El Gobierno de Isabel Díaz Ayuso ha iniciado los trámites para promover una normativa autonómica que garantice que se podrán seguir creando plazas en la concertada y en la eduación especial siempre que exista «demanda social». Precisamente, la 'ley Celaá' suprime el concepto de "demanda social" con lo que estos centros no podrán ampliar sus plazas, aunque haya padres que así lo quieran, si hay hueco para un alumno en la enseñanza pública.

Es decir, habrá más centros concertados, si los padres quieren o lo piden. Ahora, uno de cada tres padres eligen este tipo de educación -en su mayoría religiosa- para sus hijos y hay 558 centros subvencionados frente a los 1.891 públicos y los 1.201 privados, según los últimos datos de la consejería de Educación. Y, recordemos algo que no nos cansamos de repetir en Hispanidad, un alumno de la pública le cuesta a todos los españoles 6.000 euros, uno de la concertada 3.000.

Y es que Ayuso ha tocado los aspectos más polémicos de la nueva legislación. Como que los alumnos puedan pasar de curso con varios suspensos, favoreciendo así la indolencia de los estudiantes. Para la presidenta madrileña, la ley «va a regalar el aprobado a los estudiantes cercenando la autoridad del profesorado y los políticos se van a meter en las aulas para decir a los alumnos que pueden pasar o no de curso sin estar preparados». 

También lamentó que la norma «ataque al español» cuando considera que es un derecho constitucional. En el otro lado, la ministra de Igualdad, que ya tiene respuesta a esa cuestión en el argumentario con el que el Gobierno justifica la Ley Celaá: “El 40% -de ciudadanos en España- vive con otra lengua”.

Tal como publica La Razón, la presidenta madrileña presentará la norma autonómica contra la 'ley Celaá' que se prevé pueda ir al Consejo de Gobierno dentro de un mes y será a partir de ese momento cuando inicie la tramitación parlamentaria en la Asamblea de Madrid.«Haremos una ley sin fisuras que defenderá a la concertada y, sobre todo, a la especial. Es increíble que tengamos que llegar a estos extremos para defender que los padres con hijos con algún tipo de discapacidad nos pidan que protejamos por ley sus colegios. En esta batalla nos van a ver», dijo ayer la presidenta regional durante la sesión de control en la Asamblea de Madrid.

Y en la batalla sigue también el sector de la concertada, con acciones como la concentración de este viernes ante el Congreso.