabó pidiendo la eutanasia, algo que el gobierno aceptó sin titubear.
También en Canadá, una joven en situación de discapacidad y en condiciones económicas vulnerables --otra mujer de 31 años y con una patología parecida--, acaba de obtener la aprobación final para recibir la eutanasia después de no encontrar una vivienda adaptada a sus necesidades. Denise, nombre ficticio, sufre una lesión en la médula espinal desde hace seis además de otras enfermedades crónicas que la obligan a usar una silla de ruedas, cuenta El Debate. Tras seis meses pidiendo una vivienda, esta residente de Toronto ha acabado por pedir la eutanasia.
Estos casos han puesto de manifiesto las facilidades que el gobierno canadiense da a las personas que quieren acabar con su vida por el solo hecho de no encontrar salida a su situación económica. Un informe elaborado por expertos canadienses ya advirtió que, si no se modificaba la ley que regula el suicidio asistido, los pacientes más vulnerables corrían el peligro de ver acortados sus días.
A pesar de los intentos del gobierno canadiense en justificar la eutanasia como una cuestión de autonomía personal, lo cierto es que no ha disimulado las «ventajas económicas» de esta medida
A pesar de los intentos del gobierno canadiense en justificar la eutanasia como una cuestión de autonomía personal, lo cierto es que no ha disimulado las «ventajas económicas» de esta medida. De hecho, confirmó en un informe oficial la reducción que había supuesto la ley de la eutanasia de los costes médicos de pacientes, añadió El Debate.
Por ello, activistas canadienses manifestaron su indignación contra la aplicación, en determinadas circunstancias, de la eutanasia debido a su práctica en personas en condiciones de pobreza que no presentan enfermedades terminales, recoge Telesur.net.
En este sentido, los activistas exigen una mayor intervención estatal para abordar los sectores vulnerables y brindarles una vida digna, en vez de otorgar un procedimiento para acabarla.
Lo dicho: pendiente resbaladiza e inhumana...