CEOE, rectores y los ministerios de Educación y Universidades -al frente, la socialista Pilar Alegría y el podemita Subirats- piden una moratoria porque más de un millón de alumnos no podrán acabar sus estudios
En plena campaña electoral, a Yolanda Díaz se le multiplican las 'incidencias'. Si la Inspección de Trabajo ha paralizado todas las campañas especiales en marcha y anticipa la huelga contra Díaz y Montero, ahora la Universidad y los empresarios se rebelan contra el "becariazo" de la vicepresidenta tercera.
Tal como publica La Razón, fuentes gubernamentales han confirmado a este medio que podrían proponer a Trabajo que paralice la aprobación de esta norma por haberse elaborado «al margen de la comunidad educativa» y del tejido empresarial -eso sí, Yolandísima tiene el apoyo de CC.OO. y UGT-, y porque puede tener «graves consecuencias» sobre la continuidad de las ofertas de prácticas y sobre los planes de estudios, ya que más de un millón de alumnos se quedarían sin finalizar sus grados al no poder culminar su periodo de prácticas.
Junto a estos dos ministerios, también han mostrado su rechazo frontal la Conferencia de Rectores (Crue Universidades Españolas), la de Consejos Sociales, el Consejo de Estudiantes y la red de Fundaciones Universidad Empresa (RedFue), que han acusado a Díaz de haber presentado la ley por su cuenta, obviando «nuestra experiencia y conocimientos y sin siquiera consultarnos».
📺El rector Luján explica a @120minutosTM la postura de #Crue sobre el Estatuto del becario
— Crue Universidades (@CrueUniversidad) June 12, 2023
«Los rectores y rectoras entendemos que las prácticas curriculares pertenecen a un ámbito académico y no laboral, que compete a las universidades y no a la mesa del diálogo social» pic.twitter.com/8J3iaS0Y2e
La Crue –integrada por 76 universidades españolas públicas y privadas– Sobre todo rechaza el «establecimiento de una compensación obligatoria por los gastos en los que pueda incurrir el estudiante en prácticas», porque la consecuencia directa e inmediata será «la disminución dramática del número de empresas y, sobre todo, de entidades públicas dispuestas a acoger estudiantes en prácticas». Tal compensación generará «con toda seguridad» una gran complejidad y dificultades añadidas a la gestión ordinaria de las prácticas. Por último, avisaron del «serio peligro» para la continuidad de las ofertas a estudiantes, con el problema añadido de la obligatoriedad de una compensación económica o la inclusión de los estudiantes en la Seguridad Social «sin, al menos, dejar tiempo a las universidades para preparar su aplicación».