La comisión promotora de la Ley de Volcanes, constituida en La Palma por damnificados por la erupción de 2021 en Cumbre Vieja, busca 15.000 firmas para iniciar su tramitación en el Parlamento, mientras advertía que aún quedan muchos afectados por recibir los 60.000 euros comprometidos por el Gobierno central en concepto de indemnización por la pérdida de vivienda a raíz de la erupción volcánica en La Palma. 

Además, según El Debate, de los 30.000 euros adicionales anunciados por el Gobierno de Canarias, 15 meses después solo los ha cobrado el 10 % de los afectados. 

Los promotores lamentan la falta de una ley básica y general que garantice los derechos patrimoniales, urbanísticos, sociales y económicos de los afectados sobre sus propiedades y que de los 600 afectados apenas se haya entregado un centenar de viviendas.

El resto, critican, «han sido casas de madera y los humillantes contenedores marítimos reconvertidos en viviendas que no cumplen con las normas de habitabilidad del Gobierno de Canarias y que constituyen la mejor imagen de la nefasta reconstrucción social del volcán».

Los promotores aseguran igualmente que las consecuencias post erupción continúan en la isla, como demuestra que unas 2.000 personas son atendidas por Cáritas... no por el Gobierno Sánchez.