La Asamblea de Madrid ha aprobado la nueva Ley Maestra de Libertad de Elección Educativa. La normativa entrará en vigor en los próximos días tras su publicación en el Boletín Oficial de la Comunidad de Madrid –BOCM- y estará operativa para este curso escolar 2021/22. Se trata de la primera ley aprobada por el Gobierno autonómico en 2022 y la segunda educativa en la Comunidad de Madrid tras la Ley de Autoridad del Profesorado de 2020.

Ley educativa

Con esta ley, según recoge la página web de la Comunidad de Madrid, el Ejecutivo regional garantiza un sistema educativo acorde con la Constitución y con el ejercicio de la libertad de elección de centro escolar, recogida en su artículo 27, teniendo en cuenta la demanda de las familias y el desarrollo integral de los alumnos y, específicamente, de los que presentan necesidades educativas especiales.

Uno de los puntos fundamentales de la Ley Maestra de Libertad de Elección Educativa de la Comunidad de Madrid será la defensa de la educación concertada. La normativa va a garantizar las plazas suficientes en enseñanzas declaradas obligatorias y gratuitas, teniendo en cuenta la oferta de los centros públicos y privados concertados e incluyendo el concepto de demanda social. Este concepto ha quedado excluido en la nueva Ley educativa nacional, que pone en peligro la libertad de las familias madrileñas a elegir este tipo de educación.

Con la aprobación de esta norma, la Comunidad de Madrid se dota de la seguridad y la estabilidad necesaria para poder continuar con un modelo de enseñanza basada en la libertad, la calidad y la equidad del sistema educativo. Así, el Ejecutivo madrileño, dentro de sus competencias, pretende garantizar los pilares de la educación regional que se ven amenazados con la entrada en vigor de la LOMLOE.

Esta nueva normativa, cuya entrada en vigor se prevé a lo largo de este próximo curso 2021/22, se aplicará en los centros educativos sostenidos con fondos públicos de forma que más de 1,2 millones de estudiantes se beneficiarán de ella. En la actualidad, el 54,5% de los alumnos de la región está escolarizado en centros públicos, mientras que 29,6% lo hace en concertados y el 15,9% en privados.

Por otra parte, las que sí seguiran vigentes en la Comunidad de Madrid, serán las leyes LGTBI, que han servido para multar y perseguir a quienes no aceptan esa ideología. 

Recordemos que tales leyes propiciaron que Elena Lorenzo fuera multada con veinte mil euros por ejercer su profesión de coaching para ayudas a homosexuales. Finalmente la justicia dio la razón a Lorenzo.

Lo mismo ocurrió con la sanción que el gobierno del PP de Madrid quiso imponer al director del colegio católico de la Fundación Educatio Servanda en Alcorcón al llevarle Cristina Cifuentes a la Fiscalía. Nuevamente la justicia dio la razón al denunciado.