La Fiscalía General del Estado (FGE) ha enviado un oficio a todas las fiscalías de España donde les pide que en un mes le remitan información actualizada sobre el número de investigaciones abiertas por las muertes causadas por la COVID-19 en residencias de mayores.

Además, la Fiscalía General del Estado ha ordenado a los fiscales superiores que garanticen que todos los familiares de fallecidos en residencias y centros de mayores como consecuencia de la pandemia del coronavirus sean oídos tanto en las diligencias de investigación como en los procedimientos penales ya abiertos, recoge RTVE.

Así lo ordena en un oficio, fechado ayer jueves y firmado por el teniente fiscal de la Secretaría Técnica, Diego Villafañe, siguiendo indicaciones del fiscal general, Álvaro García Ortiz.

En él se da, además, un mes a las fiscalías para que remitan información del número de diligencias de investigación en cada comunidad, de denuncias y querellas interpuestas por las mismas y procedimientos judiciales en tramitación hasta el 30 de septiembre de este año.

La Fiscalía General hace especial mención también a que se vele por el derecho de los familiares de las víctimas a que sean informadas, en especial cuando no estén personadas en el procedimiento.

"Es preciso adquirir un conocimiento detallado y analizar con exhaustividad la situación actual y el devenir de los procedimientos penales incoados en relación con los fallecimientos acaecidos en las residencias de la tercera edad como consecuencia de la COVID-19", apunta el oficio.

Asimismo, Villafañe insta a los fiscales superiores a dar "las instrucciones u órdenes de servicios que correspondan tendentes a garantizar que los familiares víctimas indirectas sean oídos" en el marco de estos procedimientos.

Les pide que sean escuchados durante las investigaciones en sede fiscal y que cuando pasen a la fase judicial el Ministerio Público plantee que declaren, "velando por su derecho a ser informados", así como que, en todo caso, los fiscales acudan a dichas declaraciones y a las de los imputados y testigos que "resulten de relevancia".

A este respecto, recuerda que "resulta de especial importancia proporcionar a las víctimas y sus familiares la atención y tutela que el Ministerio Fiscal les debe dispensar, garantizando su protección procesal”. Y que, “en su caso, puedan aportar las fuentes de prueba y la información que estimen relevante para el esclarecimiento de los hechos", indica.

Este anuncio se ha conocido días después de que el vicepresidente de la Comunidad de Madrid, Enrique Ossorio, afirmara este miércoles que una comisión sobre las residencias solo serviría para causar daños a los familiares de las víctimas cuando "ya lo han superado". Una palabras que provocaron gritos de "dimisión" por parte de algunos grupos de la oposición como Más Madrid y Unidas Podemos y el abandona por parte del PSOE del pleno, recuerda RTVE.